“Llego el momento de quitarle al régimen
los transparentes velos democráticos”
A hora que celebramos el 54º aniversario del derrocamiento de la dictadura militar por un vasto movimiento civil y democrático, me parece oportuno recordar que el verdadero partido político de Hugo Chávez no es el PSUV. Siempre ha sido el constituido por sus compañeros de armas. Incluso en un momento tan comprometido como la intentona golpista del 4 de febrero, arrojó de su lado a los factores civiles que hasta ese día habían participado en la conspiración. No sirven para esto, fue su argumento. Desde entonces, la clara distinción entre civiles y militares ha marcado el carácter del régimen.
Cierto que el fracaso militar de su golpe de mano contra la democracia el 4 de febrero forzó a Chávez a cambiar momentáneamente de estrategia. De ahí su aparente abandono de las armas al salir de prisión y su decisión de emprender la incierta aventura electoral para llegar a Miraflores.
Y de ahí también su pasajero acomodo formal, al triunfar en diciembre de 1998, a las leyes de la democracia. Entretanto, se entregó de lleno a fortalecer sus bases sociales, a estrechar sus lazos con el mundo militar que iba creando y a despejar de obstáculos reales su camino hacia el poder total.
Dos hechos hicieron posible que Chávez acelerara en 2002 su tránsito hacia el establecimiento definitivo de un gobierno abiertamente militar, la rebelión popular del 11 de abril y el paro petrolero que estalló en diciembre de ese año. Paradójicamente, gracias a estos dos sucesos, Chávez pudo profundizar la purga que venía llevando a cabo en la Fuerza Armada desde el primer día de su gobierno para conformar una estructura de mandos militares ciegamente leales a su jefatura y por otro lado asumir un control personal absoluto de la industria petrolera, cuyas inmensas riquezas le han servido de punta de lanza para fomentar su expansión política en el resto del continente, un objetivo que por supuesto satisface su vanidad personal, pero que sobre todo le garantiza a su gobierno respaldo continental en caso de peligro, y que manejada sin control alguno le facilita el financiamiento de sus costosos planes políticos dentro y fuera de Venezuela.
Otra observación a tener en cuenta. A medida que Chávez avanzaba por ese laberíntico camino, su continua oferta de regalitos político-electorales envenenados le permitió generar, después de las traumáticas elecciones parlamentarias de 2005 y de su victoria en las presidenciales del año siguiente, una ficción casi perfecta de normalidad política. A partir de ese instante Chávez intuyó que estaba a un paso de su meta y se sintió con fuerza, primero, para desconocer en la práctica su derrota en el referéndum constitucional de 2007.
Después, para promulgar, al calor de la Habilitante, las leyes que necesitaba para consolidar la hegemonía absoluta del nuevo Estado, apuntalado en el socialismo como pretexto y en un poderío militar y comunicacional cada día más avasallante.
El remate de este proceso, sin duda acelerado en el tiempo por el imprevisto cáncer presidencial y la aparición de varios aspirantes civiles a ser su sucesor, se produjo el 8 de noviembre de 2010, cuando el general Henry Rangel Silva, jefe del Comando Estratégico Operacional, declaró tranquilamente que ni él ni las tropas a su mando aceptarían una derrota electoral de Chávez en las elecciones de octubre. La reacción presidencial no se hizo esperar.
Primero, ascendió de inmediato a Rangel Silva al grado de general en jefe. Segundo, lo nombró ministro de la Defensa.
Al fin había llegado el momento de quitarle al régimen los transparentes velos democráticos que hasta ahora venían disimulando la crudeza de sus planteamientos, y así, el pasado 17 de enero, en el acto de juramentación de Rangel Silva, Chávez retomó el discurso antidemocrático y anticonstitucional del nuevo ministro, y en el tono agresivo de sus discursos más radicales, le advirtió a la oposición que “no vamos a permitir que la burguesía vuelva a apoderarse de la patria”. Por las malas ni por las buenas.
Dentro de este contexto no tiene nada de extraño el nombramiento de Rangel Silva, ni que el Ejecutivo pase por alto el 23 de Enero, menos aún que vaya a celebrar por todo lo alto el 4 de febrero, elogio inadmisible al sometimiento de los poderes civiles del pueblo y la democracia al dominio autocrático de un régimen militar que aspira, ya sin tapujos, a conservar su hegemonía absoluta, cueste lo que cueste, hasta el fin de los siglos por venir.
Por: ARMANDO DURÁN
Política | Opinión
EL NACIONAL
