Solicitudes de extradición deben
ser “consideradas debidamente”

 
Los mandatarios y representantes de los 22 países participantes en la XX Cumbre Iberoamericana, en la ciudad argentina de Mar del Plata, firmaron una declaración en la que se comprometen a invertir 100.000 millones de dólares en educación y a defender la democracia, pero también firmaron un documento en el cual llaman a una mayor cooperación antiterrorista.

En el texto se reitera el “compromiso de combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones” y a “negarle refugio a los instigadores, financiadores, autores, promotores o participantes en actividades terroristas”. También subraya la “necesidad de evitar la impunidad de aquellos que cometen actos de terrorismo”.

Los firmantes instan a los Estados a obrar para que “la condición de refugiado o asilado no sea utilizada de modo ilegítimo por los financiadores, autores, organizadores o patrocinadores de los actos de terrorismo” y que aquellos que han recibido solicitudes de extradición “procedan a considerarlas debidamente”.

En el comunicado no se mencionan casos concretos, pese a que son varios los países del ámbito iberoamericano que se acusan mutuamente de dar cobijo a terroristas que han atentado o conspirado contra sus respectivos estados. Sólo se cita el atentado contra una aeronave de Cubana de Aviación en 1976, que causó 73 muertos y cuyo autor intelectual es, según el gobierno de La Habana, Luis Posada Carriles, hoy en Estados Unidos. “Rechazamos que no haya sido enjuiciado por terrorismo y apoyamos las gestiones para lograr su extradición”, reza el texto.

Exclusión. Los 22 países iberoamericanos aprobaron una cláusula democrática que es considerada uno de los logros más importantes de los últimos 20 años en estas cumbres.

La “Cláusula de compromiso con la promoción, defensa y protección del Estado de Derecho, del Orden Democrático, de la Soberanía de los Pueblos, de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales” establece la posibilidad de excluir de esa comunidad al país que viole el orden institucional, lo que implica que queda fuera de los órganos de la Conferencia Iberoamericana.

No se determinaron sanciones comerciales, tal como estableció Unasur.

Un gobierno constitucional que se considere amenazado deberá notificarlo a la Secretaría Pro Témpore, a través de la que se adoptarán medidas, y en caso de que se concrete la ruptura constitucional, entonces se convocará a una reunión de cancilleres. La secretaría es ejercida ahora por Paraguay.

“Es una cumbre histórica.

Estamos bajando la retórica a medidas concretas para que nunca más en América Latina se conspire contra gobierno elegido democráticamente”, sostuvo el presidente de Ecuador, Rafael Correa.

El centro de la cita fue tomar medidas en materia de educación para impulsar la inclusión social en la región de cara al 2021. Los países se comprometieron a invertir 100.000 millones de dólares en el logro de 11 metas, como son universalizar la educación primaria y secundaria y favorecer la conexión entre educación y empleo.

MAR DEL PLATA EFE-REUTERS
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