“Somos adversarios,
pero no enemigos”

En su mensaje a la Asamblea Nacional el sábado 15 de enero, el Presidente de la República les propuso a los representantes de la oposición que no desperdiciaran la oportunidad que se abría en ese momento de superar el estado de guerra en que ha vivido el país en los últimos años, y que aceptaran unos y otros, Gobierno y opositores, que son adversarios políticos y no enemigos irreconciliables que sólo buscan la destrucción del otro. La presencia de 65 diputados de diversas corrientes políticas, pero unidos en lo fundamental, fue reconocida por el jefe del Estado, y por esa razón asumió el papel que le corresponde como Presidente de la nación y no caudillo de un partido que se ha obstinado no sólo en desconocer a todos los demás, sino en negarles el pan y el agua.

El Presidente expresó con énfasis, y lo reiteró en varias ocasiones: “Somos adversarios, pero no enemigos”. En otras palabras, la oferta implica el diálogo que en todas las sociedades pluralistas caracteriza la política. Diálogo no es condescendencia ni rendición incondicional de ninguno de los actores. Contra la acepción simplista, el diálogo (para todos) es más exigente que el estado de beligerancia destructiva. El diálogo supone inteligencia y coraje, estudio y reflexión, claridad de ideas y cautelosa utilización del lenguaje. Implica también que quienes gobiernan comprenden que el ejercicio del poder no es ni puede ser personal. Entre las virtudes del diálogo, la primera supone que existe un espacio común por encima de los intereses de partido, y ese espacio es el país y su destino. En una palabra, que todos tenemos derecho de participar en la definición del rumbo de la nación y en la preservación y consolidación del sistema político establecido por la Constitución nacional.

Advertiremos que los enemigos del diálogo, o sea, de un clima político civilizado, no son pocos. Durante una década han medrado bajo el signo guerrerista, y, por consiguiente, pueden temer que sus “servicios” a la causa ya no sean necesarios. Para el propio Gobierno las dificultades son obvias. Doce años de considerarse los únicos dueños del país los habituaron a la noción antidemocrática y anticonstitucional de no rendir cuentas.
La rendición de cuentas es una de las condiciones que definen los sistemas políticos. Es la primera obligación de la democracia y la primordial exigencia de los ciudadanos.

Pero, ¿cuánto petróleo exportamos, al fin?

En su mensaje a la Asamblea Nacional, el Presidente de la República sostuvo que la exportación de hidrocarburos superaba los 3 millones de barriles diarios. Las cifras de Petróleos de Venezuela y del Ministerio de Energía se sitúan en los 2,5 millones. Hay una distancia considerable. ¿No es esto, acaso, una demostración patética del desorden en las cuentas oficiales? No son lo mismo ingresos de 3 millones de barriles, que ingresos de 2,5 millones. Si le creemos al Presidente, y él debe tener fundamentos para sostenerlo, los ingresos son superiores a los declarados. Ante la discrepancia, el Gobierno prefirió callar. Veremos si en la Asamblea Nacional alguien arroja luz sobre la cuestión financiera más importante del país.

Los ingresos están relacionados con la deuda externa y con la deuda de Pdvsa, que en tiempos de altos precios petroleros no tiene explicaciones para llegar a tan altas cifras. ¿Qué sería de Pdvsa, vale la pena preguntar, si los precios estuvieran por debajo de 50 dólares por barril de petróleo? Pensamos que esto debe ser objeto de debate, o sea, de rendición de cuentas y de las respectivas explicaciones. Si alguien en el Gobierno piensa que preguntas como éstas son inadecuadas o injustificadas, o simplemente no dignas de hacerles caso, o provocaciones oposicionistas, falta entonces mucho trecho para llegar a una situación como la planteada ante la Asamblea Nacional por el jefe del Estado.

¿Otra Caracas dentro de Caracas? ¿Colapso sobre colapso?

Un problema que debe dilucidarse es el destino de Caracas y su zona metropolitana. Altos voceros del Gobierno han dicho que “en Caracas cabe otra Caracas”. Esto no sólo es temerario, sino que indica la incomprensión de la realidad. La capital de la república está colapsada. Y si el gran designio es que debe añadírsele “otra Caracas”, la cuestión adquiere características de gravedad.

Los errores (o los disparates) de apreciación de los problemas urbanísticos pueden condenar a la ciudad y su zona metropolitana a un laberinto que no tendrá solución posible. No faltan urbanistas, demógrafos, sociólogos y arquitectos en Venezuela. Por el contrario, los tenemos y de gran brillo intelectual. El destino de la capital demanda gran responsabilidad por parte del Presidente de la República.

Hasta ahora, al cabo de doce años, el régimen bolivariano ha visto a Caracas con sumo desdén. Sus grandes vías de comunicación, sus edificios oficiales, el Metro, sus parques, su suministro de agua y de otros servicios, sus conjuntos residenciales llevados a cabo por el Estado, es un legado de los gobiernos del siglo XX. En vista de los reiterados anuncios oficiales que prometen “otra Caracas dentro de Caracas”, es urgente que los sectores indicados tomen cartas en el asunto.

Caracas, 23 de enero 2011
Movimiento 2D • democracia y libertad
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