La Contraloría determinó irregularidades en gestiones de los ex gob.
Cabello y Yelitza Santaella, ambos se han librado de sanciones.
De los 79 candidatos a diputados designados
por Chávez, 7 son denunciados por corrupción
“Cuando se evalúa a la oposición se aplica el mayor rigor posible y cada vez que se acerca un proceso electoral sale una lista de inhabilitados”, señala Carlos Vecchio del Observatorio Parlamentario.
Otros candidatos del oficialismo elegidos en primarias también han sido investigados. Es el caso del ex alcalde Freddy Bernal, por irregularidades en la construcción del nuevo Mercado de Quinta Crespo.
Sobre algunos hechos, como los ocurridos durante las gestiones de los ex gobernadores Diosdado Cabello y Yelitza Santaella, la Contraloría General
Carlos Vecchio, del Observatorio Parlamentario, sostiene que cuando la corrupción compromete a alguien del entorno presidencial las responsabilidades administrativas y penales se diluyen deliberadamente con el paso del tiempo y el peso de la burocracia.
“En cambio señala cuando corresponde evaluar a figuras de la oposición, se aplica el mayor rigor posible. Cada vez que viene un proceso electoral sale una lista de inhabilitaciones. No sólo para eliminar a los candidatos opositores más fuertes, sino también a los del chavismo que manifiestan la más mínima disidencia”.
El diputado oficialista Carlos Escarrá pensaba del mismo modo en 2004, cuando asistió legalmente a un grupo de legisladores de Anzoátegui inhabilitados por la Contraloría.
Ahora argumenta que, sencillamente, se trata del combate a la corrupción.
Hechos y no personas. En los informes anuales de la Contraloría General de la República sólo aparecen identificados los funcionarios o ex funcionarios efectivamente sancionados con multas, reparos, responsabilidad administrativa o inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En la mayoría de los casos, las irregularidades se atribuyen, de manera genérica y despersonalizada, a deficiencia de los mecanismos de control del respectivo organismo público.
La gravedad del daño que permite presumir la comisión de un delito y que amerita la intervención del Ministerio Público tampoco es suficiente para aplicar sanciones. Así ocurrió con tres expedientes remitidos a la Fiscalía en 2008 (aunque la información se hizo pública en agosto de 2009) por hechos ocurridos en la Gobernación de Miranda mientras estuvo en manos de Diosdado Cabello. Al examinar la gestión de Fundamiranda, la Contraloría descubrió enriquecimiento ilícito y falseamiento de datos en declaración jurada de patrimonio. Sobre el Instituto de Vivienda y Equipamiento de Comunidades se verificó la comisión de las mismas irregularidades y, además, de concierto de funcionarios con contratistas.
La justicia penal ha avanzado más sobre los daños al patrimonio público causados durante la gestión de Yelitza Santaella en la Gobernación de Delta Amacuro. Por una investigación que comenzó en 2000, en mayo del año pasado, la Fiscalía citó a Santaella como imputada por el desvío de 300.000 bolívares.
Transcurrido más de un año y sin saldar las cuentas pendientes con el Ministerio Público, la candidata sigue indemne. Cuenta con el respaldo del Presidente y de la directiva del PSUV, de la cual forma parte.
Contraloría halló vicios en gestión de Bernal:
Durante la gestión del ex alcalde de Libertador Freddy Bernal, ahora candidato a diputado, luego de ser elegido en las primarias del PSUV, se cometieron irregularidades en la contratación de obras para el Centro de Economía Popular de Quinta Crespo, según los informes de la Contraloría General de la República de 2005 y 2006.
El contrato para la construcción del mercado se firmó por 3.160,56 millones de bolívares en 2003. Sin embargo, en ese momento la alcaldía contaba para esta obra con créditos presupuestarios de 277,09 millones de bolívares.
La irregularidad constituye una violación del artículo 142 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 1989, vigente para la época, que reza: “Los créditos presupuestarios del presupuesto de gastos (…) constituyen el límite máximo de las autorizaciones disponibles para gastar, no pudiendo el alcalde acordar ningún gasto ni pago para el cual no exista previsión presupuestaria”.
En el informe de 2006, la Contraloría descubrió que el socio de la empresa constructora era el esposo de la jefa de la Unidad de Compras y Suministros de la Alcaldía, que a su vez es hermana de Bernal: “El ciudadano antes identificado -el alcalde Bernal- presenta un segundo grado de afinidad con la máxima autoridad del ente contratante”.
El artículo 67 de la referida ley prohíbe a alcaldes y a concejales “intervenir en la resolución de asuntos municipales en que estén interesados personalmente o lo estén su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad”.
En 2006 se volvió a verificar la falta de presupuesto y el informe indica: “La situación expuesta le resta confiabilidad al proceso administrativo de ejecución del gasto llevado por la alcaldía”.
En 2007, la Contraloría determinó que en 2001 y 2002 la Alcaldía de Libertador no transfirió 10% de sus ingresos propios a la Alcaldía Metropolitana, como mandaba el artículo 22 de la Ley Especial del Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas.
En el informe se precisa que 10.964,3 millones de bolívares y 11.011,11 millones, respectivamente, se usaron en pagar incremento de matrícula, PAE y deudas varias.
De López a Azuaje:
Las inhabilitaciones causaron un intenso debate a propósito de las elecciones regionales de noviembre de 2008. Más de 200 personas, entre ellas el ex alcalde de Chacao Leopoldo López y otros candidatos de la oposición con opción de triunfo, quedaron fuera del juego.
López denunció con éxito la violación de sus derechos políticos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, aún la Corte Interamericana no ha dictado la sentencia.
En diciembre de 2009, Clodosbaldo Russián, contralor general, anunció otros 125 inhabilitados, entre ellos a los ex gobernadores Eduardo Manuitt, Luis Lippa y Bernabé Gutiérrez.
Hace un mes la Contraloría anunció las inhabilitaciones de tres candidatos de oposición: los ex gobernadores Manuel Rosales y Ramón Martínez, así como el ex alcalde Ernesto Paraqueima.
Russián también sacó del juego a dos abanderados del PSUV: Numa Rojas y Jorge Díaz Cuba, que habían sido elegidos en primarias.
La segunda opción del oficialismo para eliminar contendores ha sido ejecutada por fiscales y jueces que han demostrado inusual celeridad para lograr condenas penales e inhabilitaciones contra Iván Simonovis, Henry Vivas, Lázaro Forero y Gustavo Azócar.
Y un tercer mecanismo se aplicó contra el diputado Wilmer Azuaje, que fue inhabilitado por el TSJ sin esperar los resultados del proceso penal por la supuesta agresión a una funcionaria policial.
EDGAR LÓPEZ/Jul 11 2010
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