Buscan detener las deportaciones de
venezolanos por parte de ICE

José Anzola huyó del gobierno de Hugo Chávez hace siete años, al igual que miles de sus compatriotas. Pero ahora teme ser deportado si un juez de inmigración niega su petición de asilo.

“Tengo mucho miedo de que me regresen a Venezuela”, afirmó recientemente en la oficina de su abogado en Miami.

Anzola abandonó Venezuela tras ser amenazado de muerte por simpatizantes chavistas. En el 2004, su automóvil fue baleado cuando se dirigía a su trabajo.

“En las marchas me empezaron a amenazar con que me iban a matar”, indicó.

Pidió asilo al cruzar la frontera con México.

Casos como el de Anzola, de 35 años, han alarmado a la comunidad venezolana. La falta de una política especial para quienes solicitan asilo ha llevado a algunos de sus líderes en el sur de la Florida a poner presión sobre la administración del presidente Barack Obama, a fin de detener o disminuir las deportaciones. Cerca de 445 venezolanos son deportados al año.

Líderes y activistas han solicitado que la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) aplique el patrón empleado con los cubanos, cuyas órdenes de deportación generalmente son soslayadas debido a la ausencia de garantías procesales en la isla.

Patricia Andrade, directora de la organización de exiliados venezolanos Venezuelan Awareness Foundation, lleva varios años abogando a favor de que los venezolanos no sean tratados en las cortes migratorias como si fueran ciudadanos de un país con el que Estados Unidos tiene relaciones normales.

“Tienen que considerar que el venezolano solicitante de asilo viene de un país con graves problemas de democracia y profundas violaciones a los derechos humanos por causas políticas”, comentó Andrade. “Por eso, un caso de un venezolano no es igual al de un solicitante que viene de un país con una democracia sólida”.

Los representantes republicanos de la Florida Ileana Ros-Lehtinen y Mario Diaz-Balart han respondido a este reclamo.

Ros-Lehtinen, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, envió el miércoles una carta a la secretaria del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Janet Napolitano, exhortándola a mostrar más simpatía hacia los venezolanos que solicitan asilo.

“Las peticiones de asilo por parte de nacionales de Venezuela deben ser evaluadas equitativa y justamente a la luz de las crecientes condiciones no democráticas en ese país”, indica la carta de Ros-Lehtinen.

Otra carta de Diaz-Balart, dirigida a Napolitano y al secretario de Justicia, Eric Holder, pide que se revisen cuidadosamente estos casos.
“Para que así nadie sea deportado injustamente y busquen asegurarse de que estos pedidos son atendidos de forma expedita y justa”, precisó.

Funcionarios federales han indicado que el número de asilos a venezolanos ha aumentado desde que Chávez inició su presidencia. En 1998, fueron otorgadas 18 peticiones. En el 2006, llegaron a 1,361.

Sin embargo, hay una disminución de las concesiones de asilo en años recientes, a pesar de que el número de solicitudes ha aumentado.
En el 2007 se aprobaron 1,153 casos de asilos, En el 2008: 1,062. La cifra bajó dramáticamente a 585 en el 2009. En el 2010 llegó a 660.

Wilfredo Allen, prominente abogado de inmigración que se encarga del caso de Anzola, comentó que en los últimos años las solicitudes de los venezolanos se han demorado. Algunos han tenido que esperar hasta más de seis años por una decisión.

Un caso singular es el del ex diputado del estado de Aragua Osiel Ruiz De Arcos, quien fue ayudante del ex presidente Carlos Andrés Pérez, que gobernó por segunda vez de 1989 a 1993.
Ruiz, de 61 años, llegó a Estados Unidos en abril del 2001, pero no pidió asilo al considerar que no se lo darían.

“En ese momento no te daban asilo a menos que demostraras que te habían arrancado una mano, un brazo o una pierna”, comentó. “Y lo que había pasado conmigo eran reiteradas persecuciones, así como golpes contra mí y otras gentes que me acompañaban. También vandalizaron mi auto y el de mi esposa, los rayaron y les rompieron los vidrios”, relató.

Cuando su visa venció en el 2002, quedó indocumentado. Ocho años después fue arrestado por agentes de ICE. La detención se produjo poco después de que renovara su pasaporte venezolano. Tras permanecer detenido durante 37 días un juez le ordenó solicitar asilo. Aún espera una decisión.

Por: Alfonso Chardy
achardy@elnuevoherald.com
El Nuevo Herald