Al Estado le llegará su día,
en que será la sentenciado
■ El jurista Pedro Nikken advierte que ningún Estado puede incumplir los tratados que ha firmado.
■ Alberto Arteaga recuerda que el Código Penal establece responsabilidad para los que desconozcan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben ser acatadas y cumplidas. Si el Estado venezolano no las atiende se coloca fuera de la ley, lo cual tendrá como consecuencia que se hipoteque el futuro jurídico del país, pues se crean pasivos o deudas que algún día se deben pagar. En este planteamiento coinciden Pedro Nikken, ex presidente de ese organismo internacional, y el abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez.
Nikken manifestó que cuando la presidenta del TSJ, magistrada Luisa Estella Morales, señala que las los convenios internacionales deben interpretarse de acuerdo con las leyes internas, revela desconocimiento total del Derecho Internacional. Recordó que entre los países signatarios de estos convenios hay una máxima que reza que un Estado no puede invocar su orden jurídico interno para no cumplir las sentencias del órgano.
“No creo que la Corte-IDH dicte una sentencia en contra de la Constitución venezolana; y si algunos elementos de su pronunciamiento llegasen a ser incompatibles, la obligación nuestra sería adaptar el texto constitucional al contenido de estas leyes internacionales. Quien se compromete con un tratado debe cumplirlo”, dijo el jurista.
Considera que la máxima autoridad del TSJ no puede arrogarse determinar el Derecho Internacional porque está fuera de su competencia profesional y jurisdiccional; además, “le resta seriedad a la profesión jurídica”.
Sanciones:
El penalista Alberto Arteaga Sánchez manifestó que Venezuela ha concurrido, alegado y debatido ante la CIDH en materia de protección a los derechos humanos, por lo que sería “despropósito y un absurdo” que no reconozca ahora su competencia y el contenido de sus sentencias.
Recordó que según la Convención Americana, ratificada por Venezuela y de rango constitucional, las decisiones de la Corte son definitivas e inapelables. Añadió que el Estado venezolano se ha comprometido a cumplir sus decisiones, lo cual se estipula en el artículo 68 de la Convención y en el artículo 31 de la Constitución nacional, en el que se dispone que el Estado debe adoptar las medidas necesaria para dar cumplimiento a las decisiones de los órganos internacionales establecidos para resguardar los derechos humanos.
“El quebrantamiento de un tratado, que se configura con el desacato a una decisión de obligatorio cumplimiento de la CIDH, es un delito según el artículo 155, numeral 3 de nuestro Código Penal y genera responsabilidad penal personal para los funcionarios que incurran en ese hecho”, advirtió el abogado.
Rumbo a las primarias:
Leopoldo López se lanzará si la Corte-IDH lo habilita
Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, participará en las elecciones primarias presidenciales de la alternativa democrática si la Corte Interamericana de Derechos Humanos falla a su favor, anunció Carlos Vecchio, coordinador político de la organización.
La decisión se tomó unánimemente, luego de una consulta al equipo federal de activistas, constituido por los dirigentes nacionales del partido y tres representantes de cada uno de los 24 estados del país reunidos el fin de semana.
“Apoyados en el articulo 23 de la Constitución, que dice que todos los tratados de derechos humanos son de aplicación directa en Venezuela; y el articulo 31, que dice que toda persona tiene derecho a ir a las instancias internacionales a defender sus derechos y que las decisiones que salgan de esa instancia el gobierno tiene que tomar todas las medidas para que se apliquen, nosotros anunciamos que si esa decisión es favorable a Leopoldo López, haremos todos los esfuerzos para que se convierta en el candidato unitario y en el presidente de los venezolanos”, expresó Vecchio.
Aclaró que con el ánimo de ser consecuente y respetuosos de las decisiones que tome la instancia internacional, si la decisión que se hará pública en un lapso de ocho días no favorece a Leopoldo López, será acatada y en consecuencia éste no será precandidato, y el abanderado de la oposición contará con todo el apoyo de Voluntad Popular y su líder.
Con respecto a la opinión expresada por la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, que llama a defender la jurisdicción nacional antes de acatar la decisión de la CIDH, Vecchio señaló que no esperaba una posición distinta, pues la magistrada fue acusada de violadora de los derechos humanos de Leopoldo López.
“No sabemos en qué se sustenta legalmente. Estas declaraciones son tan absurdas que si la decisión es favorable a ellos tampoco la van a acatar”, dijo.
Por: DORYS VILLARROEL
dvillarroel@el-nacional.com
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