Eladio, el “protegido” del Estado

Resulta insólito que el Estado y sus más importantes instituciones se hayan mostrado incapaces de investigar al ex magistrado Eladio Aponte, quien sin presión alguna declarara a los medios de comunicación su complicidad en delitos gravísimos para la seguridad de la república.

Que Aponte afirmara que las sentencias que mantienen en prisión a más de una decena de personas fueron producto de presiones recibidas desde Miraflores, que se hayan dictado sentencias sin tomar en cuenta los argumentos de la defensa y que el alto tribunal haya ratificado la vigencia de esos castigos no parece importarle a la Defensoría ni a la Fiscalía.

Menudo deterioro de las instituciones en momentos en que Venezuela es un avión que vuela sin piloto y está a punto de estrellarse. No cabe duda de que la Fiscalía debe actuar de oficio no sólo porque esa es una de sus obligaciones (activarse ante la presunta comisión de un grave delito), sino porque se trata de un ex magistrado que tuvo en sus manos casos no sólo vinculados políticamente al PSUV sino también a la Fuerza Armada. No se trata de un ratero o de un carterista, sino de una persona de confianza del Presidente y del alto Gobierno.

“No podemos actuar contra el ex magistrado Aponte por una simple declaración”, ha dicho el Ministerio Público, porque ello colocaría al Estado en una situación de “inseguridad jurídica”.

Pero eso fue lo que le hicieron al general Usón a quien injustamente llevaron a la cárcel y provocaron la pérdida de sus derechos ciudadanos por haber declarado en un medio de comunicación su parecer sobre un suceso ocurrido en una instalación militar.

La Fiscalía no tiene más camino que abrir una averiguación a fondo porque está en juego su propio prestigio como institución.

Y si le faltara una guinda a la torta, pues el presunto narcotraficante Walid Makled aparece en el canal del Estado afirmando que él le pagaba 300 millones al ex magistrado Eladio Aponte, de quien dijo que era su socio en algunas empresas.

Por lo visto no se trata de dos personas que, en comandita, se unieron para cometer fechorías, sino que todo lleva a pensar que detrás de este par de personajes hay una larga lista de colaboradores sembrados a lo largo de la burocracia civil y militar. Pero este narcoescándalo no parece importarle a nadie en el Gobierno. En todo caso lo disimulan muy bien.

Lo cierto es que si se abriera una investigación, el Ministerio Público tendría que llamar a declarar a muchísimos funcionarios y militares que, de alguna manera, intervinieron en estos casos, ya sea para advertir lo que estaba pasando o para justificar su colaboración o su silencio.

De manera que no se trata de que Eladio Aponte regrese a Venezuela y ponga una denuncia ante la Fiscalía. Ni gafo que fuera: se siente condenado de antemano. Pero los venezolanos decentes sí necesitamos que se aclare este narcoescándalo que asquerosamente conmueve a la sociedad venezolana.

Por: Redacción
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EL NACIONAL