El 22 de marzo vence plazo
para escuchar a Aponte

■ Oposición satisfecha por la decisión del Poder Ciudadano.

■ Rodríguez Mudarra recuerda señalamientos contra el ministro de la Defensa.

■ Aunque la ley da 10 días para llevar el caso al Parlamento, se espera que sea incluido en la sesión del martes.

■ El magistrado Aponte Aponte solicitó amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia para impedir que la Asamblea Nacional lo destituya del cargo.

“Por primera vez desde su constitución, el Consejo Moral Republicano dio respuesta oportuna a la petición de un ciudadano”, afirmó Rafael Rodríguez Mudarra, presidente de Unión Republicana Democrática, a propósito del fallo de esa instancia contra el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia Eladio Aponte por su supuesta vinculación con Walid Makled, que fue calificada de falta grave y que acarrea su destitución del cargo.

“Esta decisión es trascendental porque se cumplió rigurosamente el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano para analizar las supuestas irregularidades cometidas por un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Ello indica ­prosiguió Rodríguez Mudarra­ que cuando el Estado tiene la voluntad se pueden aplicar los dispositivos constitucionales en materia de prevención y sanción de la corrupción”.

El presidente de Unión Republicana considera que la decisión del Consejo Moral Republicano también constituye un reconocimiento del valor probatorio de las informaciones publicadas por los medios de comunicación social sobre el apoyo que le brindaron a Makled diversas instancias del Gobierno para desarrollar las actividades que el Ministerio Público ha calificado como delitos.

“No podemos olvidar que la prensa también reseñó las declaraciones de Makled que incriminan a altos funcionarios, entre ellos militares como el actual ministro de la Defensa Henry Rangel Silva. Si, en verdad, el Estado está dispuesto a ejercer su poder punitivo para evitar la impunidad de delitos tan graves como el narcotráfico y el sicariato debe investigar eficientemente las supuestas vinculaciones de Makled con otros altos funcionarios y divulgar con la mayor transparencia posible los resultados”, insistió Rodríguez Mudarra.

Investigación limitada:

El dirigente político lamentó que el Ministerio Público se haya limitado a comprobar la responsabilidad penal de Makled por los asesinatos del periodista Orel Zambrano y del veterinario Francisco Larrazábal, así como por transacciones bancarias que sugieren lavado de dinero.

“Los venezolanos todavía esperamos respuestas sobre el respaldo que obtuvo Makled para controlar la actividad comercial en Puerto Cabello y en el aeropuerto de Valencia”, indicó.

“Nuestra obligación como abogado y presidente de un partido político ­argumentó Rafael Rodríguez Mudarra­ es contribuir al fortalecimiento de las instituciones y, especialmente, del Poder Judicial como garante de la legalidad.

Exhortamos a todas las autoridades a que efectúen investigaciones de manera exhaustiva, orientadas a explorar todas circunstancias que permitan la identificación de los autores de los hechos para su posterior juzgamiento y sanción en caso de que atenten contra de la ética pública y la moral administrativa. En esa materia ningún funcionario público debe tener privilegios.

Además, es oportuno recordar que el Estado puede ser responsable por no investigar el esclarecimiento de los hechos relacionados con la delincuencia organizada”.

Contra la subcontralora:

Tal como lo había anunciado, el abogado de Aponte Aponte, Luis Ramos Reyes, interpuso una acción de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para evitar los efectos de la resolución que dictó el Consejo Moral Republicano el 7 de marzo; es decir, que la Asamblea Nacional destituya al magistrado.

La solicitud de amparo se fundamenta en la supuesta violación del derecho de todo ciudadano a ser juzgado por sus jueces naturales, pues consideran que Adelina González, que ejerce el cargo de contralora general de la República desde el fallecimiento de Clodosbaldo Russián, no podía incorporarse al Consejo Moral Republicano.

Ramos Reyes aseguró que no bastaba con que la contralora encargada se inhibiera de intervenir en el caso de Aponte Aponte y que la decisión en su contra sólo fuese suscrita por la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, y la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. “La ley exige que la decisión cuente con el respaldo unánime de las tres autoridades que integran el Consejo Moral Republicano”, afirmó.

Advirtió que todas las decisiones de la máxima instancia del Poder Ciudadano firmadas por Adelina González como contralora general de la República encargada son irritas y pudieran ser impugnadas.

Un militar comprometido:

Sudoroso y angustiado apareció Eladio Aponte Aponte frente a los medios de comunicación social privados que atendieron la convocatoria que hizo para desmentir sus vínculos con Makled.

Pocos días antes, el presidente Hugo Chávez había afirmado que la Fuerza Armada Nacional era chavista, y Eladio Aponte Aponte consideró conveniente admitir públicamente su compromiso con el proceso de construcción del socialismo bolivariano; cosa de la cual se ufanaba ante sus colegas magistrados.

El contralmirante Carlos Molina Tamayo, entrevistado por Ricardo Guanipa en 2010, dio pistas sobre las relaciones entre Aponte Aponte y el presidente de la República: “Como fiscal militar a Aponte le tocó conocer sobre los acontecimientos que sucedieron en Cararabo. Gran parte de la investigación apuntaba en contra de Hugo Chávez y el capitán de la Armada Ramón Rodríguez Chacín. Su actuación llevó a que hubiera una decisión absolutoria y esa es la deuda que tiene Chávez con Eladio Aponte, lo que lo convierte en este momento en Presidente de la Sala Penal del TSJ”.

En su actividad jurisdiccional el magistrado Aponte Aponte fue inclemente con los llamados presos políticos, en particular con los vinculados con los hechos del 11 de abril de 2002.

Aponte Aponte asumió el control administrativo de los tribunales penales de Caracas y entre los jueces de su confianza estaba María Elena García Pru, que ejerció el cargo de vicepresidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana y que fue detenida en Miami e interrogada por agentes del FBI por su supuesta relación con un caso de legitimación de capitales.

El magistrado fue perdiendo influencia sobre los jueces penales, así como apoyo político del oficialismo, al punto de que ni Chávez ni ningún vocero gubernamental o del PSUV se han manifestado a su favor.

 Plazo para escuchar a Aponte:

El Consejo Moral Republicano consignó ante la Asamblea Nacional el expediente del magistrado Eladio Aponte, de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

La documentación llegó a media tarde de ayer al Parlamento, confirmó la Secretaría del Consejo Moral. Este organismo determinó que el magistrado incurrió en falta grave por su presunta relación con Walid Makled, acusado de narcotráfico.

La Ley Orgánica del TSJ le da a la Asamblea plazo de 10 días hábiles para realizar la sesión plenaria en la que se decida si procede la remoción, lapso que vence el 22 de este mes. Sin embargo, trascendió que el caso Aponte se discutirá la próxima semana. El presidente del Legislativo, Diosdado Cabello, había convocado previamente a sesión ordinaria para el martes 13.

Decisión positiva:

La bancada de la oposición calificó de positiva la decisión del Consejo Moral Republicano. El diputado Julio Montoya, uno de los principales denunciantes de Walid Makled, manifestó su esperanza en que la decisión obligue a la Asamblea y a la Fiscalía a investigar otros posibles nexos del supuesto narcotraficante con altos funcionarios del Gobierno.

“Esperamos que ahora sí se decidan a indagar, por ejemplo, quiénes le dieron el control de la mitad del puerto de Puerto Cabello, y quiénes le facilitaron un carnet de la Guardia Nacional. En fin, son muchas las cosas que falta por aclarar en este caso”, dijo.

La remoción de Aponte sólo sería posible si la oposición y el oficialismo se ponen de acuerdo pues son necesarios 110 votos para aprobarla, cifra que ninguna de las bancadas alcanza.

“Ante la evidencia que tenemos y ante la solicitud del Consejo Moral, nosotros (la oposición) votaríamos a favor de la remoción y de una investigación penal”, anunció Montoya.

Por: EDGAR LÓPEZ
elopez@el-nacional.com
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EL NACIONAL
Viernes 09 de Marzo de 2012