A Tibisay Lucena:
Luego de la larga y tensa incertidumbre sobre la fecha, y sin ninguna justificación medianamente razonable, el Consejo Nacional Electoral adelantó las elecciones presidenciales para el 7 de octubre de 2012. Con esta decisión que nada abona en beneficio de la tranquilidad institucional porque bonifica al presidente saliente con tres meses antes del traspaso del mando al nuevo presidente electo, se pone de bulto cuál será el comportamiento sesgado del ente electoral y, en consecuencia, la importancia de una veeduría cerrada sobre el pretendido árbitro de tan cruciales comicios para el destino democrático de nuestro país.
El tono del anuncio ya fue bastante indicador. La rectora presidenta, un tanto fuera de sus casillas, lanzó una curiosa interpelación a las fuerzas políticas de la alternativa democrática a que declararan si reconocerían los resultados electorales. ¿Por qué no interpeló directamente a Hugo Chávez, quien obstinadamente repite que no saldrá del Palacio de Miraflores, si acaso en el 2031? ¿Por qué no llamó la atención a los altos oficiales activos de la Fuerza Armada Nacional, quienes no avizoran jurar lealtad a otro comandante que no sea Hugo Chávez? ¿Por qué las cuatro rectoras oficialistas no han respaldado al rector Vicente Díaz en sus reclamos sobre la indebida participación del jefe del Estado en la ilegal “precampaña”, agravada por la utilización de bienes públicos? De igual manera, ha generado extrema preocupación la negativa del CNE a la presencia de una observación electoral de calidad, de organismos del sistema interamericano y de la Comunidad Europea con favorables antecedentes de participación en Venezuela, cuyos informes contienen valiosísimas recomendaciones para mejorar nuestro sistema electoral y promover garantías de equilibrio, imparcialidad y transparencia de los comicios.
El CNE tiene el mandato constitucional de garantizar igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales. Para que los venezolanos podamos tener confianza en el organismo electoral sus autoridades tienen que actuar en consecuencia. Y no lo están haciendo. La negativa a la observación internacional no es un buen signo. La displicencia e ineficiencia en el trato a nuestros compatriotas que viven en el exterior, a quienes no se les ofrecen las debidas garantías para su oportuno registro, es un mal signo. La falta de promoción y de centros razonablemente ubicados para facilitar la inscripción de nuevos votantes deja mucho que desear. Y para hacer breve la lista, la impasibilidad y la desidia con la que permiten el obsceno ventajismo del Presidente de la República obligan a que se activen todas las alarmas.
El pasado 7 de octubre, día de inicio de la cuenta regresiva para el actual gobierno, el jefe del Estado hizo gala de su recurrente desfachatez para utilizar bienes públicos en el lanzamiento proselitista de su autodenominada “misión 7 de octubre”. El CNE, obsecuente, no ha dicho una sola palabra, no ha puesto ningún reparo a esta palpable violación del espíritu y letra de normas constitucionales y legales. Pero, ya el colmo, apenas dos días después, en impúdico acto desde la sede oficial de la Presidencia de la República, Chávez no sólo realizó un acto de naturaleza política sino que decretó “Miraflores, base de patrulla PSUV”.
Estamos ante un delito en flagrancia que no requiere de especialistas para calificarlo de tal modo. De manera ladina, las autoridades del CNE suelen escudarse en la supuesta ausencia de normas que regulen la “precampaña” para justificar su complicidad ante los desmanes y desplantes presidenciales. Podríamos entender, aunque no justificar, su mutismo ante la astuta manipulación electoral con el delicado tema de la enfermedad del mandatario, pero la declaración de “Miraflores, base de patrulla PSUV” no tiene excusa alguna. Basta leer el artículo 54 de la Ley contra la Corrupción: “El funcionario público que, indebidamente, en beneficio particular o para fines contrarios a los previstos en las leyes, reglamentos, resoluciones u órdenes de servicio, utilice o permita que otra persona utilice bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público, o de empresas del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado, será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años”.
Absolutamente clara la previsión del legislador. Señoras rectoras, denle entidad al Poder Electoral que representan. Violadores de la ley deben ser sancionados.
Por: ÓSCAR LUCIEN
@olucien
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