“El TSJ se ha convertido en
un inquisidor político…”
■ Escarrá y Sosa rechazan multa contra Teresa Albanes.
Ocho días bastaron para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) multara a la presidenta de la Comisión Electoral de Primarias (CEP), Teresa Albanes, por supuesto desacato. El mismo poder ordenó el 11 de agosto de 2006 la indemnización y desalojo inmediato de los habitantes de Mata Redonda y La Punta, en Aragua, por el crecimiento del Lago de Valencia. Aún los mil 43 habitantes padecen por los altos niveles del agua y ningún funcionario ha sido multado por no acatar ese mandato.
Con la sentencia 1362 la Sala Constitucional, en ponencia del magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, “favoreció” a los aragüeños y encargó al Ministerio del Ambiente para hacer efectiva la orden. A cinco años y medio, esas autoridades han cometido un delito de omisión culpable, señala el abogado Hermann Escarrá. “Puede ocurrir un hecho lamentable producto de la inoperancia. Tienen la orden y no la cumplen”.
El caso de los habitantes de Mata Redonda y La Punta forma parte de miles de procesos que el TSJ mantiene “engavetados” sin darles respuestas contundentes. Por ejemplo, el 20 de octubre del 2011 la ex magistrada Cecilia Sosa Gómez demandó la nulidad de la Ley de Costos y Precios Justos por ser inconstitucional en más de 30 de sus artículos. Aún no hay decisión al respecto.
Escarrá y Sosa sostienen que el TSJ ha perdido legitimidad y se ha convertido en un inquisidor político. Ambos especialistas aseguran que el Poder Judicial perdió ante el colectivo su sentido de independencia y que la opinión pública rechaza esas actuaciones que demuestran, una vez más, la parcialidad grave de un poder que en teoría, debería ser independiente.
En el caso de Teresa Albanes, Escarrá detalla que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (Loadgc) establece los lapsos de tiempo y procedimientos no solo para la decisión de amparo sino también para la sanción.
A 24 horas de emitida la orden del TSJ (15 de febrero) de prohibir la quema de los cuadernos electorales del 12 de febrero, Teresa Albanes introdujo un recurso de amparo ante el órgano judicial. Sobre la multa de 200 unidades tributarias (15 mil 200 bolívares) fue informada Albanes el pasado jueves 23.
Los lapsos establecidos por el artículo 26 de la Loadgc no se cumplieron para Albanes. La norma señala lo siguiente: “El Juez que conozca del amparo fijará dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la presentación del informe por el presunto agraviante o de la extinción del término correspondiente, la oportunidad para que las partes o sus representantes legales expresen, en forma oral y pública, los argumentos respectivos. Efectuado dicho acto, el Juez dispondrá de un término improrrogable de veinticuatro (24) horas para decidir la solicitud de amparo constitucional”.
De tomar los lapsos más amplios a los que da cabida la ley para presentar el informe, la decisión debió tomarse cinco días después del 15 de febrero y no el 23 como ocurrió. “El TSJ no actúa en el marco del Estado de Derecho. Dejan de lado la ley de amparo, las garantías constitucionales, el derecho a la defensa”, asegura Escarrá.
El constitucionalista agrega que la sanción es ilegítima pues estaba acordado con el Consejo Nacional Electoral el tiempo para quemar los cuadernos tras las elecciones. “Están buscando agravar la sanción y colocar a Albanes como si ella desacata cuando no es así”.
“La sentencia fue inejecutable porque no podía cumplirse. No hay ningún desacato por parte de Teresa Albanes. Eran normas conocidas e incluso Chávez las reconoció”, precisa Sosa Gómez.
La ex magistrada lamentó que panoramas políticos interfieran en las labores reales del Poder Judicial. Señaló que hay miles de amparos pendientes por violación de Derechos Humanos en las oficinas del TSJ y que en 4 horas se resolvió el recurso antepuesto por el ex candidato Rafael Velásquez cambiándole la denominación como el de intereses colectivos y difusos.
Capriles: No cederemos ante amenazas:
El candidato a la presidencia por la Mesa de la Unidad Democrática, Henrique Capriles Radonski, aseguró que las demandas interpuestas ante el Tribunal Supremo de Justicia, como medidas de amenaza contra la Comisión Electoral de Primarias no le restarán legitimidad al proceso de votaciones del pasado 12 de febrero. El gobernador de Miranda llamó a los ex precandidatos de la Unidad por la Alcaldía de Guaicaipuro a asumir y respetar las decisiones tomadas por la CEP. El pasado 17 de febrero el ex aspirante a la Alcaldía de Guaicaipuro Ancoiter José Parra consignó una nueva demanda ante la Sala Constitucional del máximo ente judicial en la que denunció a la MUD por presuntas irregularidades en los comicios. Esta demanda se suma a las otras acciones contra la alianza Unitaria que han ejercido opositores en las últimas dos semanas. (OL)
“Tribunal se inmiscuye en proceso” privado”
El Tribunal Supremo de Justicia ha comenzado a “inmiscuirse” en procesos de carácter privado al actuar de forma “malintencionada” y política contra las primarias opositoras, celebradas el pasado 12 de febrero para escoger a su candidato presidencial y a sus abanderados a 17 gobernaciones y 247 alcaldías. Alfredo Romero, integrante del Foro Penal Venezolano, emitió sus declaraciones en referencia a la segunda demanda admitida contra las primarias opositoras. Indicó que en este caso los tribunales son utilizados para abusar, pues se hace obvia la finalidad política, “desviando su función de resguardo de una situación en particular”.
Por: Adriana Chirinos C.
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