Piden investigar a diputado Serra
por caso de niños armados

■ “Es un delito de lesa humanidad armar a niños con fusiles”.

■ El Gobierno debe pronunciarse. Estamos indignados. Están pasando los límites.

■ La Piedrita busca generar temor en la sociedad, señalo el ex comisario Elisio Guzmán.

■ Simón Calzadilla, secretario general del partido Patria Para Todos, afirmo que el dip. Serra participo en ese acto tan bochornoso”.

■ Reclutar, entrenar y armar a niños es una práctica común de grupos de combate en varios países del mundo en los que la violencia es algo habitual, pero no en Venezuela. Desde que aparecieron las imágenes de menores empuñando fusiles en un acto del colectivo La Piedrita en el 23 de Enero, se encendieron las alarmas en la opinión pública.

Suelen admirar a ETA, han sido relacionados con las FARC, pintan murales de la Virgen María y el Niño Jesús portando un Kalashnikov y especialistas en seguridad aseguran que están vinculados con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado.

Críticos del gobierno del presidente Hugo Chávez señalan que las autoridades son complacientes con estos grupos, armados según algunos, y simpatizantes del gobierno.

En estos días uno de estos colectivos, “La Piedrita”, se encuentra en el centro de la polémica tras divulgar en internet imágenes de niños de entre 3 y 7 años con armas de fuego de alto calibre en un evento en el que habría participado un conocido diputado del oficialismo.

El gobierno rechazó el hecho y ordenó una investigación, mientras que el parlamentario involucrado, Robert Serra, dijo estar a la orden para “ser útil con la finalidad de que se aclare la situación”.

A través de su cuenta en Twitter dijo que no iba a dejar que lo “usen para perjudicar al comandante Chávez” y rechazó “manipulaciones y mentiras”.

Serra descartó estar relacionado con el hecho y aseguró que en el acto que él participó la semana pasada en el 23 de enero no había niños con armas y que las imágenes habían sido tomadas en noviembre.

¿Quiénes son?:

En Caracas habría una docena de grupos armados simpatizantes del gobierno de Hugo Chávez y se cree que ocho de ellos se ubican en la zona del 23 de enero, en el oeste de Caracas. Se estima que los “colectivos urbanos” en total son entre 40 y 50.

En los sesenta y setenta las organizaciones guerrilleras encontraron allí su lugar en la capital y el origen de los “colectivos urbanos” se remonta a ese entonces aunque la mayoría son de formación reciente, asegura la ONG International Crisis Group, en un informe sobre “Violencia y Política en Venezuela” divulgado meses atrás. 

“Los grupos resultan difíciles de definir. Si bien todos expresan lealtad hacia el presidente y aseguran que recurrirían a la fuerza para defenderlo contra sus opositores, muchos critican al gobierno y tienen una relación de confrontación con el partido oficialista, cuestionando su presunta falta de un verdadero espíritu revolucionario”, explica Crisis Group.

Miembros de La Piedrita han asegurado que ellos “reivindican la lucha armada” y que están dispuestos a defender a Chávez a través de las armas.

En el 23 de enero dicen ser “más chavistas que Chávez”. Allí tres años atrás algunos colectivos inauguraron una plaza y un busto en honor al extinto líder de la guerrilla colombiana Manuel Marulanda en un acto que contó con la presencia del que hasta el mes pasado era el presidente de la Asamblea Nacional, el exguerrillero Fernando Soto Rojas.

Autodefinidos como socialistas, antiimperialistas y anticapitalistas, sus actividades –asegura esta ONG– “incluyen la imposición de la justicia por mano propia y la limpieza social”.

Ellos se defienden y niegan cualquier tipo de vinculación con armamento o hechos delictivos.

“Hacemos un trabajo social, un trabajo revolucionario, fortalecemos la formación ideológica de los ciudadanos, realizamos actividades culturales, deportivas”, le dice a BBC Mundo David Romero, fundador del Colectivo Salvador Allende.

“Fusiles de plástico”:

Romero estaba presente el día de las polémicas fotos con niños. Asegura que fue en noviembre y que aparecieron ahora porque se está en campaña electoral y la “canalla mediática rancia de la oposición se está aprovechando”.

El dirigente social dice que las armas eran de utilería, “fusiles de plástico”, pues el evento se trataba de “una obra de teatro, donde los niños entregaban armas a cambio de recibir una Constitución”.

Para el comunicador popular Gustavo Borges, de la parroquia 23 de enero, quien conoce de cerca la realidad de los colectivos, consideró “cuestionable” las fotos pero aseguró que se malinterpretó el mensaje que se quería enviar.

“Los chamos (niños) nuestros están acostumbrados a este tipo de situaciones. Ven armas todos los días, no de parte de los colectivos, sino de las pandillas. Se acostumbran a ver que las armas sólo sirven para las pandillas”, le dice a BBC Mundo.

“Los colectivos –agrega– en ningún momento adiestran chamos en el uso de las armas, pero sí se les hace ver que es una herramienta, como un libro, tiene una razón de ser (…) que debe utilizarse con conciencia social en el momento histórico que lo amerite. Las armas tienen una tradición en la lucha y liberación de América Latina”.

Pese a ello Borges aclara que en el 23 de enero “no existen colectivos con armas, eso es simple y llanamente parte de una leyenda urbana”.

Sin embargo, un par de años atrás miembros del colectivo Carapaicas aparecieron encapuchados y mostraron sus armas en un informe de un canal español donde reconocían que “a veces” realizan “operaciones” y tomaban la justicia en sus manos y se ha reportado de enfrentamiento a tiros entre el colectivo Tupamaros y La Piedrita.

Años atrás el Colectivo Alexis Vive atacó la sede del principal canal opositor, Globovisión, y las instalaciones del mayor gremio empresarial, Fedecámaras.

¿Tolerancia gubernamental?:

El apoyo implícito del gobierno de Chávez a estos colectivos está en debate.

El líder de La Piedrita, Valentín Santana, declaró en 2009 que el presidente del canal opositor RCTV –cerrado por el gobierno– era un blanco militar y contra él pesan órdenes de arresto por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones personales.

“No podemos aceptar que La Piedrita se convierta en un Estado, en un grupo de terroristas que andan amenazando de muerte”, dijo el presidente Chávez en ese entonces y también aseguró que el colectivo había sido “infiltrado por la CIA”.

Sin embargo, Santana aún no ha sido capturado. Y en las imágenes divulgadas en los últimos días aparece junto al diputado Serra.

Críticos del gobierno hacen hincapié en que no es posible que estos grupos convivan en las cercanías de Miraflores sin que las autoridades desconozcan su existencia ni sus actividades.

“Son grupos que operan al margen de la ley, con un discurso violento, que combinan actividades políticas y criminales”, le dice a BBC Mundo Silke Pfeiffer, directora del International Crisis Group para Colombia y Venezuela.

Expertos en seguridad cuestionan la postura del gobierno hacia estos grupos y aseguran que el gobierno envía mensajes contradictorios pues mientras una comisión presidencial trabaja en aras del desarme de la población se arma a las milicias y se toleran a los colectivos armados.

Se dice además que el 23 de enero es “zona liberada”, donde la policía no entra.

“Varios sectores del barrio han sido declarados zonas prohibidas para la policía que debe pedirles permiso a los líderes de los grupos para ingresar, incluso teniendo órdenes de arresto”, asegura el Crisis Group.

“Es falso que la policía no entra –replica Romero–. La reconocemos como autoridad”.

“Se presumen muchas cosas, pero hay muchas cosas que no sabemos sobre los ‘colectivos urbanos’. Es algo muy oscuro”, asegura a BBC Mundo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV).

“Sí sabemos –opina– que el gobierno ha decidido no hacer nada frente a ellos, no los reprime, los considera un aliado, incómodo a veces pero un aliado porque le pueden ser útiles en algún momento. Y de alguna manera, aunque puedan tener diferencias tácticas, tienen coincidencias estratégicas”.

PPT ya basta de impunidad:

Simón Calzadilla, secretario general del partido Patria Para Todos (PPT) exigió al Gobierno investigar al diputado Robert Serra por su asistencia al acto político del Colectivo La Piedrita, en el que participaron infantes de jardín de infancia dotados de armas.

“Nosotros queremos pedirle al partido de Gobierno, ese mismo que se atrevió a allanarle la inmunidad parlamentaria a un diputado por tener un altercado con unos policías, que tenga la misma postura y actúe con responsabilidad ante las familias venezolanas; esto lo decimos por la presunta participación que tuvo el diputado Robert Serra en este acto tan bochornoso”, declaró el vocero.

En la misma tónica, la precandidata María Corina Machado también condenó las fotografías de niños armados y las calificó como una “forma de violencia horrorosa”. Destacó que aun cuando el presidente Chávez habló el domingo sobre el desarme, las madres venezolanas quieren resultados pues “ya basta de impunidad” exclamó.

Impartir miedo:

El comisario Elisio Guzmán, ex director de la Coordinación Policial del Ministerio del Interior y Justicia, consideró que con este tipo de actos, La Piedrita busca generar temor en la sociedad.

Aseguró que se utilizan los niños porque son temerarios y sienten atracción por las armas porque las asocian con instrumentos de juego sin estar conscientes de sus riesgos.

Opinó que el colectivo se apoya de las nuevas generaciones para dar continuidad a su proyecto. “Se busca rendir culto a la violencia como una manera de vivir y de educar a los jóvenes para que salgan a defender una pretendida revolución”, expresó.

Lo de educar cobra relevancia si se tiene en cuenta la afirmación del concejal metropolitano Freddy Guevara, que asegura que los vecinos le dijeron que quienes están con los jóvenes en las fotografías son profesores. Guevara exigió averiguaciones en la zona educativa y en la Dirección General de Armas y Explosivos de la FAN para esclarecer cómo se consiguieron las armas de guerra.

La fotografía de los menores es un símbolo de la violencia generada por la polarización que se vive en el país y, aunque no es una práctica habitual, se debe estar alerta porque la situación se le podría escapar de las manos al Gobierno, que conoce las prácticas de estos grupos, opinó la politóloga Margarita López Maya.

Dijo que por ese riesgo el ministro Tareck el Aissami y varios organismos del Estado se apresuraron a rechazar este tipo de actos. Señaló que muy raras veces el Gobierno ha tenido un discurso de rechazo a la violencia social. En su lugar, el discurso oficial da a entender que la violencia se acepta en algunos casos y en otros no.

Explicó que, al igual que otros países en los que se utilizan niños para el combate, el acto evidencia la ruptura de las normas de convivencia y el quiebre de la sociedad: “Se trata de un quiebre de las normas por la violencia que se ha ahondado con la estrategia del Gobierno de utilizar la polarización política. La escisión se ha vuelto más dramática, no se reconoce al otro y todo vale, hasta la tolerancia al delito y al homicidio”, manifestó.

Por: Redacción
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EL NACIONAL/BBC