Legitiman grabaciones ilegales
al permitir divulgación
■ Mesa de Alacranes opera impunemente a través de WordPress, Twitter y Facebook.
■ La ley es clara: comete delito tanto el que graba como el que difunde comunicaciones privadas sin la correspondiente autorización judicial.
■ Luis Carlos Díaz, del Centro Gumilla, señala: “Lo importante es que está quedando registro y en el futuro los afectados podrán obtener justicia”.
■ Fernando Núñez, director de Infociudadano, afirma que la falta de disposición para realizar investigaciones ajustadas a Derecho y la impunidad con la que se transmiten comunicaciones privadas de opositores, a través del canal del Estado, aumentan las sospechas sobre el oficialismo.
Con ligereza, Mario Silva ha pretendido salvar su responsabilidad penal, civil y administrativa por transmitir grabaciones ilegales de conversaciones privadas de dirigentes de la oposición: “Esas son cosas que ellos mismos han publicado en Internet y, por lo tanto, están a la vista de todo el mundo”.
Silva se refiere a Mesa de Alacranes, como se denominan los espacios en WordPress, Twitter y Facebook en los que se desprestigia a miembros de la Mesa de la Unidad Democrática.
El blog fue inaugurado el 2 de agosto pasado y uno de los primeros contenidos publicados fue una conversación telefónica entre los dirigentes políticos Oswaldo Álvarez Paz y Beatriz Contreras, respecto a la organización de un paro de trabajadores en Zulia. Se precisa que la grabación ilegal había sido difundida en 2009 por dos medios oficialistas: la radioemisora YVKE y el portal Abrebrecha. Sobre lo más reciente, destaca una conversación telefónica entre la precandidata presidencial María Corina Machado y su madre.
Los que alimentan Mesa de Alacranes han utilizado diversos servicios gratuitos de Internet, como Youtube, Vimeo, Polldaddy y Analytics Tops para procesar y editar imágenes, sonidos y datos estadísticos. Como todo el que quiere llamar la atención a través de la web, los autores de Mesa de Alacranes se esfuerzan por mostrarse lo más atractivos posible.
Son herramientas que están al alcance de cualquier ciudadano, mas no así el principal insumo informativo: las grabaciones ilegales de conversaciones privadas.
Investigaciones inconvenientes:
“Porque es evidente que el principal objetivo de estos espacios es atacar a la oposición, se puede presumir que tiene un origen en el chavismo e incluso en el Gobierno. La indisposición a realizar investigaciones ajustadas a Derecho y la impunidad con que se divulgan comunicaciones privadas obtenidas ilegalmente a través de Venezolana de Televisión aumentan las sospechas sobre el oficialismo”, razonó Fernando Núñez Nova, director de Infociudadano.
El especialista en comunicación digital asegura que en forma extraoficial supo que las averiguaciones emprendidas por la Unidad de Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas sobre la primera ola de hackeos a personajes críticos del Gobierno que hubo este año dieron resultados precisos sobre la autoría material de tales ilícitos. “El personal y los recursos tecnológicos que tiene la policía científica fueron usados con eficiencia, pero el resultado fue políticamente inconveniente y el jefe fue relevado del cargo”, afirmó Núñez Noda, en referencia al comisario Luis Bustillos Tábata, que hace tres meses fue apartado de las pesquisas.
Fuentes del Cicpc confirmaron la capacidad técnica del organismo para identificar al que ilegalmente grabe una conversación privada y explicaron que eso sólo lo puede hacer el que cuente con costosos y sofisticados equipos, así como información muy precisa sobre los teléfonos usados por las víctimas.
“La experiencia nos indica que suele haber complicidad de empleados de las empresas telefónicas, por lo cual es una de las primeras indagaciones que hacemos. Pero este tipo de delitos se asemeja a la delincuencia organizada en la medida que requiere la participación de muchas personas que actúan coordinadamente y, en algunos casos, la búsqueda se debe extender hasta las empresas contratistas que puedan aportar parte de la infraestructura que se requiere para interceptar y grabar una conversación telefónica”, indicó un funcionario policial.
Por acción y omisión:
“Después de la estatización de Cantv, el Gobierno tiene todo en sus manos”, indica Núñez Noda en respaldo de sus presunciones.
Más cauteloso, Luis Carlos Díaz, especialista en redes sociales del Centro Gumilla, señala lo que sí está a la vista de todos: “El Estado legitima este tipo de acciones delictivas a través de la retransmisión de las grabaciones ilegales por Venezolana de Televisión sin que nadie se atreva a impedirlo. Lo importante es que está quedando registro de la actuación del canal del Estado y, si no es ahora, en el futuro los afectados podrán obtener justicia”.
Díaz razona que, por tratarse de delitos, lo deseable es que las autoridades gubernamentales los rechacen y promuevan una investigación.
La permisividad del Gobierno en el caso de Mesa de Alacranes contrasta con la contundencia con que ha actuado en otros casos. Como lo registró el bloguero Luigino Bracci Roa: “Recientemente hemos conocido, gracias a algunos camaradas que trabajan en Cantv, que dicha empresa bloqueó durante las elecciones varios sitios web que alojan blogs, ello porque había algunas páginas que divulgaban resultados antes de lo permitido. Durante el 26 de septiembre se bloqueó a WordPress.com y en las pasadas elecciones del 5 de diciembre se bloqueó a Blogspot.com.
En ambos casos, Cantv no pudo bloquear únicamente al blog infractor, tuvo que bloquear los dominios completos, imposibilitando el acceso a cientos de miles de blogs”.
El agua derramada en la web es difícil de recoger. Por ejemplo, un ciudadano podría denunciar a Mesa de Alacranes ante WordPress. El experto Rafael Núñez explica que el trámite puede durar entre 72 horas y una semana, y sólo se requiere anexar copia de la denuncia ante la autoridad competente, como la Fiscalía o Conatel: “Pero el problema es que el atacante que pierda un blog puede abrir otro. Es así como han surgido los servicios integrales de protección de reputación en línea que contratan empresarios y corporaciones”.
Todos los especialistas afirman que aun cuando es difícil no es imposible identificar y sancionar a los que utilizan ilegalmente la web. “En Venezuela se guardan registro de todo, por lo menos durante tres meses. Sólo bastaría que las autoridades actúen”, razonó Rafael Núñez.
Por: EDGAR LÓPEZ
elopez@el-nacional.com
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