Tiempos de cambio
El ministro Tareck el Aissami debería ser interpelado en la Asamblea para que explique en qué se basa para afirmar que las muertes de tres detenidos en la sede de la División de Capturas del Cicpc son “un caso aislado”. Cuesta creer que el máximo responsable de la seguridad no sepa lo que pasa en los calabozos de la policía de investigación criminal, pese al tiempo que ya tiene al frente del cargo.
Es increíble que nuestro ministro del Interior nunca haya escuchado versiones o simples comentarios sobre maltratos a detenidos, torturas, tratos crueles y degradantes, que de paso no son cosa nueva en el país ni producto de este Gobierno, sino una herencia terrible ya no del puntofijismo sino de prácticamente todos los gobiernos que ha tenido Venezuela. Me pregunto si a este funcionario, proveniente del movimiento estudiantil, uno de los sectores que más ha denunciado la represión en todos los tiempos, jamás le picó la curiosidad por saber qué pasa en un calabozo cuando los detenidos están a merced no sólo de otros presos, sino también de funcionarios policiales que buscan redondear la quincena.
Uno no sabe si el ministro cree ciertamente que lo ocurrido en El Rosal es un caso aislado, o se trata del comportamiento típico de los altos funcionarios que buscan debilitar la denuncia y proteger a sus subalternos. Cualquiera de las dos posibilidades nos indica que el Ministerio del Interior y Justicia no está en buenas manos, porque de lo contrario otra sería su actitud frente a este caso, y no la sempiterna búsqueda de excusas para que al Gobierno, principal responsable de la vida e integridad de los detenidos, no le salpique este escándalo.
Tenían que ocurrir estas lamentables muertes de tres detenidos, uno a palo limpio, según los testimonios recogidos por la prensa, y dos por sofocación, para que saltara a las primeras planas lo que todo aquel que tiene un familiar preso o que ha tenido que pasar una noche en la División de Capturas sabe que ocurre como hecho cotidiano. Que la integridad física y moral valen plata, que hay hacinamiento terrible y que los métodos de interrogatorio siguen siendo básicamente los mismos que denunciábamos en los tiempos de la guanábana y el chiripero. Que en nuestro país no hay cárceles sino depósitos o, para ser más realistas, basureros de seres humanos. Sin el más mínimo apego a los postulados de nuestra carta magna y de los convenios que hemos suscrito en materia de derechos humanos. La Fiscalía General, los tribunales e incluso la Defensoría del Pueblo tienen también sus cuotas de responsabilidad.
Ninguna de estas instituciones, al menos públicamente, ha actuado para impedir los abusos que se cometen contra los detenidos. Me gustaría que mostraran algún acta levantada que dejara constancia del hacinamiento o recogiera algunas denuncias sobre abuso policial en el Cicpc, y las acciones que se adoptaron para corregir esos hechos. Me gustaría saber quién ordenó el traslado del ahora prófugo jefe de Capturas, de apellido Caicedo, a una subdelegación en los Valles del Tuy para alejarlo del candelero y brindarle protección e impunidad.
Lo menos que debería ocurrir es una buena meneada de mata en el Cicpc, para excluir de su seno a los funcionarios corruptos y violadores de los derechos humanos. Y no se trata de defender delincuentes, como siempre se pretende ripostar para desviar la atención. Precisamente, se trata de impedir que nuestra seguridad esté en manos inescrupulosas e incluso de individuos enfermos capaces de matar a palos a un preso o dejarlo morir sin brindarle auxilio alguno. Ese es el meollo del asunto.
Por: VLADIMIR VILLEGAS
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