Angustia y rabia de los familiares
 presos de la cárcel Yare I y II

■ En Venezuela las mafias que gobiernan las prisiones.

■ Son casi 1.000 familiares que ingresaron el viernes a la cárcel de Yare I y II, en las afueras de Caracas, para pasar el fin de año y en lugar de retirarse el lunes decidieron quedarse.

■ Ochocientas mujeres, 150 niños y adolescentes y cinco hombres familiares de presos permanecen “autosecuestrados” en una prisión de Venezuela para protestar, contra el retardo procesal principalmente, en una práctica no del todo inusual en un país con un sistema carcelario en crisis.

La información fue confirmada el martes por la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, quien dijo que se trataba de “una situación de autosecuestro. Es una situación voluntaria. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio?: hablar con ellos”.  

Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, una organización que promueve la defensa de los derechos humanos de los privados de libertad, le dice a BBC Mundo que considera “inadecuado el término ‘autosecuestro’. Por lo que he conversado con presos y familiares de presos que están dentro y afuera hubo un acuerdo para quedarse (…) Hasta que la ministra no vaya, no van a parar”.

“Puede haber algún grupo pequeño que esté contra su voluntad pero se callan la boca por motivos de solidaridad”, agrega.

Nieto Palma fue contactado el lunes por presos y familiares para informarle de la situación.

¿De qué se quejan?

Seis de cada diez presos en cárceles venezolanas ni siquiera han tenido una audiencia preliminar y es este retardo procesal el principal motivo de queja entre los reclusos.

También están protestando por el ofrecimiento, no concretado, de otorgar medidas sustitutivas a la privación de libertad, las malas condiciones de vida dentro de los centros penitenciarios y por maltratos de la Guardia Nacional.

La situación del “autosecuestro” “no es algo nuevo”, dice Nieto Palma, “pero tampoco es que se dé todos los días, ocurre con relativa frecuencia”. El primer caso que recuerda se dio hace 10 años.

“Por lo general -le dice a BBC Mundo Luis Cedeño, de la ONG Paz Activa- en estos ‘autosecuestros’ se llega a una etapa de tensión máxima porque no hay comida y no están dadas las condiciones para albergar a las personas y los terminan ‘liberando’, y algunas veces se ha resuelto con el traslado de un grupo pequeño de presos a tribunales”.

En Yare se originó luego de que los familiares no se retiraran tras la llamada “pernocta”, un mecanismo que se viene aplicando desde 2008 por el cual las esposas e hijos de los presos pasan una noche o el fin de semana en los centros de reclusión.

La ministra aseguró que se trata de “un derecho adquirido que se va a ir eliminando poco a poco (…) Tenemos un plan nuevo que se ha presentado al país para hacer las cosas distintas, pero abordando de otra manera”.

Nieto Palma denuncia el “descontrol” en el sistema de visitas, por la falta de espacios especiales para ello, y asegura que el sistema de la pernocta “fue una orden que en su momento la dio el ministro del Interior, Tareck El Aissami, como una forma de que los familiares cubran las carencias del Estado porque van el fin de semana y mejora la higiene, llevan ropa, comida”.

Las propias autoridades han reconocido que “se efectuaron denuncias de situaciones ocurridas durante las pernoctas que ponen en riesgo la integridad de los familiares”, según ha dicho la Defensoría del Pueblo.

La prensa ha reportado de un caso en el que un hombre mató a su mujer en una de estas pernoctas y luego fue asesinado por otros reclusos.

Sin embargo, la Defensoría ha dicho que se trata de una de las “medidas que ha implementado el Ministerio del Interior para humanizar el entorno penitenciario y contribuir con la disminución de los niveles de violencia”.

Un Ministerio para la crisis:

Varela asumió el cargo a mediados de año en un Ministerio creado tras un clic motín en la cárcel de El Rodeo, cuando durante 27 días un millar de presos resistieron con armas un intento de las autoridades por controlar el recinto.

Ese hecho puso en evidencia una vez más la crisis en el sistema carcelario del país, donde unas 50.000 presos se hacinan en 34 centros penitenciaros con capacidad para 18.500 personas.

Una de las primeras medidas anunciadas por Varela fue un clic plan para descongestionar las cárceles que incluía la liberación del 40% de los presos, algo que aún no se ha concretado.

Las cárceles venezolanas, con clic casi 500 muertos este año, son consideradas las más violentas de la región y su control, muchas veces, no está en manos de las autoridades sino bajo clic mafias carcelarias y redes de corrupción.

“El ejemplo más claro de esta situación -denuncia la ONG Provea- es la suspensión de las requisas y el pase diario de lista y número en distintos establecimientos penitenciarios, y el porte de armas por parte de la población encarcelada, calificado por el director de un establecimiento penitenciario como ‘cuestiones incontrolables que sólo las domina la población penal'”.

Esta semana cinco presos acusados de violación contra menores fueron asesinados en sus celdas en una cárcel del estado Táchira y los clic secuestros de funcionarios carcelarios se dan con cierta frecuencia.

El propio ministro del Interior, Tareck El Aissami, ha reconocido la existencia de “una suerte de gobierno que no le permite ejercer al resto de la población privada de libertad sus derechos”.

La situación tampoco es nueva: en 2004 el gobierno decretó una “emergencia penitenciaria” y dos años más tarde lanzó un Plan de Humanización Penitenciaria 2006-2011 que, entre otras cosas, establecía la construcción de 25 cárceles.

En ese período el gobierno construyó dos, denuncian las organizaciones no gubernamentales.

Mafias que gobiernan:

Pagar para comer. Pagar por un lugar para dormir. Pagar para sobrevivir. Dentro de algunas cárceles en Venezuela funcionan mafias y redes de corrupción que, aunque no desconocidas anteriormente, quedaron en evidencia por lo que acontece en la prisión de El Rodeo.

Son verdaderas estructuras de poder que controlan la vida de miles de presos en este centro penitenciario ubicado en la localidad de Guatire, 50 kilómetros al este de Caracas.

El año pasado 22 de ellos murieron en un enfrentamiento entre bandas rivales y cuando las autoridades intentaron el viernes retomar el control del centro llegó el caos.

Se toparon con un monstruo que han alimentado, aseguran expertos. Y todavía no logran terminar la situación por completo.

La cuota:

El comandante de la Guardia Nacional Bolivariana comparó el choque con los presos con “la guerra de Vietnam, la Segunda Guerra Mundial”.

Fue una batalla porque los reos tenían armamento para dar pelea a unos 5.000 agentes de seguridad del Estado, pertrechados para el combate.

En la requisa de uno de los anexos del centro se incautaron cinco escopetas, siete fusiles, 20 pistolas, ocho granadas y 5.000 cartuchos, además de 45 kilos de cocaína y 12 de marihuana.

De acuerdo con un informe de empleados de la Dirección Nacional de los Servicios Penitenciarios, citado por el diario El Nacional, algunos funcionarios de la Guardia Nacional pueden cobrar 10.000 bolívares (US$2.300 al cambio oficial) por el ingreso de un arma de alto calibre a una cárcel.

Todo tiene una tarifa: una pistola (US$70), una granada (US$45) y seis botellas de alcohol (entre US$23 y US$46).

Los líderes dentro del penal, conocidos como “pranes o “principales”, consiguen sus recursos de cobrarle cuota a los presos, que deben pagar los domingos, cuando los familiares los visitan y les dan la posibilidad de generarles, a través del pago, algunos beneficios.

Les cobran una cuota básica para poder vivir ahí adentro”, le dice a BBC Mundo, Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, una organización que promueve la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Se estima que por semana los familiares deben dar entre 50 y 130 bolívares (entre US$12 y US$30).

Yuselis Páez, de 22 años, lleva días esperando por noticias de su esposo, Héctor Pacheco, preso en el Rodeo I. No sabe si se encuentra entre los 2.500 que fueron trasladados el domingo.

En conversación con BBC Mundo, Páez confirma que todos los domingos le debe llevar a su marido al menos 50 bolívares.

“Ahí nadie está seguro, salvo los ‘pranes’, que tienen cama y televisor”, explica. “El mío no tiene ni cama, así que le llevo pa’ que pague la ‘causa'”, una forma de alquiler que da derecho a alojarse un área determinada.

Páez, además, le lleva el dinero para que compre papel higiénico, jabón y desinfectante; también para evitar la comida de ahí. “Es muy mala”, dice.

Los presos hacen parrillada y pollo frito, y se consiguen refrescos, jugos, café y arepas, entre otras cosas: un mercado dentro de una prisión.

El dinero, cuenta Páez, se lo deben dar los “luceros”, un escalafón menor en la jerarquía carcelaria, encargados de recolectar los fondos del “pran”.

“Economía lucrativa”:

Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa, señala que “en la cárcel se paga por todo, porque el Estado no está”.

“Se maneja una economía muy lucrativa alrededor de los reos. Si no tiene dinero, es probable que muera. No va a tener dónde dormir ni qué comer”, agrega.

Y la posibilidad de este negocio trae sus consecuencias: “Eso corrompe a los guardias porque se alimentan de ese negocio”, dice Cedeño.

Desde el gobierno se reconocen los problemas de corrupción y se habla de atacar las mafias internas.

El ministro del Interior, Tareck El Aissami, aseguró durante el fin de semana que el “ingreso de las armas forma parte del deterioro institucional de estos establecimientos, hay complicidad de la custodia interna y externa. No ingresan solas”.

Pero el negocio no está sólo en las armas. Los “pranes”, líderes del recinto, también cobran por protección u hospedaje especial y se estima -de acuerdo al informe citado por El Nacional- que pueden manejar un negocio de cientos de miles de dólares al año.

Por: Juan Paullier
BBC Mundo, Caracas