Cada fiscal tuvo que ocuparse de
1.090 casos en promedio en 2010
■ Por violaciones de derechos humanos fueron identificados presuntos responsables en 2,91% de los casos
La crisis de inseguridad ciudadana en Venezuela justifica una pregunta elemental: ¿cuántas personas investigadas por la presunta comisión de delitos van a la cárcel? En el Informe Anual del Ministerio Público presentado el martes por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ante la Asamblea Nacional hay una pista: en 2010 la Fiscalía dio por concluidas 359.366 averiguaciones y sólo en 33.088 casos (9,20%) encontró suficientes pruebas para fundamentar acusaciones y, eventualmente, juzgar y sancionar a los responsables.
En 230.390 casos (64,11%) tramitados el año pasado, el Ministerio Público solicitó la exoneración de responsabilidad penal (sobreseimiento de la causa) a favor de los que inicialmente había imputado. Y en otros 95.880 casos solicitó el archivo de los expedientes, lo cual significa que aun cuando persisten indicios de culpabilidad la Fiscalía no ha podido verificarlos en el tiempo perentorio que establece el Código Orgánico Procesal Penal.
La estadística corresponde a delitos comunes: homicidio, lesiones personales, robo, hurto, secuestro, violación, actos lascivos, acaparamiento, especulación, extorsión, apropiación indebida y estafa, de acuerdo con las explicaciones ofrecidas por el Ministerio Público.
Sobre delitos contra derechos fundamentales o violaciones de derechos humanos, en el informe anual se indica que de 9.131 casos, apenas 266 (2,91%) concluyeron en acusaciones; 4.502 imputados o grupos de imputados fueron considerados inocentes, y en 4.363 casos el Ministerio Público no ha logrado establecer responsabilidades penales.
A pesar de la grave impunidad que revelan los registros oficiales, en el informe se afirma: “Los fiscales del área de protección de los derechos fundamentales han cumplido cabalmente”.
De manera genérica, en el documento se mencionan actuaciones relativas al Caracazo: acusaciones en contra de Italo del Valle Alliegro, Manuel Heinz Azpúrua y José Rafael León Orsini, así como la solicitud de extradición del fallecido ex presidente Carlos Andrés Pérez. Sin resultados concretos, también se destaca que el Ministerio Público continúa investigando los asesinatos, torturas y desapariciones forzadas durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta en perjuicio de 1.600 venezolanos.
Corrupción e impunidad:
Ni en el informe anual ni en el discurso de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ante la Asamblea Nacional hay explicaciones sobre los bajos porcentajes de acusaciones en materia de delitos comunes y de violaciones de derechos humanos.
Las deficiencias estructurales del sistema de administración de justicia son muchas y el ejercicio de la vindicta pública se podría entorpecer por innumerables razones: desde falta de agudeza del investigador hasta falta de agua en una sede tribunalicia.
Sin embargo, en el informe anual se ofrece otra pista: en 2010 ingresaron al Ministerio Público 752.376 casos que habrían de repartirse entre 690 fiscales; es decir, que a cada fiscal le correspondió 1.090 casos en promedio. Si cada uno hubiese trabajado los 365 días del año no habría tenido tiempo de dedicarle más de 8 horas a cada caso.
En el informe se señala: “La corrupción es uno de los fenómenos que más afecta el desarrollo nacional, pues es considerable el monto millonario de recursos que ha perdido el país a consecuencia de irregularidades administrativas, cuyos efectos no sólo se traducen en extravío de bolívares sino en el costo que implica en el aspecto social, que por esas conductas punibles no se hayan construido viviendas, centros de salud, programas asistenciales, entre otros, para el beneficio de los venezolanos”.
Pero los datos de la Fiscalía también indican que pocos de los señalados como corruptos van a prisión. La mayoría de las averiguaciones fiscales en 2010 concluyeron en pronunciamientos absolutorios: 2.443, equivalentes a 76,10%. Se formularon acusaciones en 596 casos (18,56%) y pasaron a archivo 171; es decir, 5,32%.
Por: EDGAR LÓPEZ
elopez@el-nacional.com
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