Denuncian que las FARC expropiaron
42.000 hectáreas en Colombia

■ El ‘Mono Jojoy’ ordenó en 1998 una “reforma agraria” en el Caguán.

■ La entrevista publicada por EL TIEMPO generó la reacción de diferentes organismos del Estado.

■ El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, reveló que ante su cartera se han registrado desde junio del año pasado cerca de siete mil reclamos que aspiran a recuperar 416.218 hectáreas de tierra usurpadas por rebeldes y por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares de la ultraderecha armada).

Unas 350 mil familias “a quienes se les despojó no menos de 2 millones de hectáreas, tendrán derecho a reclamar la restitución de sus predios”, dijo Restrepo y consideró que “en el último cuarto de siglo se presentaron en el país fenómenos de abandono forzado de cerca de 4 millones de hectáreas”.

La denuncia que hizo el nuevo director de la Unidad de Consolidación, Álvaro Balcázar, publicada el domingo, generó la reacción de diferentes organismos del Estado que alertaron sobre la gravedad del tema.

Por ahora, el Gobierno prepara un informe sustentado en la información hallada en los computadores de los jefes guerrilleros muertos o capturados, los testimonios de desmovilizados y las pocas denuncias que existen (que serían solo del 10 por ciento).

Por su parte, el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, en diálogo con este diario señaló que en 15 días empezarán una comisión en la altillanura (en Meta, Vichada y Caquetá) para revisar el tema de tierras. “Muy seguramente nos encontraremos con algo de las Farc en esta zona”, agregó.

La información hallada en el PC de Víctor Julio Suárez, el ‘Mono Jojoy’, da cuenta de que a través de un despojo masivo, ordenado por el secretariado de las Farc desde 1982, se abrió un corredor a través de fincas que están en manos de testaferros.

Los informes de Inteligencia de Policía y Ejército dan cuenta de un despojo de tierras en seis departamentos y un corredor de ganadería instalado por las Farc con más de 400 mil cabezas de ganado en los municipios de Morelia, Doncello, Puerto Rico, San Vicente y Cartagena del Chairá (Caquetá). Tan solo los terrenos despojados, en 16 municipios, formaron uno de los corredores de movilidad más grandes de la guerrilla.

El gobierno informó que tiene evidencias de que los rebeldes poseen haciendas arrebatadas a campesinos de entre 5.000 y 46.000 hectáreas en al sur del país y anunció acciones para recuperar el dominio sobre estas zonas.

El director de la recién creada Unidad de Consolidación y Reconstrucción Territorial, Alvaro Balcázar, dijo el domingo que el despojo de tierras en el país protagonizado por las Farc “podría ser superior” al perpetrado por grupos paramilitares.

Agregó que según la información recopilada, las Farc son dueñas de “una finca, por ejemplo, de 5.000 hectáreas y de otra de 42.000” en los departamentos de Meta y Caquetá, fortines históricos de dominio guerrillero.

Dijo que hay otros casos similares en las zonas San Vicente del Caguán y en la Macarena, donde la población comenta que en hay fincas “que sobrepasan esos niveles de hectáreas… Eso es vox populi” o de conocimiento público, señaló.

El funcionario detalló que el avalúo de estas propiedades fácilmente alcanzan los 65.000 millones de pesos incluidos lotes de ganado y caballos.

La información con la que cuenta el gobierno procede de testimonios de habitantes de las regiones donde hubo despojo de tierras y desplazamiento, además de datos encontrados en los computadores de los máximos jefes de las Farc abatidos en combate por la fuerza pública, entre ellos los aparatos de alias “Mono Jojoy”, que murió en una operación militar en 2010.

Bálcazar dijo que su oficina informará de estas denuncias a las instancias judiciales colombianas para que adelanten las respectivas investigaciones y procedan, de ser cierto, a expedir órdenes de extinción de dominio sobre los diferentes predios que estarían en control directo o de testaferros (terceras personas) de las Farc.

Sin embargo, advirtió que ese proceso “toma mucho tiempo porque la recolección de pruebas para hacer firmes las decisiones (judiciales) es muy compleja en ese tipo de zonas”.

Entre algunos escollos está el hecho de que gran parte de los lotes usurpados a campesinos fueron poblados mediante colonización y no estaban titulados oficialmente, lo que hace más difícil demostrar la tenencia de su dueño original.

Cuando se tenga el permiso, la tarea será “entrar a controlar los territorios donde se ubican esos predios”, explicó el funcionario. Señaló que la consolidación estatal en estas zonas no sólo será militar y policial sino buscará brindar las condiciones requeridas de salud y educación, entre otras.

“La institucionalización del territorio es una condicional fundamental para que no haya actividad ilegal que ejerza control sobre el territorio”, sostuvo.

En Colombia, un país de 114 millones de hectáreas de tierra, al menos dos millones le fueron quitadas a los campesinos por grupos armados ilegales, cuatro millones fueron abandonadas por sus propietarios por temor al accionar de esos grupos y entre 400.000 y 500.000 le fueron “robadas” al Estado en procesos fraudulentos en notarías y registros.

La entrevista:

Se trata de tierras arrebatadas a sus dueños, la mayoría, en Meta y Caquetá.
El primero de enero entró en funcionamiento la Unidad de Consolidación y Reconstrucción Territorial, que tiene la misión de recuperar para el Estado zonas que por décadas han estado en manos de los grupos armados ilegales. EL TIEMPO habló con su director, Álvaro Balcázar, quien asegura que el país aún no tiene idea del despojo de tierras cometido por las Farc, especialmente en el suroriente.

¿Qué es la Unidad de Consolidación?

Es una entidad con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Hace parte del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación y nuestra tarea es recuperar la presencia del Estado donde, por su ausencia, se incubó la amenaza de guerrillas, paramilitares y otras organizaciones ilegales. Estas llegaron de la mano de la barbarie, la violencia, los cultivos ilícitos y, recientemente, de la minería ilegal; todo porque el Estado no implantó allí sus capacidades para ejercer un efectivo control del territorio y fortalecer la democracia.

¿Cuáles son las zonas prioritarias para ustedes?

Montes de María, Catatumbo, Norte de Santander, el nudo de Paramillo (que incluye cinco municipios del sur de Córdoba y diez municipios del nororiente antioqueño o bajo Cauca), la zona de La Macarena-Caguán (seis municipios del sur del Meta, más seis municipios de Caquetá), la región de la cordillera Central (cuatro municipios del sur del Tolima, cinco del nordeste del Cauca y dos del sureste del Valle).

También están Tumaco y cuatro municipios fronterizos de Putumayo. Son regiones donde se sostiene el conflicto y permanecen los grupos armados por razones estratégicas, logísticas, operacionales, históricas y simbólicas.

El país acomete este año un reto histórico: devolverles a las víctimas las tierras que les robaron los paramilitares. ¿Qué se sabe del despojo cometido por las Farc?

Hemos recibido mucha información y el país tiene conocimiento del despojo que produjeron los paramilitares. Pero el despojo de las Farc es igual o peor. Los grupos guerrilleros basan su permanencia en el control del territorio. Esto no quiere decir que la gente esté del lado de las Farc. Es que, si no hay Estado que la proteja, la gente termina necesariamente haciendo lo que las Farc necesitan que hagan, no por su voluntad, sino presionada por la amenaza y la intimidación.

¿Cómo han hecho ese despojo?

Se han llevado a los niños, aunque sus padres no estén de acuerdo. Los ponen a cumplir ciertas funciones y la familia que se niega se tiene que ir. Cuando empezaron a acabarse los cultivos ilícitos, mucha gente quedó sin empleo y abandonó fincas que eran muy distantes y ahora las Farc están poniendo allí a personas que cumplen funciones logísticas y estratégicas. Esta es una especie de repoblamiento invisible.

¿Por qué no hay denuncias de esta situación?

A la gente le da miedo reclamar. Pero incluso si en este momento quisiéramos hacer actividades de restitución es muy difícil que la gente acepte que le devuelvan tierras en zonas donde las Farc todavía tienen el control del territorio. Por eso hay que estar sincronizados. Y no hemos visto que muchas organizaciones que protegen los derechos humanos visibilicen esas situaciones.

¿Cuál es la dimensión real del problema?

Hay que hacer un proceso coordinado de Fiscalía, Fuerza Pública, CTI e inteligencia para priorizar los casos de testaferrato evidentes. Hay grandes fincas y predios que toda la gente sabe de quién son, pero su judicialización es difícil porque no hay pruebas físicas y habría que recurrir a la denuncia de los ciudadanos.

Sin embargo, en nuestro régimen penal no está suficientemente protegido el anonimato del denunciante cuando se trata de una organización criminal, así que es difícil conseguir la denuncia contra las Farc, que son las primeras en enterarse.

¿Tienen cálculos de las tierras robadas por la guerrilla?

Podemos decir con toda seguridad que en los departamentos de Meta y Caquetá hay haciendas de entre 5.000 y 42.000 hectáreas que están en manos de testaferros.

¿Qué va a hacer el Estado?

Si no se desarticula la amenaza, va a ser difícil darle confianza al ciudadano. El miliciano se va debilitando cuando la estructura se repliega, va perdiendo capacidad de intimidación hasta que se vuelve inocuo.

¿Es esa la mayor dificultad en el proceso de consolidación?

Las Farc se han ido replegando a zonas selváticas con muy poca población. Esto nos da una oportunidad de ir llenando de Estado todo ese vacío. Mientras los grupos ilegales vayan siendo replegados, irán perdiendo capacidad para reordenar el territorio a su interés, para continuar haciendo despojo. Ellos pueden hacer despojo cuando se pasean como Pedro por su casa. Hay zonas emblemáticas como La Macarena donde falta mucho trabajo, especialmente en áreas donde mucha población campesina está influenciada por las Farc.

¿Y las otras zonas?

Indudablemente, la zona estratégica y fundamental, desde el punto de vista de la guerrilla, es La Macarena. Esta es la retaguardia estratégica de las Farc. Allí está más del 40 por ciento de la estructura armada del país. Desde el punto de vista de ‘bacrim’ y nuevas organizaciones criminales asociadas al narcotráfico, es claro que las regiones son el nudo de Paramillo y Tumaco. Y una región que toma un papel muy importante, para el futuro, es el Catatumbo.

Usted conoce muy bien La Macarena. ¿Cuál es la clave para una verdadera consolidación?

Necesitamos seguir mejorando la capacidad de sincronizar los esfuerzos que debe hacer el Estado. Esto es una lucha árbol por árbol, vereda por vereda y caño por caño. En la medida en que esto se logre, también es necesaria una oportuna presencia policial y judicial para desactivar la amenaza, porque la operación militar alcanza unos límites, pero luego queda maniatada cuando el enemigo ya no está armado, con fusiles y uniformes, sino disperso y soportado por el trabajo de los milicianos.

¿Es tan difícil hacerlo?

La gente no pide mucho, solo una escuela, un centro de salud, una carretera terciaria y un puente. Con eso ellos comienza a reconstruir su vida, pero eso es lo que falta. Necesitamos las facultades judiciales de la Policía para empezar a generar control territorial, jueces y fiscales para control institucional y la provisión de los más básicos bienes y servicios.

Seguridad y desarrollo, las claves

¿Cómo van a hacer para articular a todo el Estado?

En cada uno de los 51 municipios del programa va a haber una persona que será el rostro permanente ante la comunidad. A nivel nacional tenemos una estructura de apoyo, una especie de Contraloría, que revisará que el plan elaborado con alcaldes, gobernadores y la comunidad se está cumpliendo.

¿Qué papel jugarán los ministerios?

Para esa área hay otra dirección de articulación, encargada de que haya compromisos de los ministerios de Transporte, Educación, de Salud y Protección Social, Minas y Energías, Vías y Agricul- tura. Esta dirección no solo articula a las entidades del Estado sino que también articula a la cooperación internacional. No es para que vayan y compren las tierras, es para que intervengan y compren las cosechas, hagan desarrollos productivos, carreteras… Lo que la gente está pidiendo.

¿Es cierto que habrá un giro en el tema de cultivos ilícitos?

Precisamente, la tercera dirección se encargará de resolver el tema de cultivos ilícitos, que antes estaba en Acción Social. Ahora es parte de la Unidad de Consolidación y estará en manos del general retirado de la Armada Rafael Colón, quien ha hecho un trabajo enorme de sensibilización social. Por ahora, hemos empezado a hacer una erradicación sostenible de esos cultivos ilícitos.

Álvaro Balcázar, un experto en lo rural

El hombre encargado de consolidar siete regiones viene de la academia

Docente universitario, un consumado académico y enamorado de los retos que hay en el campo, Álvaro Balcázar, el responsable de consolidar las zonas ocupadas por los grupos armados, lleva 30 años dedicado a los estudios, trabajos e investigaciones sobre desarrollo rural.

También es experto en política agrícola, tecnología, comercio, finanzas rurales y políticas públicas, y es un duro crítico de lo que hacen y dejan de hacer los gobiernos frente al tema.

Hizo estudios sobre competitividad en la agricultura colombiana y posibilidades en comercio internacional, y conoce muy bien lo relativo a cultivos ilícitos, conflicto y desarrollo. Fue director de la Unidad de Desarrollo Agrario y de Planeación Nacional en los tres primeros años del gobierno Samper.

Por: JINETH BEDOYA LIMA –
SUBEDITORA DE JUSTICIA
Editorial, EL TIEMPO