Las empresas deberán asumir la estructura
de costos que imponga el Ejecutivo

El Gobierno rescató un papel de trabajo del ex ministro Eduardo Samán que propuso regular los márgenes. La tarea de la superintendencia de costos y precios que creará el Gobierno será limitar los márgenes de ganancia de los cinco sectores que más afectan el índice de precios al consumidor: alimentos y bebidas no alcohólicas, salud, alquileres y precios de vivienda, restaurantes y hoteles.

El papel de trabajo del Gobierno establece que se fijarán márgenes de ganancia fijos para que las empresas puedan operar y se excluirán de las estructuras de costos los gastos que el Ejecutivo considere excesivos en productos nacionales e importados.

La superintendencia tiene como referencia la propuesta de regular los márgenes de comercialización y ganancias de las empresas y sectores claves realizada por el ex ministro de Comercio, Eduardo Samán, al jefe del gabinete económico Jorge Giordani.

El ex titular de Comercio, quien desde su posición como profesor de la Universidad Central de Venezuela observa las medidas gubernamentales, afirmó que uno de los planes estratégicos del despacho de comercio es incrementar el papel del Estado en la conformación de las estructuras de costos y de los precios del sector privado, como una política para frenar la inflación y combatir la especulación.

“Esta propuesta pretendía que las empresas presentaran sus estructuras de costos detalladas al Gobierno, el cual se encargaría de fijar un tope en la ganancia, no de precio”, apuntó. El exministro explicó que la regulación de las ganancias aplicaría sólo a alimentos, servicios de salud, vivienda, restaurantes y hoteles, los sectores que más han impactado el índice nacional de precios al consumidor.

“Era sencillo, se limitaría la ganancia y no el precio del producto, porque este tendría que estar justificado y apegado a una estructura de costo sometida a constante fiscalización”, agregó el ex ministro.

Sostiene que muchos de los costos presentados por los empresarios no son reales porque tienden a inflar las cifras a su favor. “Hay empresas que incluyen en los costos hasta la publicidad y las promociones que le hacen a los productos, así como gastos administrativos excesivos, en la mayoría de los casos inflados”. Indicó que el Gobierno sabe cuánto cuesta la materia prima y la mano de obra, por lo que es fácil detectar casos en los que se adulteran las estructuras de costos.

Indicó que en la tarea de regular el Gobierno no puede tener como pretensión controlar los costos y márgenes de todos los productos que se comercializan en el país. Reveló que durante su gestión se opuso a la medida de liberar o flexibilizar el control de precios que permitió excluir a más de 20 alimentos de la regulación.

“La liberación de algunos precios fue una manera de evitar la escasez que se registró en muchos de estos rubros. No estuve de acuerdo, había que estudiar algunos rubros y aplicar nuevas regulaciones, pero no quitar el control de precios”, sostuvo Samán, quien cree que el Gobierno debe revisar toda la política de control de precios para corregir los errores.

“Se tenía planeado eliminar las excepciones de las regulaciones de precios. Por ejemplo, en lugar de dejar sin control el pan sobado y los especiales, se debían incluir en la regulación junto al plan canilla; igual se aplicaría con el arroz y las pastas entre otros”.

Camino equivocado:

Rafael González, consultor en regulación económica, declaró que los controles de rentabilidad y de precios responden a esquemas en desuso en el mundo y parten de una visión anacrónica basada en costos, que genera distorsiones a los sectores productivos.

“Una regulación de precios y de rentabilidades resultará lesiva en el mediano y largo plazos. Distorsionará los esquemas de incentivos, a favor de una mayor oferta, y afectará a la sociedad en conjunto”, advirtió González.

El especialista considera que Venezuela requiere políticas de oferta e industriales que fomenten la actividad económica, la producción de bienes y la competencia.

Jorge Botti, director de Cedice y miembro de Fedecámaras, dijo por su parte que en Venezuela la exhibición del precio de venta de bienes y servicios al público ha sido obligatoria desde hace 30 años. La ley actual establece que debe estar impreso junto a la fecha de colocación en un sitio visible del producto.

“Una vez que el producto es presentado al público está prohibido el remarcaje. Si el fabricante coloca el PVP sin dejar margen de ganancia al comerciante es perjudicial, como sucedía en el pasado”, indicó.

A juicio de Botti, el problema real es que el Gobierno pretende imponer más controles para frenar la inflación.

“Pretende regular los márgenes de ganancia de toda la cadena y resucitar la antigua Comisión Nacional de Precios, que fue un fracaso. Esto pondrá un candado a la escasa oferta de bienes y habrá mayor desabastecimiento”.

Advirtió que esta política limita no solo los márgenes y precios de los productos de primera necesidad sino de todos los bienes, para terminar de abarcar los sectores de la economía que le faltaban al Gobierno. “Eso no será efectivo porque la única manera de controlar la inflación es fomentar la producción y la sana competencia entre distintos actores. Y estas medidas restrictivas no fomentan la inversión”.

Por: KATIUSKA HERNÁNDEZ
khernandez@el-nacional.com
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