“La universidad y
la educación…”
En un artículo sobre este mismo tema, que me fue publicado en varios diarios regionales manifesté hace varias semanas, algunas razones para la sanción de una Ley Orgánica de Educación Superior que afortunadamente no fue aprobada por la Asamblea Nacional ni sancionada por el comandante, pues no es conveniente ni aceptable encuadrarla dentro de una Ley de Educación Superior que no sea 100% democrática. La nueva sociedad y las transformaciones vertiginosas en el campo social y económico exigen que una institución tan vital para la nación tenga que ser reglada por una ley especial de tinte socialista-comunista y no por una de carácter general. Embutir a las universidades en una Ley de Educación Superior ideologizante es disminuir su importancia, debilitar su misión y achicarla en grado máximo en la sociedad del conocimiento y la información que vivimos.
Para que las universidades sean auténticamente autónomas, como consagra la Constitución, deben ser independientes de los poderes del Estado, orientadas y dirigidas por sus propios órganos de gobierno. La Constitución garantiza la libertad de la enseñanza y la de cátedra, que conducen a obtener una docencia de calidad, y despertar el espíritu crítico y la extensión de la cultura, funciones ineludibles de la institución universitaria. Para mejorar la universidad se requiere que sus máximos órganos de gobierno estén integrados por miembros de mayor prestigio dentro de la comunidad universitaria y del ámbito intelectual y científico de la nación (la meritocracia)
La universidad, al servicio de la sociedad, prepara profesionales y también intenta propender a la investigación científica y a la difusión de la cultura a través de la extensión universitaria, como a la creación artística. Una Ley Orgánica de Universidades, que regule las públicas y las privadas, debe contener, básicamente, la función y el concepto de la autonomía universitaria, el régimen jurídico de la creación, el funcionamiento y la gestión; la estructura, su gobierno, representación y el escalafón de la docencia y los títulos universitarios. Una ley que anula el escalafón no respeta la carrera docente universitaria, que establece la Constitución, que se inicia desde la posición jerárquica de ayudante, instructor y asistente de la enseñanza, posibilitando también la contratación directa. La falta de escalafón destruye la docencia, no valoriza al profesor, cuya carrera no es de velocidad, sino de una larga paciencia, por el ensimismamiento en los estudios hasta obtener el grado de Doctor..
En los últimos tiempos, el CNU ha autorizado la creación de universidades que no reúnen los mínimos requisitos para su funcionamiento. En algunos casos, su creación ha obedecido a simples propósitos de lucro para sus propietarios, a negocios privados, y en otros, a intereses populistas y politiqueros. Una universidad sin biblioteca virtual, sin instalaciones e instrumentos tecnológicos adecuados y, primordialmente, sin un grupo de profesores de buen nivel intelectual, académico y científico, es una entidad que no educa, que no instruye, que no transmite conocimientos.
Por lo tanto, mal puede esperarse que de sus aulas salgan siquiera profesionales de nivel medio, cuando apenas serán “artesanos” de las carreras que han elegido. Es muy corriente confundir –inclusive dentro de la entidad– ciencia con universidad y la enseñanza con la investigación. Puede un investigador excelente ser un mal profesor, un mal maestro que no tiene las dotes suficientes para transmitir con claridad la materia que enseña; y así también, un buen profesor no tener la aptitud y vocación para estar inmerso en un laboratorio o en un archivo. Ambos, el profesor y el investigador, esenciales para un centro universitario, ejercitan tareas muy dispares, diferentes. Pero, en ocasiones, en una misma persona pueden reunirse ambas cualidades. Si el profesor es importante, también lo es el estudiante, pues la universidad está creada para él. La proyección institucional de la universidad tiene que ser el estudiante, que está para aprender a saber, y también aprender a vivir en una sociedad ordenada por la ley, con democracia, libertad, justicia y respeto a los derechos humanos, que son los derechos fundamentales del hombre.
Quebranta a nuestras universidades venezolanas una costumbre que contradice su misión y su esencia: la prevalencia de la burocracia interna administrativa sobre el profesorado. Las universidades convertidas meramente en unidades administrativas, en burocracias por encima del claustro, por encima del docente, como si fueran simples sociedades mercantiles, desnaturalizan su fin y derriban su prestigio. El personal de administración y servicios de las universidades son el apoyo y la asistencia de las autoridades académicas, de los profesores y de los estudiantes. El estudiante corre el peligro de ser engañado y estafado por una docencia mediocre, inculta y arcaica. De este atavismo están llenas las mal llamadas “universidades politiqueras”, las de “bolsillo”, que son pura apariencia, de costosa propaganda. Estas entidades son solo productoras de ilusión para los estudiantes incautos
La universidad y la educación deberían preocupar a los políticos y, primordialmente, a los legisladores. El siglo XVIII, denominado el siglo pedagógico por excelencia, influyó sobremanera sobre nuestra época. Por primera vez, se concedió y reconoció al niño y al estudiante su plena personalidad, y la importancia de la tarea educativa integral, con Jean Jacques Rousseau, al que le sigue el gran Pestalozzi y otros pensadores. Los legisladores tienen en este momento el compromiso de optimizar, mejorar, apuntalar y defender la calidad y excelencia de la enseñanza en las universidades y en las escuelas. Y esta defensa de la educación y de la instrucción básica y la superior, en sus fases de iniciativa y constitutiva, a realizarse en la propia Asamblea Nacional, como órgano político y de naturaleza representativa, hará cumplir el precepto constitucional del derecho de toda persona “a la educación integral y permanente”.
Pero no una educación de poco mérito, tirando a malo, sino una de superior calidad y de singular estimación. Cualquier Proyecto de Ley tendría que pasar por un cedazo de los entendidos en la materia, con debates públicos, de puertas abiertas. El Congreso –que representa al pueblo venezolano– está obligado a velar por la observancia de la Constitución, que prescribe el derecho de aprender y la libertad de enseñar. Por estas razones, y otras, que serán expuestas en otro artículo, se espera que el legislador, con honradez y patriotismo, defienda lo que debe ser la universidad, su autenticidad y excelencia, en beneficio del país y de las nuevas generaciones, con una Ley Orgánica de Universidades de carácter especial y no con una general de Educación Superior, que podría ser su sepultura.
Por: Zenair Brito Caballero
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