La empresa sostiene que la
expropiación no es válida

■ Invasores toman edificio de la UPEL

■ Invasores del Atlántida se escudan en medida oficial.

■ Como no ha sido anulada la resolución, los damnificados la exigen como vivienda.

■ Los ocupantes del edificio localizado en Plaza Venezuela exigen que Fuller desocupe las instalaciones.

■ A la sede donde funciona la empresa de limpieza Fuller desde hace 30 años se le aplicó la Ley sobre Inmuebles Abandonados.

El edificio Atlántida, en Plaza Venezuela, ayer tenía dos caras: en la mayoría de las oficinas trabajaban aproximadamente 175 empleados de la empresa de limpieza Fuller, y en otras se instalaban familias damnificadas que llegaron al lugar el lunes por la noche.

“Hemos sido condescendientes con la empresa. Tienen que desalojar ya”, dijo la vocera del Frente Organizado por el Buen Vivir, Yorlenis Linares, quien aseguró que 18 familias llegaron para quedarse en el edificio.

De acuerdo con el gerente de Fuller, Carlos Sucre, entraron 17 personas al inmueble: “Anoche vino la Guardia Nacional y no hizo mucho”.

El argumento que esgrimen los invasores es que esa edificación fue expropiada según Gaceta Oficial publicada el 26 de mayo de este año, en la que se indica que la medida se propone la reivindicación del derecho a la vivienda para familias del municipio Libertador.

Muestran, además, una resolución del 8 de septiembre del Ministerio de Vivienda y Hábitat, en la que se ordena la ocupación de urgencia del edificio, y un acta de ocupación emanada de la Vicepresidencia de la República el 14 de septiembre, que ratifica la medida.

La posición oficial de la compañía es que el decreto de expropiación del edificio está basado en la Ley sobre Inmuebles Abandonados, la cual no debería aplicarse en el caso del Atlántida porque está ocupado desde hace 40 años. La Fuller opera allí hace más de 30 años y mantiene la sede principal de la empresa, en la que se realizan las tareas administrativas que involucran a 2.000 empleados.

Voceros de la Fuller aseguran que una comisión técnica de la Vicepresidencia de la República certificó que el edificio está en uso, y que hubo un acuerdo entre el Gobierno y la empresa según el cual no sería tomado.

Las personas que entraron en el inmueble tienen otra versión. Javiela Peraza, también vocera del frente, aseguró que a partir del 14 de septiembre 3 integrantes de su grupo entraron en el edificio para resguardarlo y 2 meses después trajeron a otros ocupantes. Según ella, el Atlántida debió haber sido desocupado por la empresa en septiembre.

“Nos vamos a quedar aquí y vamos a habitar los espacios ociosos, porque hay muchos apartamentos disfrazados de oficinas”, dijo Linares, en el comedor ocupado. Un grupo tomó uno de los apartamentos y, dos pisos más arriba, el sitio que funcionaba como archivo.

Incertidumbre:

“Quieren ocupar el edificio a la fuerza y eso no puede ser; aquí hay gente que trabaja”, dijo el gerente de la empresa, quien explicó que continúan sus actividades pese al estado de zozobra y angustia.

Voceras de los ocupantes afirmaron que “el burócrata capitalista” dueño de la Fuller tiene otros terrenos y edificios donde puede reubicar a los empleados.

Mientras tanto, la incertidumbre reina en el edificio Atlántida. “No sabemos si esta noche van a traer más gente”, señaló Sucre.

Los vecinos:

En el edificio Atlántida, en el que tradicionalmente se han desarrollado actividades empresariales, hay tres apartamentos habitados por familias. Yuli de Rizzo, de 70 años de edad, reside allí desde hace más de cuatro décadas: “Apenas llegaron los ocupantes ilegales dañaron el ascensor.

Esta mañana me atacaron los nervios porque necesitaba llevar a mi esposo, en silla de ruedas, a su sesión de diálisis. No tengo nada contra ellos, pero les pediría que tengan orden y cuiden el edificio”.

Toman edificio de la UPEL:

El viernes en la noche, más de 120 personas invadieron el edificio que está en construcción de la sede del Rectorado del Instituto Pedagógico Experimental Libertador, localizado en la avenida Arismendi de El Paraíso.

Una nota de prensa de esa casa de estudios señala que los ocupantes estaban “presuntamente armados” y se autodenominan Frente de Defensores del Buen Vivir.

Aseguran que no son invasores sino “pobladores que están al rescate de espacios aptos para la construcción de viviendas dignas”, según un comunicado que un representante del grupo, René Gauta, entregó a las autoridades. La comunidad universitaria en general ha expresado un total y rotundo rechazo a esa situación. Las autoridades emitieron una resolución en la que rechazan categóricamente la presencia ilegal y en flagrancia de personas ajenas, que han ocupado obras pertenecientes al Instituto Pedagógico de Caracas. Aseguraron que ese hecho viola la autonomía universitaria. Se proponen tomar las acciones legales y administrativas que correspondan.

Expectativas:

El 26 de mayo se publicaron 2 decretos en Gaceta Oficial 39682, en los que se indicaba que 44 edificios, quintas y hoteles serían utilizados como viviendas.

En el proceso estaba prevista la participación del Movimiento de Ocupantes de Edificios Organizados de Venezuela y “otras organizaciones sociales de defensa y procura de viviendas para las familias venezolanas”.

La parroquia El Recreo concentró la mayor cantidad de expropiaciones, con 16 propiedades afectadas. El decreto establecía que el Gobierno dispondría de 7 inmuebles en la parroquia Altagracia; 5 en Catedral; 4 en Santa Teresa; 3 en San Bernardino; 2 en Candelaria; 2 en San José, y 5 distribuidos en San Juan, Sucre, Santa Rosalía, El Paraíso y Chacao.

En el momento de la publicación de los decretos, el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta Martínez, aseguró que el Gobierno había iniciado un plan de confiscación masiva que dejaba en un limbo jurídico a los propietarios.

Explicó que una de las consecuencias de la medida es que se paralizarían todas las negociaciones que involucraban los lugares expropiados, como remodelaciones, alquileres o ventas.

Orta Martínez expresó preocupación porque desde 2010 se toman los terrenos sin prever un presupuesto para pagar los inmuebles.

“Por eso hablamos de confiscaciones. Lo que sucede es que anuncian la expropiación, toman los terrenos, en algunos casos los militarizan, y el Estado no paga.

Los propietarios quedan en una situación indefinida”, destacó.

Por: GEORGELY MORÍN
gmorin@el-nacional.com
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