“La jueza desatendió una sentencia que ordenó que el comisario, y diputado electo, José Sánchez, permaneciera detenido en su casa al enviarlo a Ramo Verde”, dijo el abogado defensor Rómulo Pacheco.

Reclamaron la separación de la
jueza, pero ella desechó la demanda

Al enviar al diputado electo y ex secretario de Seguridad Ciudadana y Defensa del Zulia, José Sánchez “Mazuco”, nuevamente a la cárcel militar de Ramo Verde (Miranda), la jueza 7 de Juicio de Caracas, Fabiola Vesga, desacató flagrantemente al Tribunal Supremo (TSJ).

La denuncia la formuló el abogado defensor del legislador proclamado, Rómulo Pacheco, ayer durante la segunda audiencia oral y pública del juicio que se le sigue a su cliente por su presunta planificación del asesinato del supuesto miembro de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), Claudio Macías, ocurrida en 2007.

“La jueza desatendió una sentencia de la Sala Penal que ordenó en octubre pasado que el comisario permaneciera en su casa. Esta decisión fue una de las razones por las cuales recusamos a la jueza”, precisó el penalista en conversación telefónica con El Universal.

Pacheco precisó que le exigieron a Vesga que sacara a Sánchez de la cárcel militar y que lo trasladara a una casa en la capital para que sea encausado en libertad condicional. Sin embargo, la jueza negó la solicitud y ratificó la privación de libertad para el diputado electo en Ramo Verde.

El abogado también informó que durante la segunda sesión de este reinicio del juicio reclamó la sustitución de la jueza, por considerar que había no solo desatendido una resolución del máximo juzgado sino también por violarle a su cliente su derecho a la defensa, al declarar el lunes que los representantes de Sánchez lo habían abandonado y al nombrarle un defensor público.

“Ella no podía declarar desistida la defensa, sino hasta que ocurrieran dos incomparecencias injustificadas y eso no ocurrió. Al tomar esta medida violó el artículo 143 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y el 49 de la Constitución”, afirmó Pacheco.

No obstante, el penalista informó que Vesga decidió analizar este recurso y lo rechazó, “por considerar que fue intentado fuera del lapso, lo cual es el colmo, pues es obvio que fue sobrevenido (ocurrió en el desarrollo del proceso)”.

Para Pacheco lo ocurrido en las últimas horas es una demostración clara y fehaciente de las intenciones del Poder Judicial de condenar a su cliente antes del 5 de enero próximo, cuando deberá instalarse la nueva Asamblea Nacional que él debería integrar.

“La muestra que dio la jueza es más que evidente de lo que se busca es condenar al comisario, aún irrespetando los lapso previstos en la ley. A nosotros, los abogados del comisario, no nos notificaron jamás del reinicio del juicio. Además a él cuando lo trasladaron a Caracas tampoco le informaron para qué lo llevaban ni le advirtieron por cuánto tiempo estaría fuera para que se llevara al menos una muda de ropa”, remató.

El diputado electo fue acusado por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de homicidio, privación ilegítima de libertad y quebrantamiento de los tratados internacionales.

Mesa rechaza pase a Ramo Verde:

Delsa Solórzano (UNT), diputada electa al Parlatino, calificó como “absurda y contradictoria” la decisión de trasladar desde Maracaibo a un tribunal en Caracas al diputado electo por el Zulia, José Sánchez, alias “Mazuco”, y que éste pasara la noche en la cárcel militar de Ramo Verde.

Recordó que eso viola la decisión del TSJ que acordó darle casa por cárcel hasta el 5 de enero. Reiteró que se está desconociendo el Artículo 200 de la Constitución, que establece la inmunidad parlamentaria.

“Es una aberración. Estamos hablando de un diputado electo, del cuarto diputado más votado del país”. Agregó que irrespetan la voluntad de 94 mil electores que votaron por él y le otorgaron el indulto popular; y se está violando la inmunidad parlamentaria, consagrada en el artículo 200 de la Constitución.

Solórzano informó que el abogado defensor, Rómulo Pacheco, quien siempre ha sido el encargado del caso, está introduciendo documentos importantes que ponen en evidencia la violación a los derechos ciudadanos y al debido proceso.

JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
Miércoles 1 de diciembre de 2010