El proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
se encuentra en su cenit.
La Fiscal, Defensora y Contralor tienen
10 días para estudiar los 359 expedientes
Ayer el Consejo Moral Republicano recibió del presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, diputado Saúl Ortega (PSUV) los expedientes de los 359 aspirantes al cargo de magistrado.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; y el contralor general de la República, Clodosvaldo Russián, tienen ahora 10 días para revisarlos y escoger de entre ellos a los que considera los más idóneos para ocupar las nueve vacantes principales y las 32 de suplentes que hay en el máximo juzgado del país.
El artículo 264 de la Constitución establece que la lista que los miembros del Poder Ciudadano elaborarán será enviada posteriormente a la Asamblea Nacional para que ella seleccione a los nuevos magistrados.
Los fijos:
En predios del Legislativo y del TSJ se da por descontado que el ex fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, terminará siendo elegido para integrar el máximo juzgado, pese a los señalamientos de su cercanía con el Gobierno, los cuales quedan patentes en hechos como el haber sido el primer vicepresidente de la actual administración, luego jefe del Ministerio Público y ahora embajador en España.
Se conoció que el todavía diplomático ha comenzado a contactar a otroras asesores suyos en la Fiscalía para que lo acompañen en su nuevo cargo.
Entre los consultados hay quienes aseguran que Rodríguez terminará reemplanzando a la magistrada Luisa Estella Morales en las presidencias de la Sala Constitucional y del organismo rector del Poder Judicial.
Los informantes sostienen que casos como el de la jueza Afiuni, la incapacidad de los tribunales para procesar a los ahora diputados electos y escándalos como la huida de dos miembros del Cartel mexicano de Juárez han mellado la imagen de la actual presidenta del TSJ entre sus compañeros y en otras ramas del Poder Público.
Esas mismas fuentes también auguran que la actual procuradora general de la República, Gladys Gutiérrez, será elegida como miembro de la Sala Constitucional; mientras que los magistrados Arcadio Delgado y Carmen Zuleta, quienes vienen cubriendo desde hace varios años dos vacantes en esa instancia, serán ratificados. Los confidentes aseguraron que Delgado es apoyado por Morales, mientras que Zuleta cuenta con el respaldo del ex presidente del TSJ y actual embajador en Colombia, Iván Rincón Urdaneta.
Para la Sala Electoral serían designados la diputada al Parlamento Latinoamericano, Janeth Madriz, quien fue abogada del presidente Hugo Chávez durante los procesos que se le siguieron por los golpes de 1992; el ex consultor del Consejo Nacional Electoral (CNE) y actual juez, Andrés Brito; y el ex viceministro de Educación Superior y miembro del Centro Internacional Miranda, Luis Damiani Bustillos.
Entretanto, el panorama en la Sala Penal no luce tan claro, pues entre los legisladores y magistrados consultados no hay unanimidad en torno a la eventual ratificación de la magistrada suplente Miriam Morandy, quien desde 2005 viene cubriendo la vacante dejada por el jubilado Alejandro Angulo Fontiveros.
Por último, también se da por hecho que el diputado Juan José Mendoza, presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, será elegido magistrado. Sin embargo, hay dudas de si su destino será la Sala Político Administrativa, donde reemplazará al jubilado y designado embajador en Kuwait, Hadel Mostafá; o si irá a la Sala Penal.
Sobre el proceso:
404. Ese fue el número total de abogados que se postularon para el cargo de magistrado del TSJ. Sin embargo, el Comité de Postulaciones Judiciales eliminó a 45, luego de las objecciones recibidas de la sociedad civil.
Polémicos. Entre los aspirantes figuraban los nombres de ex funcionarios polémicos, tales como Maikel Moreno, Florencio Silano o Belkis Cedeño, todos ellos ocuparon los cargos de jueces y fueron removidos por el TSJ. Los tres fueron mencionados en una supuesta red de extorsión que habría operado entorno al fallecido fiscal Danilo Anderson.
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
viernes 19 de noviembre de 2010