El sistema penitenciario le quedó
grande al Poder Ejecutivo
Para una mejor comprensión de la severa crisis que hoy viven las cárceles venezolanas, me permito una recomendación gratuita a quienes dirigen las políticas penitenciarias en el país, comenzando por el ministro de Interior y Justicia, Tareck el Aissami, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales.
Lean el artículo 272 de la Constitución, y verán que no han actuado conforme al mandato allí contenido: “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria que posibilite la reinserción social del ex interno o ex interna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico¨.
Como verán, desde que se aprobó en referéndum la carta magna, nada se ha hecho para que el sistema penitenciario venezolano siquiera inicie el camino que lo lleve hacia lo que establece este artículo 272.
El dogma centralista ha impedido que mejore la situación de los miles y miles de venezolanos encerrados en las inmundas y macabras cárceles de nuestro país. El afán por centralizar hasta la mínima decisión se ha traducido en retardo procesal, hacinamiento, corrupción, violencia y muerte. Salvo la mezquindad política que caracteriza al Gobierno y a la cúpula del PSUV que le aplaude todas sus acciones, incluso las más repudiables, no hay ninguna razón de peso para que al día de hoy las cárceles no sean entregadas a alcaldías y gobernaciones y éstas asuman la tarea de emprender pero en serio la tantas veces anunciada y nunca concretada humanización penitenciaria, denominación más cercana a un chiste cruel que a una política concreta.
La militarización de las cárceles no es ni ha sido la solución. Si desde hace décadas la custodia externa de las prisiones ha estado en manos de la Guardia Nacional, es lógico y coherente llegar a la conclusión de que ese cuerpo tiene muchas cosas que explicarle al país en cuanto al tráfico de armas que hoy es el principal causante de la violencia interna. De mantenerse la situación actual, en cuestión de meses o tal vez semanas continuarán asesinando a reos con armas de alto calibre.
Es impensable una solución al drama carcelario sin establecer todas las conexiones que tienen las mafias de internos con quienes les suministran las armas. Y allí deben caer los civiles y militares involucrados, del rango que sean, porque de lo contrario estaremos frente a una nueva burla y rindiéndole culto una vez más a la impunidad.
Pero esto apenas es parte del problema. Lo fundamental es que el sistema penitenciario le quedó grande al Poder Ejecutivo. El Gobierno por sí sólo no está en capacidad de resolver el problema. La clave está clarita en el artículo 272 de la carta magna. Así que dejen de violarla y descentralicen las prisiones.
Por: VLADIMIR VILLEGAS
vvillegas@gmail.com
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