Una investigación necesaria abierta
y pública en la Asamblea Nacional
Ayer, el general Cliver Alcalá, destacado miembro de la FAN y parte del entorno presidencial, solicitó al Ministerio Público que abriera una investigación sobre los delitos que se le imputan desde Washington por sus supuestos vínculos con la narcoguerrilla de las FARC.
Alcalá ha actuado correctamente al acudir a la Fiscalía porque es la instancia correspondiente para tramitar ese tipo de procedimientos, aunque lo lógico hubiera sido pedir, paralelamente, una investigación independiente que permitiera a los venezolanos limpiar cualquier duda sobre el comportamiento y los delitos atribuidos en el exterior a este oficial bolivariano.
No podemos desconfiar por anticipado de la Fiscalía ni de su actuación en este caso, que ni siquiera se ha iniciado, pero siendo como es Cliver Alcalá un hombre de tanta confianza del círculo personal del Presidente de la República pudiera surgir la duda pública de que algunas cuestiones, relacionadas directamente con la investigación, se vean entorpecidas por dilaciones y negativas para que se conozca la naturaleza de las supuestas y no comprobadas relaciones del general con gente de las narcoguerrillas de las FARC.
De manera que la mejor forma de limpiar el nombre del general Alcalá hubiera sido una actuación abierta y pública de la Asamblea Nacional donde, por lo demás, el Gobierno tiene la mayoría como para conducir una investigación aferrada a los hechos, sin que nadie meta la mano indebidamente para manchar a los cuatros bolivarianos sindicados desde Washington.
Lo que no se entiende es que la bancada oficialista y el Partido Comunista impidan un debate en la Asamblea Nacional en el cual cuatro de sus importantes figuras pueden salir triunfantes y con la frente en alto, echando por tierra los viles señalamientos de sus enemigos imperialistas. ¡Qué oportunidad perdida, qué falta de solidaridad internacional! Vale la pena imaginarse el impacto en el exterior que hubiera tenido una Asamblea Nacional en sesión pública demostrando las cualidades y las bondades de esos funcionarios, que son todos a no dudarlo gente que se ha partido el pecho por la revolución en tantas y tan olvidadas oportunidades. Ahora la débil defensa del Gobierno para esos cuatro dirigentes se reduce a acudir a la instancia de la Fiscalía, como si el Ministerio Público tuviera capacidades mágicas para hacer milagros.
Una de las cuestiones básicas que están planteadas en este escenario es que los cuatro altos funcionarios bolivarianos presuntamente entraron en contacto y negociaciones con gente las FARC, guerrillas que progresivamente se han integrado a la protección, el comercio y la exportación de drogas. Son delitos graves.
Pero el Gobierno de Venezuela debe comprobar esto y tiene que estar comprometido no sólo a apoyar la Fiscalía General sino a abrir ya un debate en la Asamblea Nacional que le interesa a todos los venezolanos.
Por: Redacción
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EL NACIONAL
