A dos años las fallas en los puertos se
agudizaron con la centralización
■ Denuncian que en La Guaira cobran hasta Bs 200.000 para aprobar declaración.
■ Dos años del traspaso las fallas en los puertos se agudizaron con la centralización.
■ Una encuesta realizada por Conindustria a 31 empresas reflejó que los trámites que tardaban 4 días en el puerto de La Guaira, ahora requieren al menos 9 días.
Igual ocurre en Puerto Cabello, dice Santos Rivas, presidente de la Cámara de Comercio. Deficiencias del sistema automatizado, falta de equipos para movilizar la carga y la discrecionalidad para verificar la documentación son algunas de las fallas. La corrupción que se pretendía combatir con la centralización continúa. Funcionarios cobran entre 60.000 y 200.000 bolívares para acelerar los trámites.
“Vamos a recuperar los puertos y aeropuertos de la República, opóngase quien se oponga, es ley de la República. Son instalaciones estratégicas y son de todo el pueblo, no de un caudillito regional ni de las mafias”, anunció hace dos años el presidente Hugo Chávez. A los pocos días, el 22 de marzo de 2009, militares tomaron el control de esas instalaciones para asegurar el traspaso de su administración a Bolivariana de Puertos, empresa estatal.
Para poder ejecutar la medida, la Asamblea Nacional previamente reformó la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia del Poder Público. En manos del Gobierno, argumentaron, mejorará el servicio, la seguridad y la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Sin embargo, transcurridos los años, no han mejorado los tiempos de respuesta ni los costos operativos.
Una encuesta realizada por Conindustria a finales de febrero pasado a 31 empresas, reflejó que la nacionalización de la mercancía que ingresa al país a través del puerto de La Guaira ha empeorado. Tarda en promedio 9 días, cuando antes eran 4. Voceros de la Cámara de Agentes Aduanales, Industriales y Comerciantes de Vargas afirmaron que también puede tardar más de 15 días si los funcionarios solicitan un permiso adicional.
En el caso de Puerto Cabello, Santos Rivas, presidente de la Cámara de Comercio de la zona, señaló que antes de la centralización la nacionalización duraba máximo 10 días, ahora puede tomar de 15 a 20 días.
Entre los obstáculos que deben sortear los agentes encargados de la tramitación en el terminal de La Guaira figuran las fallas del Sidunea, sistema aduanero automatizado, el congestionamiento de la banca y la discrecionalidad con que actúan los responsables de verificar la documentación.
Cipriana Ramos, coordinadora de la Comisión de Aduanas de la Cámara de Comercio de La Guaira, explicó que los retrasos comienzan con los problemas de transmisión de datos que presenta el sistema. La conexión a veces es muy lenta a pesar de los esfuerzos que se han hecho por mejorar la plataforma tecnológica. También hay inconvenientes para la verificación ante Cadivi de las importaciones con dólar preferencial. El organismo sólo recibe peticiones con un día de antelación y hasta las 3:00 de la tarde, lo que significa que la carga permanece dos días más en el almacén.
La corrupción, según una fuente que prefirió el anonimato, tampoco se ha logrado erradicar. Denunció que los montos que cobran los funcionarios oscilan entre 60.000 y 200.000 bolívares para aprobar la Declaración Única de Aduana. Sin embargo, comprobar este mal manejo de la autoridad resulta prácticamente imposible: “Toman todas las previsiones y la entrega del dinero se hace a través de una tercera persona a la que llaman Guatanero, encargado exclusivamente de la recepción y entrega del soborno”, agregó.
Promesas incumplidas:
Las principales fallas que pueden atribuírsele a la operatividad del puerto de La Guaira, de acuerdo con Eduardo Quintana, presidente de Fedecámaras-Vargas, tienen que ver con la poca cantidad de equipos para movilizar la carga desde que llega al muelle hasta que sale de las instalaciones portuarias.
En Puerto Cabello la situación es similar. “Hay un deterioro sostenido de los equipos, sólo 15% está operativo.
Por eso, en las almacenadoras también se retarda la entrega de los contenedores”, aseveró Rivas.
Deyalitza Aray, diputada de Proyecto Venezuela ante la Asamblea Nacional por Carabobo, expresó que el aumento de los procesos burocráticos y la falta de mantenimiento de equipos para descargar y movilizar los contenedores influyen negativamente en las actividades portuarias. “En diversas oportunidades se ha ocasionado congestión de las embarcaciones para atracar en el terminal de Puerto Cabello”.
El director del puerto de La Guaira, Freddy Perdomo, admitió que con el alto volumen de operaciones que maneja el terminal es difícil satisfacer de manera inmediata las demandas de maquinaria. Indicó que este año la empresa puso en funcionamiento ocho elevadores y que están en proceso de negociación para la adquisición de un número importante de equipos que mejorarán los tiempos de respuesta en todos los terminales marítimos venezolanos.
“Ha sido ineficiente la distribución de los espacios para el manejo de la carga. A veces se hace difícil la colocación de la mercancía en los almacenes, su disposición oportuna cuando es necesaria la revisión por parte de funcionarios de reconocimiento de aduana o de Resguardo Nacional y, finalmente, para el despacho. Este inconveniente genera retrasos que suman horas y días de permanencia de la carga en el recinto portuario, y por ende aumenta los costos del servicio”, agregó Rusvel Gutiérrez, presidente de la Cámara de Agentes Aduanales, Industriales y Comerciantes de Vargas.
Otra queja común entre los agentes aduanales es que Bolipuertos no había cumplido hasta el pasado 25 de mayo, cuando salieron publicadas en Gaceta Oficial, con el ofrecimiento de unificar las tasas por servicios portuarios, que fue una de las grandes promesas que hicieron las autoridades cuando se concretó la transferencia de la administración del puerto de La Guaira y el de Puerto Cabello a la empresa estatal el 31 de julio de 2009.
El régimen tarifario para almacenaje es el mismo, mientras se cumplan los 30 días para hacer los ajustes, que aplicaban las empresas privadas que prestaban ese servicio. “Con respecto a la unificación de tarifas el proceso ha sido largo y minucioso. Se hizo un estudio de la estructura de costos y se comparó con las tarifas de servicios portuarios en el extranjero. El nuevo régimen de tasas está listo y muy pronto entrará en vigencia en todos los terminales marítimos del país. La intención es que esté por debajo de la media internacional pero que genere rentabilidad al Estado”, aclaró Perdomo.
“La centralización no ha cumplido con las expectativas que se crearon. La administración está centralizada y eso la ha vuelto más engorrosa. Sin embargo, esperamos que se encuentre una solución a través de las mesas de trabajo entre los auxiliares de la administración portuaria y la nueva dirección del puerto”, destacó Eduardo Quintana.
Afectados por la centralización:
Una vez que Bolivariana de Puertos asumió la administración del puerto de La Guaira, se estipuló que las empresas privadas que ofrecían el servicio de almacenamiento debían desalojar las instalaciones y se procedería a una negociación amistosa para el pago de sus bienes. Así se garantizaría la continuidad de las operaciones y los derechos a la propiedad privada. Pero aún no se ha cumplido.
Francisco Correa, director de la Cámara de Almacenadoras de Vargas, señaló que ninguna de las 26 empresas afectadas por la medida ha recibido indemnización por los equipos que le fueron confiscados. “Están utilizando las máquinas desde hace casi 2 años, sin reconocer los derechos legítimos de los propietarios de esos bienes”.
En el caso de los trabajadores de Bolipuertos, Alexis Polanco, coordinador regional de la Unión Nacional de Trabajadores, aseguró que la situación es grave. “Una vez centralizados los puertos, todas las conquistas que se habían logrado durante años de lucha se perdieron.
Trabajadores que laboraban en empresas privadas y tenían contrataciones colectivas quedaron sin esos beneficios de un plumazo.
Hay terrorismo laboral.
Si alguien denuncia es perseguido y despedido”.
Por: KAREM RACINES ARÉVALO
TIBISAY ROMERO
ADUANAS | POLITÍCA
EL NACIONA
