El combate se debe dar con
policías y jueces honestos

1.Droga 2. Armas 3.Odio social e ingrediente político 4. Policías y jueces honestos 5. Sicariato 6.Recursos 7. Cárceles 8. Cuerpo especial para las cárceles 9. Salud, empleo, educación 10. Tribunales especiales 11. Retraso procesal 12. Prevención 13. Policía de punto 14. Tolerancia cero 15. Servicios básicos 16. Formación de criminólogos.

La inseguridad ataca en casi todo el mundo, aunque en Venezuela, por razones generales y específicas, seamos el escenario de una multiplicación delictiva que nos coloca entre los países más peligrosos del mundo. El hecho criminal ha cambiado en la medida que el escenario global lo ha hecho. La criminología ha mirado al delito como algo imposible de erradicar en su totalidad, desde las concepciones antropológicas y fisonomistas hasta las sociológicas o ecológicas.

El mundo contemporáneo presenta complejidades, por lo que las Naciones Unidas aprobó en 2000 el Protocolo de la Convención contra el Crimen Transnacional Organizado para enfrentar el delito de tráfico de personas. Lo que queremos hacer resaltar es que el asunto del delito no en simple y que está enmarañado en las relaciones sociales y políticas, hasta el punto que los más actualizados teóricos del delito atacan conceptualmente el problema de la criminalidad como empresa. El hampa tiene capacidad económica fuerte. Pero dejando atrás la teoría podemos concluir que existe el crimen organizado y el crimen ordinario. En Venezuela tenemos ambos.

El organizado generalmente ronda en torno al negocio de la droga, implica una organización y una jerarquía, usa la violencia y corrompe a los organismos encargados de combatirla. Quiero señalar entonces que el delincuente ordinario actúa en infinidad de ocasiones como consumidor, en estado de drogadicción, como víctima final del negocio empresarial de los estupefacientes. Combatir este cáncer ha requerido de una intervención transnacional, dado que las ramificaciones son tales que ningún país puede por sí solo enfrentarlo. Esta es una de las causas fundamentales del crimen desatado que vivimos en Venezuela. Somos un país de tráfico, como lo demuestran los continuos señalamientos de la prensa nacional e internacional que reseñan la captura de alijos en países incluso lejanos y transportados por medios venezolanos. Cabe preguntarse entonces hasta donde llega nuestra efectividad y nuestra colaboración internacional en el combate a este tráfico ilícito.

El segundo grave problema es el de la posesión ilegal de armas en una gruesa parte de la población, el que también se deriva de un tráfico ilegal muchas veces vinculado al de las drogas. Sin una operación de desarme efectiva, sin una restricción fuerte a la permisología para el porte de armas y sin labores de inteligencia que detecten las procedencias y las fuentes, será imposible erradicar el delito violento, el que infinidad de casos no tiene necesidad de ella, pero que la ejecuta en un ritual de drogadicción o de desprecio absoluto a la vida. Las mafias organizadas penetran toda estructura a su alcance.

En Venezuela tenemos un ingrediente político: desde el régimen se ha sembrado el odio social y se ha llegado, incluso, a intolerables justificaciones. El hampa entre nosotros bien podría ser considerada como instrumento de siembra de miedo.

Damos por sentado que el combate se debe dar con policías y jueces honestos, formados e incorruptibles, presunción que en este país no podemos adoptar, pero aún teniéndolos son de hecho sometidos a presiones intolerables. Aparece el sicariato, el encargo al delincuente menor de la ejecución de la violencia mortal. Incluso llega a hablarse de “empresas” de sicarios, una exigencia de organización y jerarquía adoptada del delito transnacional. La complejidad es tal que no basta con crear policías: hacen falta los premios continuos a los funcionarios del orden, una intensa labor de inteligencia que lleve a comprar infiltrados en las organizaciones criminales y una determinación absoluta de que los bienes de todo criminal apresado deben ser expropiados de inmediato, seguramente para la creación de un fondo en beneficio de los afectados y de los policías actuantes. Es obvio que no podrá darse efectividad al combate con tribunales que violan todos los lapsos procesales.

Dedicar todos los recursos necesarios al combate contra la inseguridad es una exigencia manifiesta u obvia, pero no basta. En buena parte, los anuncios en este sentido no son más que reacciones frente al clamor de la gente y muestra de una ausencia de política criminal con visión de Estado. En Venezuela tenemos otro problema, el de las cárceles, con hacinamiento y fuerte “educación especializada” en delinquir. Se arrastra este asunto desde hace muchos años sin que ningún gobierne encuentre la manera de resolverlo y de enfrentarlo. Por supuesto que la corrupción también llega a las cárceles, como vemos en los intercambios de disparos entre internos, en el consumo de droga o hasta en la dirección de delitos desde su interior. La desesperación ante el vencimiento de los lapsos procesales hace disparar la paciencia de los hacinados, lo que parece hacer necesario la constitución inicial de tribunales penales especiales para hacerle respetar sus derechos a los reclusos. Más aún, ya parece necesaria la formación de un cuerpo especial para dedicarse a la vigilancia de las cárceles y retirar a la Guardia Nacional de estos menesteres.

La delincuencia, ya casi parece una obviedad decirlo, se combate con educación, salud, empleo, con una determinación de acabar con la discriminación y la exclusión, por lo que toda lucha contra el delito y la inseguridad va inserta también en el programa de lucha contra la pobreza.

Hay que prevenir, como primera política, y en ella deben participar todas las instituciones y de manera especial la ciudadanía. Si en este país todas las denuncias se formulasen nuestros índices delictivos se dispararían, pero no se denuncia porque no se tiene ninguna confianza en las fuerzas del orden, porque los ciudadanos o no son atendidos o lo son mal y porque la respuesta ante la denuncia es una sin consecuencias.

Hay que prestar atención a todos los aspectos de la vida en la lucha contra el delito. Diversos organismos de la Organización de las Naciones Unidas han insistido sobre esto y puesto a la disposición todo el asesoramiento y asistencia que han recopilado desde la teoría criminalística y desde la experiencia. Hay que pedir esa asistencia.

Pero hay muchas cosas que se pueden adelantar. Debemos admitir que tenemos tribunales penales insuficientes, retraso procesal, cárceles como escuela del crimen, pero en la labor preventiva se pueden determinar factores como escasez de alumbrado público, puntos ciegos, drogas, armas, hábitos delincuenciales del secuestro y muchos más. La labor de inteligencia es vital: si se sabe donde están los delincuentes se sabe dónde irlos a buscar. Ya a esta hora debería estar trazado un mapa de los sitios donde el hampa se ceba.

Muchos funcionarios hacen hincapié en patrullas, motos y bicicletas para los agentes y eso está muy bien, pero debe regresarse al policía de punto, al que conoce su pedazo de ciudad, está familiarizado con los vecinos, se ha ganado su confianza, anda caminando su zona. Aquí hay que aplicar el principio de impunidad cero que comenzó a implementarse en el Metro de Nueva York y redujo considerablemente los índices delictivos de esa metrópolis. Hay que hacer redadas de localización de delincuentes como forma represiva. Hay que instrumentalizar un plan de choque.

Hay que formar criminólogos, dado que en este país cualquiera es el director de una cárcel e incorporarlos en todos los niveles, incluso el local. Un criminólogo es aquel que se dedica al estudio de la delincuencia desde su propia disciplina, pero una que contempla la sociología, la psicología, el derecho y la antropología. Con ellos, y bajo una exhaustiva investigación, otros organismos del estado pueden coadyuvar porque me permito recordar cómo se ha establecido que muchos barrios peligrosos de América Latina la falta de alcantarillado, de energía eléctrica y de gas, por citar sólo estos servicios, eran causas fundamentales del crecimiento delictivo. Por supuesto que entre esas causas el desempleo juvenil tenía prioridad.

Son apenas ideas, no puedo saberlo todo, pero a la hora de convocar a los expertos el político debe saber de que se le está hablando. Van estas ideas para una lucha contra la inseguridad, una que debe ser de todos. Lo propongo.

Teódulo López Meléndez
teodulolopezm@yahoo.com
@TeoduloLopezM