Torturas en el Cicpc
Al ministro de Interior, Tareck el Aissami, no le quedó más remedio que salir a condenar las prácticas de torturas sistemáticas contra los detenidos en el Cicpc, la antigua PTJ, a la cual simplemente se le cambió el nombre pero no se le inyectaron más recursos, ni se les formó técnicamente ni mucho menos se le dictaron cursos de respeto a los derechos humanos.
Lo que está pasando con el Cicpc no es nuevo pero tampoco se le puede cargar las culpas de todo lo que sucede, puesto que durante doce años de gobierno bolivariano se le han ido disminuyendo los presupuestos, se le han amputado facultades y se han acortado sus campos de acción. Sin ir muy lejos, basta con hacer un inventario de sus recursos en patrullas, chalecos antibalas, armamento y municiones, edificios y locales para funcionar y prestar servicio y atención a los ciudadanos, para darse cuenta de que esta crisis de la policía judicial ha sido impulsada desde adentro.
Si hacemos una comparación de esta debacle ética y funcional del Cicpc con lo ocurrido durante este régimen con la Policía Metropolitana, tirada al abandono y sobreviviendo gracias al reiterado cobro de vacunas a cualquier hora del día a los caraqueños, entendemos de inmediato que la estrategia conduce a la desaparición de estos dos cuerpos policiales.
Las policías no pueden estar por encima de los dictados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que son precisos en el respeto de los derechos humanos. Si se producen estos desmanes es porque los jefes, desde el ministro para abajo, no están haciendo su trabajo correctamente.
Y esto último significa que, en un momento dado, todos los venezolanos somos sospechosos para la policía judicial. Y si no lo somos, pues ellos tienen un bate de beisbol para darles golpes a los sospechosos y lograr que éstos se declaren culpables de haber cometido cualquier delito.
Si bien Tareck el Aissami dijo que “las desviaciones policiales hay que repudiarlas”, los caraqueños no compramos esa mercancía por defectos de fábrica. ¿Cómo es posible que el ministro, que tiene informadores en todas partes, no haya detectado lo que estaba ocurriendo desde hace muchos años en los calabozos del Cicpc? Los caraqueños que sufrían la desgracia de tener un familiar preso en las celdas del cuerpo policial sabían que era obligatorio pagar para ver al preso, para visitarlo cinco minutos, para hacerle llegar una muda de ropa o algo de comida. Si lo saben los periodistas ¿cómo no está informado nuestro James Bond criollo? Quien le ha puesto el cascabel al gato ha sido la fiscal general, Luisa Ortega, al anunciar que había ordenado una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades del caso de estas muertes de ciudadanos, en principio, inocentes. Cuatro funcionarios del Cicpc recibieron órdenes de captura y dos de ellos ya están privados de libertad. Bien por la Fiscalía al actuar diligentemente y proceder en atención al clamor ciudadano.
Por: Redacción
Política | Opinión
EL NACIONAL
