Las organizaciones de observación comicial, los partidos políticos, el movimiento estudiantil y expertos coinciden en la necesidad de depurar los procesos de cedulación, inscripción y reubicación de votantes
Las sombras sobre
el Registro Electoral
Las fallas en los procesos de cedulación, inscripción y reubicación de electores que han generado desconfianza sobre el padrón de votantes del CNE siguen sin aclararse. Organizaciones ligadas a la observación electoral insisten en la necesidad de una auditoría del ente comicial con la participación de la sociedad civil.
Caso A. En los comicios parlamentarios del 26 de septiembre, Gregorio José Riera Fortique, de cédula de identidad número 10 y con 123 años de edad, volvió a aparecer como uno de los electores activos que votan en la Escuela Bolivariana Estado Carabobo del estado Trujillo, luego de haber estado fuera del registro electoral entre 1998 y 2003. Como Riera, el propio CNE ha dicho tener en sus manos 38.000 casos similares.
Caso B. Delta Amacuro, uno de los estados menos poblados y de mayor pobreza del país, tiene una singularidad electoral: 120% de la población apta para votar mayor de 18 años de edad está inscrita en el Registro Electoral. Es decir, hay 20% más electores que habitantes (ver infografía). El oficialismo ganó en esta entidad las 4 curules que estaban en juego el 26-S. Una situación similar ocurre en Amazonas. Allí viven 86.237 personas adultas según el INE, pero sufragan un poco más: 88.893. El partido PPT ganó en esta entidad.
Otros cinco estados del país presentan la misma condición: tienen menos habitantes que electores. En total, serían entre 3 y 5 millones de votantes sobre los cuales se tienen dudas de su existencia, según un estudio de Genaro Mosquera, profesor de la Universidad Central de Venezuela.
Caso C. En los centros electorales pequeños, que cuentan con 1 o 2 mesas de votación, generalmente en las zonas más alejadas del país, los porcentajes de votantes nuevos o migrados (que provienen de otros centros) son muy altos mayores a 90% y los resultados electorales son marcadamente favorables al oficialismo, con una diferencia promedio de 17 puntos. Existen 3.417 centros con esas características, que suman 1.460.524 electores, señala Humberto Villalobos de la organización civil Esdata.
Los ejemplos revelan, a ojos de estadísticos y expertos, que el padrón electoral venezolano continúa con las mismas fallas que hace 5 años, cuando las organizaciones políticas de la oposición decidieron retirarse por no confiar en el árbitro.
Las tres situaciones constituyen las irregularidades más notables que levantan sospechas sobre la veracidad y confiabilidad del registro que sirve a las elecciones del país. Estas se resumen en cedulación, inscripción, reubicación de electores y auditoría.
A pesar de que la desconfianza en el árbitro electoral dejó de ser un tema político y las presiones por una auditoría independiente del Registro Electoral cesaron en 2007, organizaciones ligadas a la observación electoral como Súmate, Ojo Electoral, Esdata y estadísticos de las universidades autónomas señalan que las suspicacias acabarán el día en que el CNE acceda a entregar copia de las actas de nacimientos y las direcciones de una muestra de electores, de manera de autentificar su existencia.
Reconstrucción total:
Genaro Mosquera, experto en estadística electoral y profesor de la UCV, ha dirigido desde 2006 a un grupo de estadísticos que ha estudiado las inconsistencias del RE. Explica que en la mayoría de los países el número de inscritos varía entre 70% y 80%. “Si la población venezolana a julio de 2010 se situaba, según proyecciones del INE, en 28 millones de habitantes, sólo habría entre 13 y 15 millones de votantes. Resulta obvio que si, según el CNE, para el 26-S habían inscritos 17,7 millones de votantes, sobran entre 2,7 y 4,7 millones de personas”.
De acuerdo con cálculos internacionales, una cobertura electoral es buena cuando está registrado entre 70% y 80% de los aptos para votar. Entre 80% y 90% es alta; entre 90% y 100% es elevada; y por encima de 100% es irregular y se le denomina sobrecobertura: más electores que habitantes mayores de 18 años de edad.
“Por eso es que el crecimiento del RE es uno de los elementos que despiertan más dudas sobre la confiabilidad del sistema”, dice Mosquera.
En las elecciones del 26-S, 7 estados (Delta Amacuro, Vargas, Cojedes, Distrito Capital, Amazonas, Barinas y Sucre) presentaron sobrecobertura, indica el académico. En 2008 la tendencia sólo alcanzaba a 5 estados. Al acercar la lupa a los municipios, el fenómeno se repite: en 2003 había 72 en condición irregular; en 2007 subió a 116; y para el 26-S el número aumentó a 153.
Mosquera señala que el RE debe “reconstruirse totalmente” pues los análisis estadísticos y las proyecciones poblacionales basadas en el censo del año 2000 confirman que hay inconsistencias entre las tasas de natalidad y el crecimiento del RE. “El peligro de cara a las próximas elecciones de 2012 y otras es que se manipule la información y la data del registro electoral para favorecer opciones políticas”, enfatiza.
La sobrecobertura podría tener dos explicaciones, según Carlos Genatios, director de Ojo Electoral: “Errores en las proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadísticas o deficiencias en la información de domicilios del Registro Electoral”.
Punto de inflexión:
En los últimos 7 años, el RE ha aumentado a una tasa mucho mayor (44%) de la registrada entre 1958 y 1998 (7%). La tendencia a la alta cobertura se disparó después, en 2004, cuando el Gobierno implementó la Misión Identidad (que agilizó procesos de cedulación e inscripción electoral al mismo tiempo).
Más que una irregularidad el ascenso obedecería, tal como lo ha admitido el propio Gobierno, a un objetivo político.
En 2009, el diputado Carlos Escarrá lo señaló a El Nacional : “El referéndum revocatorio presidencial de 2007 lo ganamos a partir de dos misiones: Barrio Adentro e Identidad, que inscribe 2 millones de personas en el RE”. Chávez ganó con una diferencia de 1.900.000 votos.
La tendencia es el resultado de una directriz del organismo: se privilegia el registro de electores en zonas rurales y alejadas, y no en ciudades, pues allí es donde el Gobierno intenta captar votos nuevos.
Un análisis de los resultados del 26-S, realizado por Villalobos, confirma numéricamente esta política del CNE. “De manera casi genérica, el oficialismo obtiene sus más altos porcentaje de votos en los centros pequeños, que tienen muchos votantes nuevos y migrados”, asegura.
Recuerda que el resultado electoral en esos centros de votación el pasado 26 de septiembre fue: oficialismo 42%, Mesa de la Unidad 25%. Es decir, la diferencia de votos es mucho mayor a la obtenida a escala nacional.
¿Podría esa ventaja ser fabricada con dobles cedulados o cédulas falsas? Alfredo Weil, también perteneciente a Esdata, asegura que ese escenario es muy probable, desde que en 2004 se desactivó la contraloría permanente que se practicaba en la Fiscalía de Cedulación en el CNE. “Allí se dedicaban a supervisar el trabajo de la Onidex (ahora Saime)”. El proceso era el siguiente: se cotejaban las cédulas de identidad rigurosamente con el expediente de cada ciudadano, constituido por la partida de nacimiento, las huellas dactilares y una tarjeta con datos personales. “Pero luego de que cambiaran los rectores en 2005, la Fiscalía de Cedulación se volvió una caja negra”, señala.
Desde entonces, el centro del problema del RE, apunta, es que no se ha hecho una auditoría del CNE con la participación de la sociedad civil para cotejar las cédulas con los expedientes, a partir de una muestra representativa.
La auditoría que en 2005 efectuó el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, organismo dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no tuvo acceso a una muestra de actas de nacimiento porque las condiciones en que el CNE se las ofreció no eran satisfactorias. Tampoco la tuvo en junio de 2006 el equipo de especialistas de la UCAB, UCV y USB que llevó a cabo una auditoría independiente en el ente comicial. La conclusión de ambos estudios es que existían irregularidades, pero ninguna tenía connotación política o podrían implicar fraude electoral. También opinaron sobre cómo mejorar el sistema.
“Nuestra recomendación indica Villalobos es que para corregir el RE debe anexarse a los datos de cada elector una copia escaneada de su partida de nacimiento”, u otro documento que legalmente compruebe la existencia de una persona.
Las aspiraciones de los integrantes de Súmate para mejorar el RE no son tan altas.
Consideran que el CNE nunca accederá a ser auditado de esa forma. Proponen otro mecanismo de cotejo: una visita a las direcciones de una muestra representativa de electores. De esa forma se despejarían dudas sobre la existencia real del grupo de electores que tienen direcciones dudosas.
“En su lugar, en Súmate nos hemos focalizado en la aplicación de `antídotos’ ante las posibles irregularidades presentes en el RE, como es el uso de una tinta indeleble que funcione adecuadamente”, indicó Dashiell López, coordinador de contraloría de la organización civil. Insisten en la formación ciudadana para contrarrestar “cada una de las deficiencias del RE”.
El problema de fondo:
Luis Lander, abogado perteneciente a la organización Ojo Electoral, considera que las fallas en el RE ya no polarizan el debate político como ocurrió en 2005. En ese entonces, por diversas razones, incluida la desconfianza en el árbitro electoral, los partidos decidieron no participar en los comicios parlamentarios.
A la vuelta de 5 años resolvieron que, aunque con deficiencias, debían asistir a las elecciones del 26-S. Con un buen o mal árbitro, como en el fútbol, el juego debía continuar.
“Aun así, los problemas existen y Venezuela requiere un Registro Electoral serio”, advierte.
La organización apunta que los problemas no están en el padrón electoral sino en su fuente primaria, que es el registro civil. Allí se encuentra el documento originario de todo venezolano el acta de nacimiento que respalda la cédula de identidad, requisito indispensable para votar.
“Ese registro es un paquete de problemas completo y una enorme debilidad que tenemos como país”, señala Lander.
En primer lugar, dice, las partidas de nacimiento forman parte de un sistema manual y físico que está disperso en todos los registros civiles del país. Por eso señala que una opción es rehacer el RE, como ocurrió en México. “El carnet de votación de ese país, por el sistema de seguridad que tiene y la información que posee, se ha convertido en un documento más valioso que el carnet de identidad mismo”.
La entrada en vigencia en marzo de este año de la nueva Ley Orgánica de Registro Civil, allana el camino en ese sentido. El artículo 16 establece que la responsabilidad del sistema de registro civil y electoral es del CNE, que deberá reglamentarlo e instrumentarlo. El Saime sólo será un emisor del documento único de identidad. Quizás entonces casos como los del ciudadano Gregorio José Riera Fortique, la sobrecobertura y la migración electoral pasen a ser parte del anecdotario electoral.
FABIOLA ZERPA
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