Al cumplir seis años tras las rejas el comisario compara su juicio con
los que se realizaron durante el régimen nazi.
Iván Simonovis, ex secretario de seguridad
ciudadana de la Alcaldía Mayor de Caracas
Tal día como hoy, hace seis años el comisario Iván Simonovis era detenido por la policía en el aeropuerto de La Chinita (Zulia), cuando se disponía a abordar un avión. Ese día el ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Caracas se unió al reparto de lo que terminaría siendo uno de los juicios más largos de la historia reciente del país: El relacionado con los sucesos del 11 de abril de 2002 y por el cual fue condenado a 30 años de cárcel. “No cabe la duda de que (para la fiscal Haifa Aissami) nosotros (los procesados por los sucesos del 11A) lo que merecíamos era la muerte ” Iván Simonovis
-¿Formó parte de algún complot para derrocar al presidente Hugo Chávez en 2002? ¿Sabía usted que la marcha del 11 de abril sería desviada a Miraflores con el fin de generar violencia y justificar un golpe de Estado?
-No participé en ninguna reunión en la que se planteara ningún derrocamiento, a las reuniones que asistía eran las relacionadas con las atribuciones a mi cargo como Secretario Seguridad de Caracas, donde se diseñaban políticas de seguridad pública. Pero como este es un Gobierno de conspiradores ve conspiraciones por doquier.
El 11A hubo una concentración de más de un millón de personas. Esa no era la primera marcha que se llevaba a cabo en la capital, en los 22 meses que ocupé el cargo hubo otras 63 concentraciones y ninguna persona resultó fallecida, la PM y los Bomberos acudieron a todos estos eventos y aplicando los protocolos nacionales e internacionales que rigen esta materia todas fueron manejadas con éxito (…) la única diferencia entre esas marchas y la del 11A fue la presencia de los círculos bolivarianos y adeptos al Gobierno, quienes apostados en Puente Llaguno y en la avenida Baralt abrieron fuego de manera indiscriminada contra la marcha y contra la PM. Así lo reconocieron los pistoleros, los cuales alegaron que lo hacían en legitima defensa. ¿En que país del mundo puede una persona esgrimir una legítima defensa luego de disparar contra la policía uniformada, siendo esta es una autoridad legítimamente constituida?
-¿Quién cree que fue el responsable de lo ocurrido? ¿Quién ordenó dispararle a los manifestantes que se encontraban cerca del Palacio de Miraflores?
-El 11A el alcalde (mayor, Alfredo) Peña me indicó que fuese a Chuao, a media mañana surgió la información de desviarían la marcha a Miraflores (…) Yo busqué reunirme con los periodistas, para que a través de los medios se le notificara a la gente que no desviaran la marcha. Me monté en el techo de un vehículo y con un parlante le decía a la gente que no estaba autorizada la marcha al centro. Así lo declararon varios testigos en el juicio. Después me fui a mí oficina y traté de comunicarme con el ministro de Interior, Ramón Rodríguez Chacín, pero ni él ni ninguno de sus subalternos estaba allí (…) Me comuniqué con la Comandancia de la Guardia Nacional y tampoco recibí respuesta alguna a mis peticiones de reforzar a la policía, como se había hecho en otras decenas de ocasiones (…) Estando en mi oficina me enteré de que una persona fue herida en la avenida Baralt.
La PM hizo lo humanamente posible por contener el fuego de los pistoleros. Durante el juicio pudimos contar, a través de videos y fotos, más de 67 personas con armas largas y cortas disparando hacia la PM y hacia los marchistas. Mi responsabilidad era manejar la crisis con los recursos que tenía y eso hice. Lamentablemente los responsables del sector oficialista, el Ministerio del Interior y la GN, no respondieron y abandonaron sus puestos.
El comisario Domingo Chávez, de la policía científica (Cicpc) y líder del equipo que se encargó de la investigación de los sucesos del 11A, declaró a en nuestro juicio que durante la investigación no se encontraron pruebas que demostraran que yo hubiese dado órdenes a mis subalternos de disparar para matar a personas el 11A, ni tampoco de suministrarles armas. Estos dos son los hechos imputados en la acusación.
-¿Casi nueve años después de los hechos, cómo es posible que solamente ustedes sean los únicos condenados?
-Nuestro juicio se trató de un proceso penal fabricado al mejor estilo de Franz Kafka, desprovisto de acusaciones fundadas y serias y carente de pruebas acerca de la nuestra presunta culpabilidad, en el cual se promovieron casi dos centenares de testigos que nada aportaron a la comprobación de las responsabilidades individuales y decenas de experticias sin ningún interés criminalístico, que, muy por contrario al deseo fiscal, solamente demostraron que las armas de los funcionarios de la PM acusados de matar a 3 personas y de lesionar a otras 29, no fueron las que dispararon las balas que causaron esas muertes y lesiones.
Asimismo la Fiscalía “olvidó” investigar el homicidio de otras 16 personas y las lesiones de otras 100 víctimas, cubriendo todos esos casos con manto de grosera y absoluta impunidad, pese a existir evidencias videográficas, fotográficas y testimoniales irrefutables del empleo de armas de fuego, largas y cortas, por más de 35 pistoleros que las accionaron en la avenida Baralt y que muy probablemente causaron la muerte de por lo menos cinco personas y las heridas de otras tantas, incluyendo víctimas por las que fuimos juzgados.
-¿Por qué se considera un preso político? ¿Cuándo alzó usted la voz contra el actual Gobierno antes de haber sido procesado por los hechos del 11A?
-En Venezuela se utilizan a los tribunales para mantener en las cárceles a determinados opositores. A tal efecto nos inventan un delito común. Nuestro juicio, absolutamente político, fue siempre orientado desde el lado que acusa, signado por el odio y los deseos de venganza, preñado de ensañamiento, nunca se procuró interpretaciones, opciones, planteamientos distintos a los ya prefigurados desde las más altas esferas del poder. Soy un preso por circunstancias políticas, soy uno de los chivos expiatorios del 11A.
-El Gobierno de España dice que en Venezuela no hay presos políticos.
-Human Rigths Watch, en su informe sobre Venezuela de enero de 2010, reconoce que “varias destacadas figuras de la oposición fueron objeto de acusaciones penales y, dada la ausencia de tribunales independientes, existen serias dudas de que puedan recibir un juicio imparcial”. Eso es persecución política. Aliento a la canciller (Trinidad Jiménez) a informarse de todos y cada uno de los expedientes de los presos, perseguidos y exiliados políticos venezolanos, y sobre las múltiples providencias que contra el actual régimen de Hugo Chávez ha dictado la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, así como los informes de múltiples organizaciones no gubernamentales, las cuales han mostrado su preocupación por las violaciones al debido proceso de estas personas, contra quienes se utiliza la justicia como un instrumento de venganza política.
Asimismo el decreto presidencial de Amnistía de 2007 demostró que sí hay presos políticos en Venezuela, puesto que las amnistías precisamente son acordadas en beneficio de presos y perseguidos políticos, y no de delincuentes comunes.
-Usted ha dicho que el proceso no fue justo y algunas organizaciones de Derechos Humanos lo respaldan. Sin embargo, las autoridades rechazan estas acusaciones y dicen que siempre se les respetaron sus derechos y que si el juicio fue largo, pues fue por culpa de su defensa.
-Este juicio duró de 3 años y 13 días, por las peticiones fiscales o las excusas banales de la jueza Marjorie Calderón, quien es o fue la esposa de un activista del PSUV en Aragua. Ella con frecuencia llegaba a la sala de audiencia vestida de rojo. Era como los juicios expeditos de (Adolfo) Hitler. Más de una vez recordé el caso de unos estudiantes que durante la II Guerra Mundial tiraron panfletos en una Universidad y fueron condenados a muerte. De hecho eso fue lo que solicitó la fiscal del caso, Haifa Aissami, hermana del actual Ministro del Interior, Tareck El Aissami, quien al cerrar su intervención en el juicio dijo: “Benévola la justicia que solo castiga con cárcel a los culpables”. No cabe la duda de que para ella nosotros lo que merecíamos era la muerte.
-Hay quienes fustigan al ex alcalde Peña por haber huido. ¿Qué dice usted?
-Si se trata de fustigar, le diría que si nos hubiese advertido a quienes trabajamos con él que se dedicaría a batallar contra el Gobierno, quizás nos hubiese dado la oportunidad de decidir qué hacer, pero él simplemente nos arrastró a todos en su plan. Por otro lado, para muchos el hecho que se haya ido de la forma en que lo hizo no está bien. Creo que esas decisiones son personalísimas. Sin embargo, me causa suspicacia que precisamente luego de su huida arreció la persecución contra nosotros, que terminó en la injusta prisión para todos y con la Alcaldía Mayor para Juan Barreto. En mi caso puedo decir que salí varias veces del país por razones de trabajo y familiares, pero siempre regresé porque eso fue lo que mi esposa y yo decidimos. Solo la conciencia de Peña le dirá si hizo lo correcto o no.
Simonovis añora a su familia:
De estos seis años tras las rejas lo más duro para el comisario Iván Simonovis ha sido no poder ver crecer a sus hijos ni estar en fechas tan señaladas como las cercanas navidades.
“De los 72 meses que tengo tras las rejas, sólo he podido compartir con ellos dos meses en total”, se lamenta el ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Caracas, al tiempo que relata: “Cuando me encerraron mi hijo era un niño de 11 años, sólo medía 1,50. Ahora mide 1,80, ha pasado todo el bachillerato sin el apoyo de su padre, ha tenido que aprender a ser hombre por sí mismo. Ivana, la menor, tenía 7 años cuando se inició esta pesadilla y ahora es una adolescente de 13. La mitad de su vida con su padre, la ha pasado en los pasillos de la Disip”.
Interrogado sobre su futuro, pues desde el punto de vista legal luce difícil que salga antes de que cumpla su condena a 30 años, pues la Constitución prohíbe los beneficios a los procesados por delitos contra los Derechos Humanos, Simonovis responde: “Será imposible obtener la libertad por vía legal: Los presos por el 11A, así como otras 30 personas, somos prisioneros de Chávez. Aunque la arquitectura del Estado es formalmente democrática, no existe en la práctica una separación real de poderes ni control institucional sobre ellos, todos se adecuan a los intereses del presidente. En Venezuela hay una represión selectiva dirigida sobre algunos o grupos sociales que llevan un mensaje claro de control sobre toda la sociedad venezolana y los únicos que pueden luchar contra esos males son los venezolanos”. JFA
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
lunes 22 de noviembre de 2010
