“Maltratos judiciales..”
Nuevamente en Venezuela los defensores de derechos humanos son maltratados y humillados por los organismos encargados de administrar justicia que, en su afán de complacer a sus jefes bolivarianos, se les olvida que están allí para respetar la Constitución y las leyes.
Como todos sabemos, la valiente defensora de derechos humanos Rocío San Miguel fue objeto de unas medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 18 de enero, en virtud de las múltiples amenazas que ha recibido por su trabajo y las incesantes denuncias que ha presentado que, sin duda, salpican a los altos jerarcas de la revolución roja. Desde luego esto ha provocado que las bandas armadas del chavismo hayan iniciado un acoso permanente contra esta mujer cuyo único delito consiste en oponerse a los atropellos cometidos por los cuerpos de seguridad.
Después de un silencio de más de tres meses por parte del Estado venezolano en dar respuesta a la doctora Rocío San Miguel sobre la forma cómo se iban a aplicar las medidas otorgadas por la CIDH, el pasado 21 de marzo el Juzgado 36 de Control Penal de Caracas, a cargo de la juez Elsa Aragoza (no olvidemos nunca este nombre y apellido), convocó a una audiencia para tratar lo referente a las medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la defensora de Derechos Humanos Rocío San Miguel y frente a las que el Estado venezolano no ha hecho nada para su protección.
Los pedimentos hechos por el doctor Carlos Nieto Palma, en su carácter de representante de la señora Rocío San Miguel, versaron en dar estricto cumplimiento a lo acordado por la Comisión Interamericana, en el sentido de tomar la decisión conjuntamente con la beneficiaria de las medidas y su representante, así como el que sean investigados los hechos denunciados y que motivaron las medidas de protección.
Entre ellos están que se le exigiera al canal del Estado, en este caso Venezolana de Televisión y el programa La Hojilla, respuestas a las investigaciones que cursan en la Fiscalía por denuncias presentadas por ella y que han sido engavetadas. Todos los pedimentos fueron rechazados en su totalidad por la juez Aragoza, lo que significa un incumplimiento absoluto del mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Nuevamente una jueza de la república actúa con total desconocimiento de la ley pero con apego a las órdenes que le dio su jefe principal, Luisa Estela, que sin duda es la artífice de esta aberración jurídica cometida contra esta valiente defensora de derechos humanos.
Los venezolanos honestos no podrán olvidar nunca lo hecho por estas mandaderas de la revolución, y no escaparán a sus responsabilidades porque las violaciones de los derechos humanos no prescriben. Más temprano que tarde, tendrán que dar respuesta a su indigno proceder.
Por: Redacción
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EL NACIONAL
