Oswaldo Álvarez Paz comentó
que lleva año y medio en juicio
■ El dirigente político es optimista de obtener sentencia favorable.
■ Alega que no hay fundamento jurídico ni soportes para declararlo culpable.
Para el próximo 13 de julio está convocada la audiencia en la que se presentará el acta conclusiva y la decisión sobre el juicio que se le sigue al ex gobernador del estado Zulia, Oswaldo Álvarez Paz desde hace más de un año, en el que se le acusa de los delitos de conspiración, instigación pública a delinquir y difusión de información falsa, luego de unas opiniones en el programa Aló, Ciudadano transmitido por Globovisión.
El dirigente político informó que ayer terminó la evacuación y lectura de todas las pruebas documentales, con lo cual sólo queda esperar la decisión definitiva del tribunal.
“Soy optimista ante este caso porque no hay fundamento jurídico que pueda darle soporte a estos delitos que se me imputan. Hasta ahora todos los trámites se realizan en forma normal. No obstante, estoy en expectativa vigilante”, señaló.
Álvarez Paz considera que su caso ha sido manejado en los últimos meses de acuerdo con lo previsto en las leyes, ya que el Ministerio Público ha actuado ajustado a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal; sin embargo, comentó que “lo anormal es que llevamos año y medio en esto”.
El 22 de marzo del 2010, el Tribunal 25 de control del área metropolitana de Caracas libró una orden de captura contra el ex gobernador del estado Zulia y ex candidato a la presidencia de la República. Fue recluido en la sede del Sebin, antigua Disip, en el Helicoide, luego de que funcionarios de este cuerpo de seguridad y de la Policía Metropolitana ejecutaran la orden emanada del tribunal.
Álvarez Paz permaneció 7 semanas detenido y fue liberado el 13 de mayo de ese mismo año cuando el juez de la causa dictó el sobreseimiento por el delito de conspiración, le otorgó la libertad condicional y le impuso, como medida sustitutiva, la prohibición de salida del país así como la presentación cada 15 días y la prohibición de hablar públicamente sobre el caso.
Por: DORYS VILLARROEL
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