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INJERENCIA: Milicias y TSJ tratarán de cercar las universidades en 2012

Este año profesores universitarios salieron a las calles para manifestar descontento por bajos salarios y las deudas del Min. de Edu. Universitaria.

TSJ y milicias estudiantiles buscan
socavar autonomía universitaria

 

La UCV, LUZ, UDO, ULA y UC recibieron este año medidas judiciales.

Las milicias estudiantiles se perfilan como brazos armados en las casas de estudio.

Alumnos pro gobierno inscriben planchas con nombres similares a las opositoras para confundir.

La suspensión de las elecciones es el nuevo modus operandi oficialista para interferir en la vida académica.

11.449 votos logró la oposición en la más reciente elección de la UCV, mientras que los seguidores del oficialismo sumaron 4.460

“La ley vigente avala que las universidades se autorregulen y eso perturba los planes del Gobierno”, dijo la rectora de la UDO, Milena Bravo.

“Es una aberración que el Presidente pretenda hacer la ley de los consejos estudiantiles por la vía habilitante y los quiera reforzar con las milicias estudiantiles”, señaló el presidente de la FCU del Zulia, Víctor Ruz.

El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Diego Sharifker, denunció que los movimientos oficialistas intentarán ganar votos manipulando a los electores en el proceso del 9 de diciembre. “Saben que no tienen chance y buscan confundir para dispersar votos en planchas fantasmas que en muchos casos sólo tienen un candidato”, aseguró.

La sombra del pensamiento único se cierne sobre las universidades autónomas. Actos vandálicos contra la comunidad y su infraestructura, sabotaje de los procesos electorales internos y dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia ­sin mencionar el drástico recorte presupuestario­ son algunos de los mecanismos utilizados.

“La estrategia del Gobierno en su intento de desmontar el Estado de Derecho democrático tiene varias fases: primero, descalificar a quienes piensan distinto; segundo, crear estructuras paralelas, y tercero, aprobar leyes que sustentan su accionar. Cuando nada de eso funciona, entonces recurre al TSJ porque se supone que sus decisiones son de obligatorio cumplimiento”, señaló el secretario de la Universidad Central de Venezuela, Amalio Belmonte.

A su juicio, el máximo tribunal no actúa como el ente que imparte justicia con equidad, sino como el brazo jurídico del Ejecutivo para imponerle a las universidades dos cosas: un criterio de comunidad académica que se ajuste a un proyecto político y un mecanismo electoral que ofrezca las condiciones más favorables para los movimientos que respaldan ese proyecto.

Aunque admitió que históricamente los gobiernos han creado mecanismos de control de las universidades ­incluido el allanamiento de 1969­ sostuvo que el objetivo no ha sido interferir en los resultados de las elecciones internas.

“Nunca hubo un proyecto político para la Universidad; ahora lo hay. Esa es la gran diferencia. El actual Gobierno quiere construir un aparato ideológico y hacer de las universidades la herramienta fundamental de ese aparato porque entiende que es vital para instaurar la hegemonía. Las universidades son un freno para ese proyecto”, aseguró.

Las autoridades rectorales, decanos, gremios de profesores y ex rectores de la UCV expresaron que defenderán la autonomía universitaria de la violencia oficialista.

Brazo jurídico y armado:

En la más reciente elección estudiantil de la UCV las dos planchas de oposición sumaron 11.449 votos, mientras que las cinco oficialistas obtuvieron 4.460. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia, Víctor Ruz, considera que el temor del oficialismo de permitir las elecciones universitarias radica en esa diferencia.

Aunque las universidades tienen instancias competentes para resolver conflictos internos, como los consejos de escuela y de facultad, las comisiones electorales y el Consejo Universitario, los sectores estudiantiles identificados con el Gobierno acuden al TSJ para dirimir controversias.

“El TSJ no es un poder independiente, sino un apéndice del Ejecutivo que decide por mandato directo del Presidente. Es evidente que el Gobierno tiene un claro interés en hacer creer que los estudiantes lo respaldan, sobre todo a propósito de 2012, año electoral”, dijo Ruz.

Advirtió que el Gobierno pretende moldear un concepto que se menciona sin mayores precisiones en la Ley de Educación Universitaria (consejos estudiantiles) para su beneficio. En su opinión, esas instancias serán la próxima arma que se utilizará contra la autonomía de las casas de estudio.

“Es una aberración que el Presidente pretenda hacer la ley de los consejos estudiantiles por la vía habilitante, porque además los quiere reforzar con las milicias estudiantiles: un brazo armado, y con recursos, dentro de la universidad para sembrar violencia, enfrentamiento y terror”, señaló.

El ex secretario de reivindicaciones estudiantiles de la FCU-UCV Miguel Pizarro coincidió con Ruz. “Los consejos estudiantiles son un intento de eliminar las FCU y tratar de ganar por decreto lo que no ganan con votos. Las milicias estudiantiles vendrán a ponerle nombre a los grupos parapoliciales que actúan hace rato en nuestra casa de estudio para amedrentar y agredir”, manifestó.

Belmonte indicó que la situación de las universidades autónomas es alarmante, pues no sólo están intervenidas económicamente, sino que también se intenta socavar su base pluralista. “Hay muchas formas de allanar una universidad y a veces hay maneras más sutiles de hacerlo que poner un tanque en la puerta, pero al mismo tiempo mucho más duras que un tanque en la puerta”, dijo.

En suspenso:

Las cinco universidades autónomas padecen la suspensión de sus procesos electorales por obra del TSJ.

La seguidilla de decisiones comenzó el 16 de mayo con las elecciones de decanos de la UCV fijadas para el 20 de ese mes. Cinco días después tocó el turno a los comicios en la Universidad de los Andes y en la Universidad de Carabobo, ambos fijados para el 26 de mayo. El 12 de julio, luego de una reprogramación, le volvió a tocar a la ULA.

El 26 de octubre llegó el turno de LUZ. Fue la segunda medida de suspensión de elecciones estudiantiles para esa casa de estudio este año: la primera intervención en el proceso fue en mayo. El 8 de noviembre la Sala Electoral admitió un recurso contencioso contra los comicios del cogobierno estudiantil de la Universidad de Oriente, que se celebrarían el 9.

Las peticiones fueron presentadas por estudiantes, profesores o trabajadores y todas, menos una, fueron decididas por el máximo tribunal un día antes de la elección.

El último capítulo de esa serie podría escribirse esta semana. Para el 9 de diciembre están fijados los comicios de la Federación de Centros Universitarios y los centros de estudiantes de la UCV, contra los cuales fue solicitada una medida cautelar de suspensión, con el argumento de que el proceso debe incluir la elección de los consejos estudiantiles.

El proceso, inicialmente fijado para el 2 de diciembre, ha tenido tropiezos. El 15 de noviembre tres vehículos fueron incendiados frente a la Plaza del Rectorado y luego las autoridades de la Comisión Electoral fueron retenidas en la sede de La Floresta.

Perturbadores:

La petición de los sectores que se oponen a las elecciones universitarias es recurrente: abrir la participación a toda la comunidad universitaria, aprobar la paridad del voto y crear los consejos estudiantiles, entre otras.

La rectora de la UDO, Milena Bravo, considera que el problema no radica en las peticiones en sí mismas, sino en la politización del asunto. Entiende que el peso de las universidades autónomas como formadoras de profesionales con múltiples visiones y opiniones es lo que al mismo tiempo enriquece la democracia y preocupa al Gobierno.

“El tema de las elecciones y de la elaboración de una ley se ha politizado en extremo. La ley vigente avala que las universidades se autorregulen y eso perturba los planes del Gobierno. Nosotros estamos de acuerdo con la elaboración de nueva ley, pero debe surgir de las universidades, sus estudiantes, sus empleados, sus obreros, sus profesores y sus autoridades. Debe incluir por supuesto al ministerio, pero no puede nacer de un planteamiento unilateral desde el Ejecutivo”, dijo Bravo.

En su opinión, al acudir al TSJ como instancia de resolución del conflicto buscan controlar la institución educativa.

“Los estudiantes son quienes calientan la calle y el Gobierno no ha podido controlarlos en 13 años, como sí lo hace en sus casas de estudio”.

Explicó la diferencia entre enseñar a pensar y enseñar cómo y qué pensar: “En el pénsum de los estudiantes de Medicina Integral hay tres años de formación política obligatoria. En nuestras universidades hay pluralidad”.

Kevin Ávila y la autonomía:

El bachiller Kevin Ávila es el estudiante sancionado con expulsión por el Consejo Universitario de la UCV el 18 de noviembre y cuya reincorporación ordenó el TSJ horas después.

El presidente de la FCULUZ, Víctor Ruz, afirma que la decisión del tribunal es el golpe más duro que ha recibido la autonomía universitaria desde 1999. “Mi opinión va más allá de si el compañero Kevin debía ser expulsado: el Consejo Universitario es la máxima autoridad de la universidad y el TSJ le pasó por encima”.

Añadió que el Poder Judicial no actuó con independencia: “Vimos cómo el señor Presidente emite una instrucción durante un discurso y luego el TSJ toma la decisión”.

Otra arista del asunto autonómico se relaciona con las universidades experimentales, pues algunos procesos electorales estudiantiles que apuntan a la pluralidad resultan frustrados.

Es el caso de la Universidad Rafael María Baralt, en Zulia, donde según Ruz se ordenó incorporar al padrón electoral a 8.000 estudiantes de una misión de médicos comunitarios, lo cual volteó los resultados a favor de la plancha oficialista.

Planchas falsas:

El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV y aspirante a la reelección, Diego Sharifker, denunció que los movimientos oficialistas intentarán ganar votos manipulando a los electores en el proceso del 9 de diciembre.

“Sabiendo que no tienen chance de ganar buscan confundir para dispersar votos en planchas fantasmas que en muchos casos sólo tienen un candidato”, dijo.

Mientras que las tres planchas opositoras que competirán por la dirigencia estudiantil en la UCV se llaman 100% Unidad y Gestión, U y Presupuesto Justo, los oficialistas inscribieron por lo menos cuatro planchas con nombres fáciles de confundir como 10% Unidad, 1000% Estudiantes, 100% Autonomía y la más insólita de todas: Mesa de la Unidad Democrática Estudiantil.

Sharifker exhortó a los universitarios a estar muy atentos cuando vayan sufragar y que eviten caer en la trampa de confusión tendida por sus adversarios.

Informó que son aproximadamente 50.000 estudiantes habilitados para votar en la UCV y esperan una participación de entre 15.000 y 20.000 bachilleres.


Por: MARU MORALES
mmoralesp@el-nacional.com
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