¿Quién miente?
■ Tribunal exige a medios informar con responsabilidad sobre el agua.
■ Debate sobre calidad coincide con el aniversario de Día Mundial del Agua
■ La empresa Hidroven admite que la antigüedad del sistema dificulta el tratamiento de las aguas.
■ Hidroven solicitó 100 millones de dólares al BID para la recuperación de la cuarta parte de las instalaciones del país.
■ La empresa Hidrológica del Centro informó que la planta Alejo Zuloaga, del embalse Pao-Cachinche, es insuficiente debido a “la descarga sin control de aguas residuales”.
■ La Mesa de la Unidad Democrática aseguró en un comunicado que el Gobierno pretende eludir con otra mentira las fallas de los servicios públicos, especialmente el del agua potable.
■ Por solicitud el fiscal 20º nacional, el Tribunal 25° de Control del Área Metropolitana de Caracas acordó una medida cautelar innominada que limita a informar “con el soporte técnico de un organismo competente”.
■ Jóvenes manifestaron en la redoma de Guaparo con pancartas, fotografías y envases con agua turbia. Un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia por violaciones del derecho a la salud interpondrán 22 ambientalistas de Carabobo.
En enero pasado, Hidroven solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo por 100 millones de dólares para la rehabilitación, mejora y ampliación de 22 sistemas de potabilización de todo el país, lo que incluye 210 plantas, parte de una red que fue construida en la década de los setenta. La empresa advierte en el informe que presentó para solicitar el crédito que la antigüedad del sistema es un obstáculo para el tratamiento óptimo del agua que se consume en el territorio nacional.
“90% de la infraestructura de las plantas potabilizadoras de agua tienen una edad promedio superior a los 40 años, lo que dificulta el mantenimiento preventivo por obsolescencia de algunos equipos e infraestructura, disminuyendo la capacidad operativa original de diseño e incrementando el consumo de sustancias químicas necesarias para la potabilización del agua”, admite el informe de solicitud de los recursos, disponible en la web del BID.
De recibir el visto bueno en abril próximo, la empresa debe aportar para la ejecución del proyecto 42 millones de dólares. Los 22 sistemas que requieren de mantenimiento incluyen 210 plantas de tratamiento y potabilización, es decir, 24% de las 875 existentes en el país. El proyecto beneficiaría a 3,25 millones de personas, 11% de la población, señala el documento.
Zoyla Martínez, miembro de la Asociación Venezolana para el Agua, cree que la inversión será un aporte para mejorar la calidad del líquido. Sin embargo, criticó el hermetismo con que se maneja el asunto.
Recordó que los últimos datos disponibles en el Ministerio de Ambiente sobre el número de potabilizadoras y su estado datan de hace seis años. La falta de estadísticas impide conocer el estado de la red. “Si existen dudas sobre la calidad de agua y un ciudadano va a una empresa hidrológica, debe recibir respuesta oportuna”, afirmó.
Otra mentira:
La Mesa de la Unidad Democrática aseguró que el Gobierno “pretende eludir con una mentira más” la problemática del estado de las aguas. “Los servicios públicos, y en especial el de agua potable y saneamiento, son cada vez más deficientes”, se afirmó en un comunicado.
En el escrito exponen sus preocupaciones por el creciente deterioro de los recursos hídricos que son distribuidos a los hogares venezolanos y expresan que las amenazas no tienen otro sentido que acallar lo que ya es un clamor en muchos lugares del país.
Cuestionan tratamiento:
En los últimos años, grupos de habitantes de Aragua y Carabobo han denunciado turbidez, mal olor y sabor en el agua que reciben. El recrudecimiento del debate sobre la calidad del líquido coincide con la celebración, hoy, del Día Mundial del Agua.
La empresa Hidrológica del Centro, encargada de la administración de los recursos hídricos en esa región, informa en su web que la planta de potabilización Alejo Zuloaga, construida para el embalse Pao-Cachinche, es insuficiente debido a los elementos nocivos provenientes de sistemas de riego improvisados o de la descarga sin control de aguas residuales.
En 2001 se implantó un sistema de aireación artificial permanente para homogeneizar el agua y reducir la presencia de contaminantes. No existen datos actualizados sobre los componentes presentes en esas aguas.
Tampoco de las cantidades de químicos usados para darle los valores necesarios para el consumo.
María Virginia Najul, profesora de Potabilización del Agua en la UCV, señaló que la turbidez puede tener varias causas.
“Eso indica que no está tratada adecuadamente, que se ensució en la red de distribución o que los tanques de almacenamiento no están limpios. Con esto, es muy difícil garantizar la eficiencia de la desinfección”, expresó.
Piden intervención en Guarenas:
Las aguas extraídas de los 10 pozos de la urbanización Nueva Casarapa, en Guarenas, son también objeto de polémica. Un grupo de vecinos denuncia que no son aptas para el consumo humano, mientras que Hidrocasarapa, a cargo provisionalmente de la Alcaldía de Plaza, dice que sí lo son.
Ayer varios residentes consignaron en Hidroven y en la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional la solicitud de intervención de la planta. Denuncian que el agua contiene pantano, grasa, restos de tubería corroída y tierra. Respaldaron su denuncia con varios documentos presentados por Thays León, ex coordinadora de Servicios Públicos del municipio, que aseguró que su despido se debió a que dio a conocer a través de Twitter la paralización de la potabilización del agua por cuatro meses. Alexis Ramos, gerente general de la planta, negó las acusaciones y dijo que los equipos cumplen con el proceso de tratamiento cabalmente. “Que traigan las pruebas de que el agua está contaminada”.
Jóvenes manifestaron en Valencia:
Un grupo de 40 jóvenes del área metropolitana de Valencia protestó ayer en la redoma de Guaparo con pancartas, fotografías y envases con agua de aspecto turbio, con el fin de exigir que se apliquen correctivos a esta situación.
Carlos Graffe, presidente de la Fundación Futuro Presente, destacó que además entregaron un documento al director regional del Ministerio del Ambiente, César Alvarado. Ya lo habían hecho en el año 2010, pero aseguró que no obtuvieron respuesta alguna.
Agregó que éste no es un problema de partidos políticos, sino de salud pública y social.
Joel Castillo, joven estudiante de la parroquia Rafael Urdaneta del sur de Valencia, expresó que exigían los derechos de los ciudadanos que se surten del embalse Pao Cachinche. Junto con otros compañeros, mostró envases de agua con aspecto y color turbio recogida en varios sitios.
Afirmó que en la protesta había muchachos de las parroquias San José, Miguel Peña, Rafael Urdaneta, en Valencia, así como de Los Guayos, Libertador, Carlos Arvelo y Naguanagua. Invitó al ministro de Ambiente a constatar la calidad del agua que sale por los grifos.
Foro. En la Villa Olímpica de Naguanagua se realizó el foro “El Agua, un Recurso Apreciado por Muchos y Valorado por Pocos”, organizado por la Secretaría de Ambiente del Gobierno regional y otras instituciones. Participaron docentes ambientales de 320 planteles estadales, así como universitarios, estudiantes e interesados en el tema.
El ingeniero sanitarista Manuel Pérez Rodríguez, del Movimiento por la Calidad del Agua, declaró a la prensa que esta organización ambiental ha efectuado varias denuncias desde el año 2010 por la contaminación del agua. Añadió que han consignado documentos en la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Hidrocentro, Hidroven e inclusive a escala internacional como la Organización de Naciones Unidas, a la que llevaron el año pasado un petitorio por el derecho a la salud, la vida y al ambiente sano ante la Comisión del Examen Periódico Universal.
Recordó que la calidad del agua se mide sobre la base de 54 parámetros de las Normas Sanitarias y Calidad del Agua Potable, pero Hidrocentro sólo ha reportado 11 lo que, a su parecer, resulta insuficiente.
Pedro Escarrá, ex presidente del Instituto para la Conservación del Lago, instó al Gobierno nacional a designar una Comisión Técnica-Científica, de carácter imparcial, para disipar las dudas que haya sobre el problema de la calidad del agua.
Recomendó que debería estar integrada por científicos de las universidades nacionales, especialistas y laboratorios reconocidos por el Ministerio del Ambiente con el fin de que éste certifique la calidad del agua en las plantas Alejo Zuloaga y Lucio Baldó, en Carabobo.
Añadió que esta solicitud es a consecuencia de las graves denuncias que han efectuado profesionales de la salud, ingenieros sanitaristas, químicos y biólogos que han anunciado peligros para la comunidad, y ante la garantía que hace Hidrocentro de que las aguas están “totalmente potabilizadas”.
Por: LISSETTE CARDONA
lcardona@el-nacional.com
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