¿Por qué el TSJ condenó en su
oportunidad el golpe en Honduras?

Vuelvo sobre una interrogante transitada en varias ocasiones en estas mismas páginas. Para ser más preciso, cito: “¿Puede un joven oficial idealista, con sinceros deseos de reivindicación de su patria, tomar las armas de la república y dar un golpe de Estado para `salvar a su país’ de la ineficiencia, el burocratismo y la corrupción? ¿Es legítimo que lo haga? ¿Quién determina que un golpe de Estado sea bueno o sea malo?”. Podríamos agregar ahora: ¿Por qué Micheletti, que lideró la acción militar que sacó del poder a Manuel Zelaya (por violar la Constitución de su país, dicho sea de paso) es, a decir del presidente Chávez, un “gorilete”, mientras que él mismo, autor de una escaramuza militar que resultó en decenas de humildes compatriotas muertos o heridos honrando su deber institucional de enfrentar a los golpistas venezolanos (muchos también entre las víctimas inocentes), se considera poco menos que un héroe de la patria y tiene la osadía de crear una orden de condecoración en memoria de los fracasados golpistas del 4 de febrero de 1992? Más llamativo y preocupante aún, ¿por qué si el TSJ condenó en su oportunidad el golpe de Estado en Honduras y afirmó que de ser verdad que el presidente depuesto, Manuel Zelaya, violó leyes y la Constitución de Honduras, quienes lo derrocaron debieron utilizar los mecanismos legales respetando el debido proceso “y no extrañarlo de su país, con nocturnidad y en evidente violación de sus derechos humanos”, en Venezuela, ese mismo Tribunal avala la orden Condecoración 4F, que pretende dignificar los cruentos sucesos de 1992 cuando militares felones venezolanos también “debieron utilizar los mecanismos legales, respetar el debido proceso” y no asaltar el Palacio de Miraflores y bombardear la residencia presidencial La Casona “en evidente violación de los derechos humanos” del presidente constitucional, de su familia y de los soldados encargados de su custodia? Como miembro de la asociación civil Ciudadanía Activa y a título personal, soy partícipe de una acción de nulidad contra el Decreto Presidencial Condecoración Orden 4 de Febrero, el cual, en nuestra modesta opinión, pretende dar legitimidad post facto a una escaramuza militar criminal violatoria de la Constitución y de la voluntad popular expresada en las urnas. La motivación de nuestra querella es la siguiente: el decreto con rango, valor y fuerza de ley sobre la Condecoración Orden 4 de Febrero, publicado en la Gaceta Oficial 36618 del 1 de febrero de 2007, en nuestra consideración es una afrenta a la conciencia democrática de los venezolanos y un bochorno contra la memoria de las decenas de humildes compatriotas asesinados en la escaramuza, incluidos los soldados y oficiales que honraron su vida creyendo que su deber constitucional era enfrentar a los cruentos golpistas.

En segundo lugar, la primera Ley Habilitante que dicta el teniente coronel Chávez que crea una orden de condecoración en memoria de los fracasados golpistas del 4 de febrero de 1992 extralimita la habilitación concedida por la Asamblea Nacional en esa oportunidad. Desde febrero de 2007, hace ya cuatro años, esperamos respuesta del TSJ. Con argucias formalistas, cuando la Constitución establece que no se puede negar justicia por formalismo no esenciales, el máximo tribunal de la república no se avoca a esta causa que consideramos puede establecer luces fundamentales para el respeto a la Constitución y, esencialmente, al mandato de que la Fuerza Armada Nacional se rija por los principios de disciplina, obediencia y subordinación al poder civil, a su condición de fuerza profesional no condicionada por persona o parcialidad política alguna, claramente establecidos en el artículo 328 de la carta magna.

La ausencia de respuesta del TSJ sobre la legalidad, legitimidad o constitucionalidad de esta absurda y ofensiva Orden Condecoración 4 de Febrero es preocupante por cuanto su silencio podría justificar indirectamente el intento de golpe militar contra un gobierno elegido por el voto popular y, por otro lado, deja en desamparo al ciudadano desprovisto de elementos para discriminar cuándo un golpe es bueno (si tal cosa existe) o malo y, más peligroso aún, podría justificar el libre albedrío que tendrían los militares para intervenir en la vida política del país y utilizar las armas que le encomienda la república para decidir los destinos de la nación.

Esta semana iniciamos otra acción cautelar y al momento en que consigno esta nota todavía no hay respuesta. ¿Hay golpes buenos?

Por: ÓSCAR LUCIEN
olucien@el-nacional.com
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