Prótesis deben
ser sustituidas
■ Denuncia por prótesis PIP formalizaron en tribunales.
■ Afectadas exigen que comercializadora costee sustitución de los implantes.
■ El abogado Gilberto Antonio Andrea informó que más de 750 mujeres suscribieron la petición por el derecho a la salud y a la vida.
■ Ayer fue entregado al Tribunal Supremo de Justicia el amparo constitucional de las mujeres que se hicieron implantes en los senos con las prótesis PIP, que contienen silicona industrial.
■ La ministra de Salud, Eugenia Sader, anunció la remoción gratuita de los implantes, pero la colocación de otras, para no quedar deformadas, no son parte del ofrecimiento
María Pérez se levantó ayer temprano y se dirigió a una clínica privada de Catia para que le hicieran un ecosonograma mamario. Tras varios días escuchando las informaciones sobre las prótesis mamarias Poly Implant Prothèse, elaboradas con silicona industrial, y con la certeza de que en sus senos están esos implantes, acudió a hacerse el chequeo por recomendación de su cirujano. “Me dijo que me hiciera el ultrasonido y luego él me vería en consulta el 16 de enero”, indica la caraqueña, de 50 años de edad.
El estudio reveló lo que ella esperaba, especialmente después de haber leído en prensa que las prótesis son susceptibles de romperse por su manufactura irregular. Tiene una fisura en la mama derecha, que se encapsuló y generó nódulos cercanos a la axila. El informe médico es claro: la recomendación es una mastectomía.
Pérez debe pagar aproximadamente 16.000 bolívares por la sustitución de los implantes que se colocó hace 4 años y por los que había pagado 13 millones de bolívares de los viejos.
Sin pensarlo mucho, al terminar el estudio se dirigió a Plaza Caracas, para firmar el recurso de amparo constitucional que 470 mujeres, de acuerdo con el abogado Gilberto Andrea, representante del grupo, introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia.
El documento entregado ayer exige a la distribuidora venezolana Locatel que asuma los costos de sustitución de todas las prótesis de esa marca en el país, tanto los gastos quirúrgicos como los honorarios médicos.
De acuerdo con Andrea, se trata de un amparo constitucional a dos derechos fundamentales, como son la salud y la vida. El abogado detalló que piden al Estado que ordene a la empresa que indemnice a quienes tienen en su cuerpo esas prótesis, pues “el producto entró al país sin realizar la solicitud de comercialización a las autoridades de salud, y las ganancias económicas por las ventas de las prótesis no pueden quedar en el bolsillo de los comerciantes, sino que tienen que estar a disposición de las víctimas”.
Responsabilidad monetaria:
La principal razón por la que Pérez acudió ayer a respaldar el amparo interpuesto es porque no cuenta con el dinero para la operación a la que debe someterse. Aunque la ministra de Salud, Eugenia Sader, anunció en días pasados que las afectadas podían acceder gratuitamente a la cirugía de remoción de los implantes en la red hospitalaria nacional, la colocación de otras prótesis no forma parte del ofrecimiento.
Quienes llevan prótesis mamarias no pueden sólo extraerlas; también deben sustituirlas, pues de no hacerlo quedarían deformes. “No somos las víctimas quienes debemos pagar la cirugía porque a nosotras nos vendieron estas prótesis como lo mejor que había en el mercado”, señaló.
El recurso que ayer suscribió Pérez solicita a la comercializadora que detalle a las autoridades el monto de las ganancias acumuladas por la venta de los implantes, y que entregue el doble de esa cantidad al Estado, como garantía de que costeará los procedimientos quirúrgicos que sean necesarios, por lo que la preocupación económica de la mujer podría desaparecer si el TSJ admite la solicitud.
El abogado Andrea explicó que la demanda también trata de asegurar la importación de implantes seguros biológicamente para sustituir los dañinos, así como la confiscación de todas las prótesis PIP que pudiera haber en existencia en clínicas, cadenas farmacéuticas y mayoristas de insumos médicos, para evitar que sean comercializadas y sigan reportando riesgos a la salud.
En conversaciones:
EL NACIONAL intentó ayer contactar a un gerente de Locatel para conocer su reacción ante el recurso legal interpuesto que la responsabiliza como distribuidora del producto en el país, pero fue imposible obtener una respuesta. Lo único que se pudo saber es que la representación legal de la compañía estaba ayer en conversaciones con las autoridades sanitarias francesas que dieron el visto bueno a la manufactura de los implantes, antes de fijar posición pública sobre la acción legal.
Hasta este momento, la casa comercializadora sólo había acordado con la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica y Reconstructiva la sustitución de los implantes PIP por otras prótesis, si las pacientes interesadas cancelaban la diferencia de precio entre ambos productos.
Se desconoce si el programa de reemplazo de prótesis continuará tras el amparo solicitado.
Gran Bretaña
No creen necesarias las cirugías:
Representantes del Gobierno de Gran Bretaña expresaron ayer que un grupo de expertos concluyó esta semana que no hay necesidad de realizar extracciones generalizadas de los implantes mamarios fabricados por la compañía francesa Poly Implant Prothese, PIP, cuya calidad ha sido duramente cuestionada en las últimas semanas.
“Nuestro consejo sigue siendo el mismo, que no hay suficiente evidencia para recomendar una remoción de rutina”, indicó el secretario de Salud británico, Andrew Lansley, en un comunicado.
Aún así, el Gobierno de ese país ha indicado que las mujeres que hayan recibido las prótesis PIP que estén preocupadas por su salud, pueden someterse a una operación de remoción costeada en su totalidad por el Servicio Nacional de Salud. “Creemos que los proveedores privados de atención médica tienen la obligación moral de ofrecer el mismo servicio a sus pacientes que el que ofrecemos a los pacientes del NHS: información, consultas, controles y remoción gratuita si es necesario”, agregó. Las autoridades francesas y alemanas continúan aconsejando a las mujeres que tienen implantes PIP que se sometan a una operación de remoción. En Berlín, representantes del Ministerio de Salud dijeron que informes médicos mostraron que los implantes podrían constituir un riesgo a la salud, aún si no se rompen.
Por: LILIA MALAVÉ G.
lmalave@el-nacional.com
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