“No sólo fue un robo, fue
un atraco a mano armada”
■ Propietario espera desde el 2003 pago por finca que le fue expropiada.
El productor barinés Rogelio Peña sintetiza así la expropiación de su finca: “No sólo fue un robo, fue un atraco a mano armada”. Aún recuerda la fuerte presencia militar aquél día del amor y la amistad del 2003.
Han pasado casi nueve años y aún no recibe un bolívar por las 3 mil 600 hectáreas del Hato Santa Rita, en el municipio Obispos de Barinas. El Instituto Nacional de Tierras decidió otorgar una carta agraria a una cooperativa y el dueño fue desalojado.
Aunque en 2003 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia falló a su favor al declarar con lugar su demanda de amparo, Peña no ha recuperado el hato. El Inti en 2007, hizo el avalúo respectivo y ordenó indemnizar al afectado con 4 millones 805 mil 431 bolívares. El Gobierno tampoco ha dado cumplimiento a este acuerdo, lamentó vía telefónica.
Su caso no es aislado. El Ministerio de Agricultura reconocía en diciembre pasado la expropiación de 3,6 millones de hectáreas sólo en la primera década de la revolución. Sólo 2% del total están verdaderamente productivas, ha refutado Fedecámaras.
No hubo vilipendio:
Con su intervención durante la Memoria y Cuenta de Hugo Chávez, el pasado viernes, la diputada María Corina Machado no vilipendió ni al Presidente de la República ni a las instituciones, sostuvo el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Aníbal Rueda.
La ONG Conciencia y Dignidad, vinculada al chavismo, emplazó públicamente a la Fiscalía a abrir una investigación por vilipendio a la figura presidencial. “Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela, cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar”, le dijo Machado a Chávez, quien interpretó que lo habían llamado ladrón.
Para que exista el vilipendio se necesita que haya una ofensa contra las instituciones públicas. En las palabras de Machado, razonó el abogado, no se le está imputando un delito concretamente al Presidente ni a una institución.
Si las acusaciones oficialistas se formalizasen, sin embargo, haría falta primero que la Asamblea Nacional someta a consideración la inmunidad parlamentaria de Machado. De aprobarlo, el Parlamento remitiría la imputación al Tribunal Supremo de Justicia para que alguna de sus salas o tribunales comience un juicio y resuelva.
“La diputada dijo la verdad. Cuando por la vía de hecho se hace una expropiación, eso no es más que un robo”, opinó el experto tomando como marco que en todo Estado democrático, el ejercicio de la administración se fundamenta en normas preestablecidas contenidas, en el caso de Venezuela, en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social.
Según este mecanismo legal, explicó Rueda, el interés social de la propiedad privada prevalece sobre el interés privado. Incluye dar cumplimiento a fases previas de arreglo exitoso, evaluación de los bienes y pago de lo que se va a expropiar. En el caso venezolano ocurren más por la “vía de hecho”, como se conoce en Derecho. “Se toman las cosas sin haber hecho algo previo”. Más grave aún es cuando se hacen acompañar de la fuerza pública o incluso, de militares, acotó.
Por: DANIEL PABÓN
dpabon@el-carabobeno.com
