“Ese ministro no sabe nada de
legitimación de capitales”

■ El ministro de Interior y Justicia, Tareck el Aissami no “solicitará” a gobernadores separación de cargos.

El abogado Bayardo Ramírez acusó al ministro del Interior y Justicia, Tareck el Aissami, de obviar los pasos establecidos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y la resolución 119-10 de la Superintendecia de Bancos para inculpar a los gobernadores de los estados Carabobo, Henrique Salas Feo, y Nueva Esparta, Morel Rodríguez, por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales sin hacer referencia a una investigación previa.

El experto precisó que el artículo 104 de la resolución establece que los bancos están en la obligación de suministrar un reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera de Sudeban si sospechan del manejo de fondos depositados. Esa dependencia debe analizar el documento; y si comprueba alguna ilegalidad en el origen del dinero, notifica al Ministerio Público para que inicie una investigación penal.

“Ese ministro no sabe nada de legitimación de capitales.

Esas declaraciones no son más que un globo de ensayo por las palabras del ex magistrado Eladio Aponte Aponte, que tienen escandalizado al país. Esos gobernadores mandan en estados que afectan electoralmente al Gobierno”, dijo.

Explicó que se considera que una persona incurrió en legitimación de capitales cuando utiliza el dinero producido a través de una actividad delictiva, lo deposita en un banco y luego usa esos fondos para financiar negocios ilícitos. Aseveró que la investigación por ese tipo de casos suele tardar mientras los organismos estudian las pruebas.

“Del Ministerio Público eso pasa a un tribunal que debe probar que ese individuo está incurso en legitimación de capitales. Eso no es así como asomó de manera irresponsable el ministro del Interior y Justicia, quien recibe órdenes para decir esas cosas”, argumentó.

“Estrategia desgastada”:

El diputado a la Asamblea Nacional Carlos Berrizbeitia le restó validez y seriedad a las palabras del titular del Interior y Justicia el martes.

Desde su punto de vista, el Ejecutivo intenta desviar la atención de la gente ante las denuncias formuladas la semana pasada por el ex magistrado del TSJ Eladio Aponte Aponte sobre irregularidades en el sistema de administración de justicia en el país.

El parlamentario emplazó a El Aissami a presentar pruebas de sus señalamientos, e indicó que la oposición no teme una investigación porque no tiene vínculos con mafias.

“Esa es una estrategia desgastada para salpicar a los gobernadores Henrique Salas Feo y Morel Rodríguez. Aquí debe quedar claro que el problema no es Aponte Aponte, sino que el Consejo de Ministros haya entregado permisos a Walid Makled para el manejo de Aeropostal, del puerto marítimo de Puerto Cabello y la explotación de urea, utilizada para procesar cocaína”, señaló.

El legislador Orlando Ávila manifestó que las acusaciones oficiales tienen un propósito electoral. Al igual que Berrizbeitía, argumentó que la intención es eludir las declaraciones de Aponte Aponte.

“El Gobierno intenta enlodar la buena imagen que tiene el gobernador Morel Rodríguez, quien presenta una gestión eficaz y eficiente. Saben que no tienen oportunidad de ganar las elecciones tanto en Carabobo como en Nueva esparta, y lanzan estos potes de humo para confundir a la población.

El Parlamento debe comprometerse en una investigación por lo dicho por Makled y no proteger a nadie”, dijo.

Separación de cargos:

El ministro de Interior y Justicia, Tareck el Aissami, dijo que no solicitará el retiro de sus cargos a los gobernadores de Carabobo, Henrique Salas Feo, y de Nueva Esparta, Morel Rodríguez, por las investigaciones que se llevan a cabo en relación con el desmantelamiento de una red de legitimación de capitales del narcotráfico.

El Aissami anunció que tanto empresas establecidas como de maletín y algunas personas que fueron detenidas tienen nexos con los mandatarios regionales.

“Ellos (Salas y Rodríguez) tendrán que responder respecto de las relaciones que tienen.

Por ejemplo, llama la atención que la empresa constructora La Galera tenga casi todos los contratos de la Gobernación de Nueva Esparta y tenga, además, relaciones personales con Eduardo Blanch Herrera que están involucrado en un juicio de 2010”, dijo El Aissami.

Agregó que no tenía cómo demostrar que hay una responsabilidad que vincule a los mandatarios regionales y lamentó que las Gobernaciones de Carabobo y Nueva Esparta estuvieran relacionadas con sectores de la derecha, incursos en hechos tan graves como es la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico.

Señaló que se está investigando la vinculación entre la empresa Cartucho C. A. y su propietario Williams Cristóbal Gutiérrez, solicitado por legitimación de capitales, con la Gobernación del Táchira.

“Sería irresponsable adelantar alguna hipótesis sin tener los elementos probatorios. En la investigación hay vínculos con la Gobernación del Táchira, pero no quiero con ello señalar que está comprometida con el gobernador”, expresó.

Por: INGRID BRAVO BALABÚ
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