Un informe de la Procuraduría General indica que la propiedad
está valorada en cerca de 300 millones de bolívares.
Se perdió la producción de
1 millón de kilos de carne
A diferencia de otros procesos, el Gobierno no pudo intervenir el hato El Frío con el argumento de que se trataba de una tierra ociosa o baldío de la nación. Al demostrarse la propiedad privada en manos de la empresa Invega, con la cadena titulativa y la productividad de la finca, el Ejecutivo decidió recurrir a la medida de adquisición forzosa mediante decreto de expropiación, para apoderarse de la finca de 63.000 metros cuadrados, de bienhechurías, ganado bovino, reserva de chigüires, una extensa flora y de otros bienes.
Una vez decretada la adquisición, el 30 de marzo de 2009, comenzó el proceso expropiatorio en fase de arreglo amigable que incluyó la elaboración del avalúo de la propiedad. Sin embargo, han pasado más de
El 20 de octubre del año pasado la Procuraduría notificó al Ministerio de Agricultura y Tierras el justiprecio fijado por la comisión de avalúo debidamente constituida, sin que hasta la fecha ese despacho haya materializado la cancelación oportuna, como ordena la ley, a la empresa Invega.
Un informe de la Procuraduría señala que se cumplieron todos los pasos y que el hato está valorado en cerca de 300 millones de bolívares (300 millardos de bolívares antiguos).
Más irregularidades:
Aunado con el incumplimiento de pago a los propietarios, los trabajadores también han tenido problemas con el Gobierno.
En junio, Juan Piñero, apoderado legal de 14 ex trabajadores del hato, ahora Empresa Socialista Marisela, solicitó al TSJ proteger a los empleados despedidos injustificadamente y a quienes no se les ha reconocido el pago de prestaciones sociales.
También se denunció el sacrificio y la venta ilegal del ganado de la finca a pesar de que existe una orden de la Fiscalía de retener los animales.
Abogados de Invega, propietaria del hato El Frío, dijeron que esperan que el Gobierno cumpla con el pago del justiprecio acordado en el avalúo, como lo establece la Ley de Expropiaciones.
Desiree Rodríguez, abogada de Invega, expresó que luego de presentado ese avalúo el 20 de octubre de 2009, la empresa aceptó el justiprecio, pero el Gobierno no ha cancelado.
“La Ley establece que el pago debe hacerse oportunamente para que no haya una desmejora para el expropiado, hemos enviado comunicados a la Procuraduría General para saber qué ha pasado, pero no ha habido ninguna respuesta.
Solicitamos que la procuradora Gladys Gutiérrez fije posición sobre este asunto”, dijo Rodríguez.
Aclaró que la Procuraduría General en un informe respalda el avalúo efectuado, razón por la cual no debería retrasarse más el pago. “Hemos demostrado la intención de llegar a un acuerdo, por lo que queremos que el Estado cumpla con el compromiso de pago”, insistió, pero no descartó otras acciones legales para defender los derechos de Invega.
KATIUSKA HERNÁNDEZ
Nacional | Política
EL NACIONAL
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