La Central oficialista y Socialista
de Trabajadores, apoya traspaso
■ Piden aclarar destino de los fondos acumulados a la fecha.
■ Advierten que fondo limitará disponibilidad de prestaciones.
■ El régimen actual permite, mediante un trámite sencillo, retirar hasta 75% del monto acumulado.
■ La Constitución no establece este mecanismo, de cuyo manejo el Gobierno mostrará su ineficiencia, dijo el sindicalista Juan Crespo.
Las prestaciones sociales no pueden ser depositadas en un fondo del Estado porque, cuya creación anunciada el domingo por el preidente Hugo Chávez contraviene la Constitución, afirmó Juan Crespo, presidente de la Federación de Trabajadores de la Harina.
“La Constitución no menciona en ninguna parte el establecimiento de un fondo de prestaciones sociales y mucho menos manejado por el Estado”, sostuvo Crespo, dirigente del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato.
Crespo indicó que el Gobierno también obvia el Código Civil, pues al tratarse de un patrimonio familiar, el traspaso de las prestaciones sociales al fondo debe contar con la autorización por escrito del trabajador, su esposa y sus hijos.
Antonio Suárez, presidente de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos señaló que los representantes de los trabajadores deben ser electos por la base. Agregó que en ningún país el Estado maneja las prestaciones sociales porque son del trabajador y su familia.
“Las prestaciones son mucho dinero en manos de un solo ente, con el riesgo de que a la final el trabajador se quede sin sus haberes”, alertó Suárez.
Junto con Crespo pone en duda la capacidad gubernamental de administrar eficientemente este fondo ante la mora en el pago con sus trabajadores de las prestaciones sociales de acuerdo con el régimen de la Ley Orgánica del Trabajo vigente.
El dirigente de Fedeunep indicó que el Ejecutivo debe mover la escala de sueldos del sector público porque el sólo aumento del salario mínimo hace que los funcionarios con TSU ganen ese ingreso y los profesionales universitarios a la vuelta de un año.
Respaldo:
Franklin Rondón, vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, señaló que el fondo garantizará el pago inmediato de las prestaciones, evitando lo de ahora en que los empleados del sector público y privado esperan años para cobrar ese dinero. Refirió que el fondo contará con la vigilancia de los trabajadores a través de sus voceros que serán los dirigentes de las organizaciones sindicales más representativas.
Carlos López, coordinador de la central bolivariana, aseguró que la inflación no impactará el nuevo salario mínimo pues está protegido por la Ley de Costos y Precios Justos.
Destinos impropios:
La creación de un fondo gubernamental para depositar las prestaciones sociales de los empleados públicos y privados limitará el acceso de los trabajadores al dinero que acumulan por este concepto, advierten especialistas en derecho laboral.
El presidente Hugo Chávez ratificó el sábado que la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo incluirá la creación del fondo. Agregó que los recursos podrán utilizarse para financiar la edificación de viviendas y realizar otras inversiones en beneficio de los trabajadores.
Ramón Aguilar, profesor de la Universidad Central de Venezuela, señala que eso es mezclar peras con manzanas.
“Es darle destinos impropios a cosas que tienen un fin específico. Para financiar la construcción residencial ya hay un régimen prestacional de vivienda y hábitat”.
Agrega que la idea, aunque positiva, puede convertirse en otro seguro social. “La finalidad de las prestaciones es que las personas, como tienen una capacidad de ahorro limitada, cuenten con un dinero disponible cuando se retiren del trabajo o cuando lo necesiten. El fondo debe garantizar eso”.
Maryolga Girán, abogada especializada en derecho laboral corporativo, indica que el problema es que el Gobierno no se ha caracterizado por ser un buen administrador. “Hablamos de una masa inmensa de recursos, que además rinde intereses. Se convertirá en otro presupuesto paralelo”.
Dice que para los patronos es indiferente dónde estén depositadas las prestaciones sociales.
“Da igual que sea un fideicomiso bancario, un fondo gubernamental o la contabilidad propia, porque al momento en que el empleado lo requiera debe tener ese dinero”. Pero considera que los trabajadores deben preguntarse si les conviene tener las prestaciones sociales en un fondo que no saben cómo será manejado ni si rendirá cuentas. “¿Qué pasará cuando una persona necesite el dinero y no esté disponible o tenga que esperar meses para obtenerlo?”.
El régimen actual, implementado en 1997, brinda a los patronos dos opciones para manejar los cinco días de salario que deben entregar cada mes por concepto de prestaciones sociales: depositarlas en un fideicomiso bancario o registrarlas en la contabilidad a nombre del trabajador.
En ambos casos el dinero acumulado genera intereses, a una tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, y la persona puede retirar hasta 75% del monto mediante un trámite que suele ser rápido y sencillo para cubrir gastos de educación, salud o vivienda.
Por definir:
Aguilar y Girán consideran necesario que la normativa para crear el fondo de prestaciones sociales aclare el destino de los recursos acumulados hasta la fecha por este concepto, que suman casi 42 millardos de bolívares solamente en la banca.
Dicen que lo más indicado, tomando en cuenta el principio constitucional de que las leyes no pueden aplicarse de manera retroactiva, sería hacer una especie de corte de cuenta y darle la opción al trabajador de decidir entre cobrar el dinero ahora o depositarlo en el nuevo fondo.
Pero no descartan que el Gobierno decida transferir los recursos directamente. En cualquier caso pudiera haber algunas complicaciones. No tanto para la banca, porque los fideicomisos están separados del resto de sus operaciones, sino para las empresas que lo tienen como un registro contable.
“El hecho de que esté asentado en la contabilidad de la compañía no quiere decir que esté disponible”, indica Aguilar. Por eso, obligar a pagar el dinero acumulado o a transferirlo al fondo, generará problemas de liquidez e incluso quiebras, sobre todo en el sector de las pequeñas y medianas empresas.
Consulta necesaria:
El fondo de prestaciones sociales anunciado por el presidente Hugo Chávez ha generado muchas dudas entre trabajadores y empresarios.
Eso prueba, según la abogada Maryolga Girán, la necesidad de que la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo sea consultada con todos los sectores involucrados.Chávez dijo quela comisión presidencial encargada de la modificación recibió 19.000 propuestas.
Girán duda que eso sustituya la consulta pública y el debate amplio que requiere un marco legal tan importante. “No se ha discutido en un espacio plural ni se ha escuchado aquienes piensan distinto”.
La abogada recuerda que lo correcto, desde el punto de vista legal, es que la reforma no sea aprobada por el Ejecutivo sino por la Asamblea Nacional.
También que a estas alturas el contenido del proyecto sea público, para que trabajadores y empresarios puedan evaluarlo.
Por: ANA DIAZ
LEJANDRO HINDS
ahinds@el-nacional.com
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MARTES 10 DE ABRIL DE 2012
