Walter Márquez: Sea una masacre o
enfrentamiento, debe investigarse

■ “Los Boliches están en el monte”, afirman.

■A las 7: 00 pm comienza el toque de queda en Guasdualito.

■ El PCV advierte que si fue una agresión contra civiles hay que condenarla.

■ A familiares de las víctimas les informaron que una comisión del Gobierno los entrevistará hoy.

Desde que ocurrió el supuesto enfrentamiento FAN-irregulares en la reserva forestal San Camilo el martes, el Ejército patrulla las calles del pueblo, así como zonas aledañas.

■ Los residentes señalan que la Fuerza Bolivariana de Liberación se replegó y que por ahora estará desaparecida de la zona.

■ Luego del enfrentamiento entre la FAN y grupos irregulares en la reserva forestal de San Camilo, los militares patrullan las calles del pueblo. Impera el silencio y la coacción política. Proponen mesas de trabajo para discutir y aprobar planes que erradiquen la violencia y los grupos armados al margen de la ley.

El retiro táctico guarda relación con el anuncio de Hugo Chávez de que no aceptará injerencia de irregulares en la frontera, y la orden dada al Alto Mando Militar de repeler a cualquier grupo de delincuentes. “Impera la ley del silencio y la coacción política”, afirmó el diputado independiente Walter Márquez, que investigó la masacre de El Amparo del 26 de octubre de 1988.

El también alto comisionado de los derechos humanos de Táchira e integrante de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional considera que el suceso en el sector Boca de Río Vieja, parroquia Urdaneta, La Victoria, no debe ser callado.

“Por imperativo de la Constitución, por los tratados internacionales y por ser un hecho comunicacional el Estado está obligado a investigar, independientemente de los elementos ideológicos y las circunstancias de que si eran o no delincuentes o haya sido un enfrentamiento o masacre, porque el derecho a la vida es constitucional”, indicó.

Jimmy Tiapa, familiar de una de las víctimas, informó que fueron llamados a una reunión hoy en las instalaciones del Teatro de Operaciones N° 1 con una comisión del Gobierno que llegará a Guasdualito.

Presencia de irregulares:

Walter Márquez considera que el Gobierno debe aclarar los hechos, luego de que el Ministerio de la Defensa informó de un enfrentamiento entre el 923 Batallón de Caribes Sucre y miembros de la FBL y de los frentes campesinos Simón Bolívar y Ezequiel Zamora, mientras que grupos pro oficialistas dijeron que hubo una masacre.

“Que las comisiones de Política Interior y de Defensa averigüen de manera independiente e imparcial. Si no lo hacen es responsabilidad del Legislativo. El caso El Amparo es un ejemplo ante el mundo de cómo se combatió en el pasado las agresiones. Jaime Lusinchi y el Alto Mando Militar aseguraron que hubo un enfrentamiento, pero la Cámara de Diputados, con el voto del partido de gobierno, en ese entonces AD, acordó investigar el caso. El resultado de la investigación, que concluyó que fue masacre, fue aprobado por unanimidad por los 201 diputados. Una verdadera demostración de autonomía de los poderes”, dijo.

Márquez coincidió con el coordinador general de Provea, Marino Alvarado, sobre las semejanzas entre la masacre de El Amparo y el caso San Camilo, aunque observa un tercer elemento que diferencia ambos hechos: “La presencia de la FBL como grupo armado en el área. Los campesinos de El Amparo no protegían ni pertenecían a la guerrilla”.

“En el Alto Apure hay un vacío de poder del Estado y se pretende recuperar el control a la fuerza porque no hay una política en la frontera. El Parlamento está en mora porque el 15 de diciembre de 1999 aprobó la Constitución de la República que en la Disposición Sexta ordena que en dos años debía redactarse y aprobarse otra ley de fronteras”, dijo el diputado del Táchira.

A Márquez le preocupa que grupos afectos al Ejecutivo intimiden a testigos de mesa. “Hay un control electoral y político de la zona que atenta contra la democracia, la libertad y los derechos políticos. No es posible que el Gobierno esté vinculado a irregulares y que ahora sea un problema de Estado por las relaciones con Colombia. Debió desmantelarlos por la vía política, no por la fuerza”, expresó.

El PCV respaldó la iniciativa de averiguar el caso. “Si fue una masacre contra la población civil, tendrá que ser condenado. Nos llama la atención y creemos que es necesario investigarlo; sabemos de la denuncia del Frente Ezequiel Zamora, que es consecuente con las luchas de los campesinos”, dijo el secretario sindical, Pedro Eusse.

“Hechos inocultables”:

Luego de exhortar a los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez a adoptar planes para erradicar la violencia en la frontera, el gobernador de Táchira, César Pérez Vivas, propuso instalar una mesa de trabajo para analizar y proponer soluciones.

“El hecho de San Camilo es una muestra de la violencia recurrente que vivimos en la frontera por la presencia de grupos armados al margen de la ley. Los sucesos de San Camilo, las protestas hace un mes en El Nula y los muertos en Abejales son inocultables”, dijo.

Recordó la masacre de los futbolistas, en Chururú, que el entonces vicepresidente Ramón Carrizález (hoy gobernador de Apure) pretendió justificar porque según él eran paramilitares.

“El hecho de ser supuestamente de ese grupo armado no legítima que otros los asesinen indefensos en una cancha”, expresó.

Por: HERNÁN LUGO-GALICIA
hlugo@el-nacional.com
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