AN aprueba urgencia reglamentaria e
inicia primera discusión de la habilitante

La presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, respaldó la solicitud del Presidente Hugo Chávez de que se le otorguen derechos de legislar para “afrontar la emergencia surgida por las lluvias”.

Durante el debate, la diputada Iris Varela solicitó que se le otorgara la habilitación al Ejecutivo Nacional por dos años. Sin embargo, la presidenta del Parlamento respondió que el tiempo de ese derecho depende de la solicitud hecha por el Presidente que la pidió por un año.

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Lea abajo un reportaje especial de la BBC:  

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela no tiene tiempo que perder. A 22 días de que los nuevos diputados, de gobierno y oposición, tomen sus cargos, la lista de leyes por aprobar es larga. E incluye la habilitación del presidente para tomar decisiones por vía del decreto.

Por tal motivo, se ha declarado en sesión permanente, y se espera que llame a reuniones extraordinarias a partir del día 15, cuando termina oficialmente el período legislativo.

El gobierno ha manifestado su temor de que la Asamblea entrante, donde cuenta con mayoría simple pero no calificada — lo que le da a la oposición una “minoría signficativa” — interfiera el avance de su “revolución”.

Gracias a la decisión de partidos contrarios al proyecto liderado por el presidente Hugo Chávez de no participar en los comicios parlamentarios de 2005, el oficialismo no ha conocido de obstáculos a sus proyectos legislativos en el último quinquenio.

Cuando asuman los diputados electos, el 5 de enero próximo, este panorama podría cambiar: para aprobar leyes orgánicas, por ejemplo, se requiere de la aprobación de dos tercios de la AN.

“Prepárense, porque las leyes que hagan falta las vamos a aprobar antes de que termine el período de esta AN”, había advertido el diputado oficialista Aristóbulo Istúriz, poco después de conocerse los resultados de los comicios del 26 de septiembre. “Prepárense, porque tenemos conciencia de la confrontación en la que estamos. Esta Asamblea está vigente”, añadió.

Portavoces de la oposición consideran que se trata de actuaciones ilegítimas, pues el actual Legislativo no representaría la voluntad expresada en septiembre.

“Al ver que ya no cuenta con el apoyo popular y a sabiendas de que perdió la mayoría absoluta en la próxima Asamblea Nacional, el Presidente está desesperado”, dijo en una nota de prensa reciente el dirigente del opositor partido Primero Justicia, Julio Borges.

Ya aprobado:

La semana pasada, la AN aprobó el nombramiento de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y dos leyes relacionadas con la aplicación del “poder popular”. También le dio salida a una ley de Participación y otra de Planificación. Este lunes sancionó una Ley de Comunas, que crea oficialmente una nueva forma de organización y gobierno.

Las comunas pueden trascender las fronteras de la división político territorial del país y asumir funciones hasta ahora tradicionalmente en manos de gobernaciones y alcaldías.

Todos estos instrumentos jurídicos forman parte del llamado “paquete de leyes del poder popular”, que el gobierno dice constituye un aspecto medular del “proceso revolucionario”.

“El Estado comunal es la expresión concreta de una sociedad de verdadera igualdad y justicia. Estamos construyendo el auténtico poder del pueblo”, dijo el diputado oficialista Ulises Daal, quien ha contribuido activamente a la redacción de estas leyes.

Para la oposición, esconden estrategias para quitarle poder a los gobiernos regionales, algunos de los cuales están en manos de adversarios del oficialismo, mientras que le dan más atribuciones al poder central, que autoriza la constitución de comunas y decide cuándo y cómo otorgarles recursos.

Por aprobar:

Para completar el paquete, este lunes la Asamblea discutía una ley de Economía Comunal que, entre otras figuras, legalizaría el mecanismo del trueque y la creación de monedas comunales. Falta también una ley de Contraloría Social, que otorgaría a los ciudadanos el poder de inspeccionar y auditar empresas e instituciones públicas y privadas.

En el tintero se enuentra una Ley de Emergencia de Viviendas y una ley de Educación Universitaria, entre otras.

Pero incluso éstas parecen haber pasado a un segundo plano en la agenda pública, desde que se anunciaron instrumentos potencialmente más polémicos: dos leyes que modificarán las reglas que aplican al sector de telecomunicaciones e introducirán, por primera vez, regulaciones sobre internet, y una Ley Habilitante, que permitirá al presidente Hugo Chávez legislar por decreto. Se espera que el debate comience este martes.

Según Chávez, la Habilitante le permitirá elaborar “un conjunto de leyes y decretos para la transformación y reconstrucción integral de zonas específicas” afectadas por las recientes lluvias, que ya han dejado más de 100.000 damnificados en refugios en todo el país.

De aprobarse la Habilitante, sería la cuarta vez en once años de gobierno que el Presidente recibe poderes especial para asumir funciones del Legislativo. Las otras le fueron otorgadas en 1999, 2000 y 2007.

Según el diputado oficialista Carlos Escarrá, la Ley será sancionada por unanimidad “en solidaridad con el pueblo venezolano”, porque “no hacerlo sería un acto de traición”.

Para el politólogo de línea crítica José Vicente Carrasquero, la aprobación de leyes por la actual Asamblea en las últimas de cambio es “inmoral”, pero “la Habilitante es más inmoral todavía”.

“Cuando le das al Presidente ahora, con una Asamblea vencida, un poder habilitante, estás haciendo caso omiso del poder popular. Estás actuando partidistamente. El jefe del partido está pidiendo que lo habiliten, y como ellos son obedientes, lo habilitan. Pero no están actuando en función de lo que la gente dijo en las elecciones del 26 de septiembre”, le dijo a BBC Mundo.

Para Carrasquero, “estamos frente a una clase política tramposa, que se empeña por pasarle por encima a cualquier cosa que significa una regla, que un momento dado no le convenga.

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