Aponte echó por tierra apelaciones
de todos los presos políticos

■ Raúl Baduel, ex ministro de la Defensa, puede optar a pena alternativa por la mitad de la condena cumplida

■ Al decidir, el entonces magistrado dejaba a los abogados defensores sin la posibilidad de ejercer algún otro recurso ante los tribunales

El magistrado Eladio Aponte Aponte, ex presidente de la Sala de Casación Penal del TSJ, y destituido en marzo por estar vinculado con el presunto narcotraficante Walid Makled, ratificó las condenas a prisión de todos los presos políticos cuyos casos llegaron a esa instancia.

Los fallos, a los que cualquiera puede tener acceso a través de la página del máximo tribunal, dan sustento a lo que denunció la semana pasada: antes de sentenciar recibía órdenes que podían venir del Presidente de la República para abajo.

Fue Aponte quien redactó el fallo de mayo de 2010 en el que quedó firme la condena a 30 años de cárcel de los comisarios Henry Vivas, Iván Simonovis y Lázaro Forero, sentenciados por los hechos del 11 de abril de 2002.

“Se desestima por manifiestamente infundado el recurso de casación propuesto”. Con esto, el entonces magistrado echó por tierra la posibilidad de que la sentencia contra los comisarios y otros seis metropolitanos pudiera ser revisada y modificada.

José Luis Tamayo, abogado de los policías, advirtió que era imposible que el magistrado revisara los 25.854 folios del expediente en los 10 días que transcurrieron desde que el caso llegó a la Sala Penal hasta que se publicó la sentencia.

Fue también Aponte quien dejó en firme la sentencia contra Rolando, Otoniel y Juan Guevara, quienes fueron condenados a 28 años de cárcel, los dos primeros, y a 30 años de prisión, el último, por el asesinato del fiscal Danilo Anderson, ocurrido el 18 de noviembre de 2004.

En el fallo del 6 de agosto de 2007, Aponte usó contra los Guevara el mismo argumento legal que contra los comisarios.

Dijo que la solicitud era manifiestamente infundada.

Un año y dos meses después, el entonces magistrado volvió a sentenciar contra los Guevara: negó la posibilidad de que se enjuiciara al llamado testigo estrella del caso Anderson, Giovanni Vásquez De Armas, el mismo que admitió en entrevista con una televisora colombiana que tenía antecedentes penales en Colombia y en Venezuela, que había falsificado documentos y que había sido paramilitar.

Aponte indicó que no se podía abrir un procedimiento judicial contra Vásquez por la presunta comisión del delito de falso testimonio porque tal solicitud sólo podía provenir del Ministerio Público, y no de la defensa de los Guevara, como ocurrió en ese caso ante la inactividad de la Fiscalía.

Lo de “manifiestamente infundada” también le sirvió a Aponte para desestimar el recurso de casación propuesto por los abogados del ex ministro de la Defensa Raúl Isaías Baduel, condenado a 7 años y 11 meses de cárcel por sustracción de fondos públicos y abuso de autoridad.

Límites penales:

En su permanencia en el Sala Penal fueron muchas las veces en las que Aponte resultó encargado de redactar las sentencias de los casos en los que el Ejecutivo podía tener algún interés. Esto a pesar de que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que la asignación de las causas debe hacerse en estricto orden cronológico entre los magistrados, a menos que el presidente de la Sala ­que era el cargo de Aponte­ decidiera reservarse para sí tal labor, lo cual debía motivar por escrito.

Al dictar sus sentencias, Aponte dejaba a los abogados de estos presos sin la posibilidad de ejercer algún otro recurso ante los tribunales, o por lo menos no ante los venezolanos, pues cuando se apela a una sentencia ante el TSJ es porque el caso ha pasado por un tribunal de primera instancia y por una corte de apelaciones. A esas alturas la sentencia es definitivamente firme.

El abogado del ex ministro de la defensa Raúl Isaías Baduel, Omar Mora Tosta, sostuvo que el ex fiscal militar y ex magistrado Aponte cumplía órdenes del presidente Hugo Chávez.

“El general Baduel nunca fue del combo de Aponte, siempre estuvieron enfrentados. Además, el ex magistrado le negó todas las posibilidades de apelación de su sentencia en Venezuela”, indicó Mora Tosta.

El general Baduel ha cumplido la mitad de su pena y como única pena accesoria se le impuso la inhabilitación política.

“Ahora quieren limitar otra vez al general Baduel, justo cuando le corresponde la solicitud de la pena alternativa”, explicó el defensor.

Acusaciones:

El general en jefe retirado y ex ministro de la Defensa Raúl Isaías Baduel calificó de “temerarios e imprecisos” los señalamientos del ex fiscal militar y ex magistrado Eladio Aponte Aponte al vincularlo con el caso del teniente coronel Pedro Maggino, aprehendido en marzo de 2006 por el presunto delito de narcotráfico.

Baduel aseguró que no abogó por Maggino ante Aponte. Destacó que los hechos citados por el ex fiscal castrense ocurrieron 8 meses antes de asumir el Ministerio de la Defensa y dijo que la acusación contra Maggino fue el 13 de abril de 2006.

El general, detenido en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde desde hace 4 años y que ha cumplido 15 de los 30 días condenado al aislamiento, subrayó que se encargó del despacho castrense el 18 de julio de 2006.

Mediante una carta pública, el militar se ubicó entre los casos de perseguidos políticos en los cuales se ha violado el debido proceso, a través de la manipulación de la justicia penal ordinaria y de la justicia castrense.

“En connivencia con el resto de los poderes e instituciones del Estado, se ha procesado y privado de libertad ilegítimamente a cualquiera que disienta, proteste o denuncie los abusos y violaciones de la Constitución, de las leyes o de los derechos humanos” aseveró Baduel.

Por: DIANA LOZANO PERAFÁN
SOFÍA NEDERR
dlozano@el-nacional.com
snederr@el-nacional.com
JUDICIAL | PSUV
POLÍTICA | OPINIÓN
OFICIALISMO | PSUV
EL NACIONAL
MIÉRCOLES 25 DE ABRIL DE 2012