Pedirán nulidad de fallos
por fraudulentos
■ El ex magistrado incurrió en denegación de justicia y abuso de poder.
■ Sólo por abuso de poder, la Ley Orgánica de Drogas impone la pena máxima de 12 años de prisión.
Una vez oídas las revelaciones del ex magistrado Eladio Aponte Aponte sobre cómo manejaron, con criterios políticos, las sentencias en el Tribunal Supremo de Justicia, los afectados solicitarán las revisión de los fallos y, por ende, la nulidad.
“En principio, procede la revisión de todas las sentencias de la Sala de Casación Penal firmadas por Aponte, según el artículo 470 del Código Orgánico Penal. No es una evaluación constitucional, sino porque fueron dictadas sobre `cosas juzgadas fraudulentas’; se decidió por mecanismos distintos a los legales”, adujo el abogado de los comisarios de la PM José Luis Tamayo.
“El caso de los comisarios es el más patético: Aponte dijo que convalidó el expediente de la Corte de Aragua, cuando debió determinar si hubo o no violación al debido proceso y si se respetaron la Constitución, el Código Penal y el Código Procesal Penal; sin embargo, un proceso que normalmente debió durar entre tres y cuatro meses se resolvió en siete días. El expediente llegó el 11 de mayo de 2010, pero el 18 se dictó un fallo. ¿En qué tiempo Aponte leyó 8.854 páginas del expediente, más las dos sentencias del TSJ de 17.000 páginas relacionadas con el caso? 25.854 folios, que sólo pueden leerse en 13 días, durante las 24 horas”.
Tamayo no duda que existía una “sentencia fabricada”, cuya orden era “no dejen salir a los comisarios”, pero indicó que la responsabilidad incluye a los magistrados Deyanira Nieves, Miriam Moranti y Héctor Coronado. Blanca Rosa Mármol salvó su voto.
Señaló que el ex magistrado incurrió en “actuaciones irregulares e ilegales” en la Sala de Casación Penal, lo que implica responsabilidades penales o administrativas y delitos.
Sin embargo, la Fiscalía General pidió a Interpol enviar un “alerta roja” para que detengan a Aponte, a quien atribuyen la entrega de una credencial oficial al narcotraficante Walid Makled. El ministro de Interior, Tareck el Aissami, confirmó la hipótesis al mostrar en Twitter y en su blog la credencial, así como invitaciones a Makled a la boda de su hija.
Las confesiones del ex magistrado constituyen al menos dos delitos: denegación de justicia y abuso de poder como juez. El primero, establecido en el artículo 171 de la Ley Orgánica de Drogas, impone entre cuatro y seis años de prisión al juez que no aplique la justicia, pero “si obrare por un interés privado, la pena se aumentará al doble”, 12 años. En la entrevista a SoiTV, Aponte admitió haber intercedido por el teniente coronel del Ejército Pedro Maggino, capturado por 2.000 kilos de cocaína el 19 de noviembre de 2005 en Lara, pero en 2007 se le sobreseyó la causa.
El segundo delito, establecido en la misma ley, condena con prisión de seis a ocho años el abuso del poder; mientras que la Ley Contra la Corrupción (artículo 83) sanciona con hasta seis años de prisión al juez que obre por un interés privado, viole la ley o favorezca a un procesado.
El abogado Juan Carlos Gutiérrez dijo que las declaraciones de Aponte, por sí solas, no constituyen pruebas en su contra ni contra las personas mencionadas. “El Ministerio Público debe investigar de oficio y determinar la veracidad de las declaraciones del ex magistrado, como la libertad a un narcotraficante, bajo supuestas órdenes superiores; el forjamiento de testigos para inculpar a un diputado en un homicidio; la injerencia del Ejecutivo sobre el Judicial”.
Por: HERNÁN LUGO-GALICIA
THABATA MOLINA
OFICIALISMO | PSUV
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EL NACIONAL
DOMINGO 22 DE ABRIL DE 2012
