El TSJ rompió tiempo récord…avalando
solicitud de un candidato desconocido
El proceso socialista de Hugo Chávez, nos ha mostrado personajes en la vida pública nacional que dejan mucho que desear a juzgar por sus acciones, tal es el caso de algunos funcionarios públicos que en oportunidades producen la pérdida de la capacidad de asombro por sus declaraciones o decisiones que parecieran ser sacadas de un programa de humor o cuento de terror.
Un ejemplo reciente es la actuación que durante el mes de febrero ha tenido el gobernador del estado Aragua, Rafael Isea, frente a situaciones puntuales que ocurrieron en la región que preside. El 8 de febrero se conoció la información del fallecimiento de 15 recién nacidos en el Hospital Central de Maracay, así lo denunció el presidente del Colegio de Médicos en el estado Aragua, Ángel Sarmiento, quien agregó que la contaminación en los pabellones del centro de salud y la gran cantidad de madres prematuras que atiende el centro aumenta el riesgo en el nacimiento de los neonatos.
Por su parte, el gobernador Isea prefirió justificar el hecho, argumentando textualmente lo siguiente: “Estamos hablando de un porcentaje muy bajo. Atendemos de 8 mil a 9 mil nacimientos durante todo el año (…). Unos 360 fallecimientos anuales”, sostuvo que hasta 35 decesos eran aceptables. Una violación al artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. ¿Qué pensarán las madres de los bebés fallecidos? ¿Qué puede justificar la muerte de tantos recién nacidos?
El Ministerio Público inició una investigación en el Hospital Central de Maracay para examinar las causas, anhelamos conocer los resultados y soluciones del caso, así como las averiguaciones que iniciaron contra el grupo paramilitar La Piedrita que utiliza a niños con fines ideológicos. No se percibe el amor de la revolución hacia los niños si consideramos estos acontecimientos que demuestran lo contrario.
Sin salir del estado Aragua, una vez concluida la jornada exitosa de las primarias, el Tribunal Supremo de Justicia avalando en tiempo récord la solicitud de un candidato desconocido por gran parte del país -Rafael Velásquez- decidió entorpecer el proceso y ordenó la prohibición -tardía- de la quema de los cuadernos de votación, tal y como se había prometido para resguardar la identidad de los más de 3 millones de electores que acudieron a las urnas. Veredicto necesario para que el 14 de febrero en horas de la tarde la policía del estado Aragua decidiera realizar actividades al margen de la ley orientadas a confiscar material electoral para lo cual no tiene competencia, ya que es el Plan República único con potestad en el resguardo del material electoral. Este hecho dejó una víctima fatal sin que hasta el momento haya responsable.
La Organización Control Ciudadano, dirigida por Rocío San Miguel, solicitó una investigación que “determine la responsabilidad del ciudadano gobernador del Estado Aragua, Rafael Isea en estos hechos violentos; a los fines de la debida reparación y justicia a favor de las víctimas”.
En un país con instituciones sólidas, ya se habría girado instrucciones para que el gobernador Rafael Isea, asuma su responsabilidad y respete la Constitución por ser un funcionario público y no un miembro del equipo de choque de un proyecto político. Soplan vientos de esperanza, hay que aprovechar ese espíritu unitario para condenar actuaciones al margen de la ley, que van en detrimento de la democracia y del respeto a los ciudadanos quienes son los responsables de llevarlos al poder.
Por: ORIAN BRITO PEÑA
orianjesusbrito@gmail.com
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EL UNIVERSAL
sabado 18 de febrero de 2012
