El Observatorio de Derechos de Propiedad alerta que el Gobierno retoma política confiscatoria.
En 5 años se han registrado
1.237 intervenciones en el país
La expropiación de Agroisleña marca el comienzo de otra etapa del Gobierno en la profundización del modelo socialista en los sectores de alimentos y agrícola; y que se afianzará con el “rescate” de todas las tierras del sur del lago en el estado Zulia, según lo anunció el ministro de Agricultura, Juan Carlos Loyo.
Las cifras del Observatorio de Derechos de Propiedad de la Asociación Liderazgo y Visión, revelan que el Zulia es la entidad donde se han registrado el número más alto de violaciones de la propiedad privada.
Se ha contabilizado que de las 1.237 expropiaciones e intervenciones que ha habido entre 2005 y agosto de 2010, 492 han sido en Zulia, lo que representa 39,7% Felipe Benites, coordinador general del Observatorio, dijo que en el caso zuliano la mayoría son empresas del sector hidrocarburos nacionalizadas a principios del año pasado.
Liderazgo y Visión recabó información de todo el país y dividió el territorio en siete zonas geográficas. La región centrooccidental, en la que incluyeron Falcón, Lara, Portuguesa, Yaracuy y Zulia es la que presenta más casos. En total tiene 587 intervenciones.
En Lara se produjeron 27 tomas y en Yaracuy 42. Benites expresó que la mayoría de estas violaciones corresponde a los rescates de tierras que realizó el Instituto Nacional de Tierras en 2008. Allí se encuentran los centros agrícolas el Valle del Tucutunemo y el Valle del Turbio. En éste, ubicado en Lara, había 32 fincas que integraban más de 2.400 hectáreas.
Al comparar los datos de la organización, Distrito Capital es la zona con más violaciones en los últimos 5 años después del Zulia. Se produjeron 219.
Reanudación. Pese a que el ministro de Agricultura y Tierras dijo que los “próximos rescates” de tierras se centrarán en el sector alimenticio, las cifras de Liderazgo y Visión muestran que en 2010 las intervenciones en este rubro descendieron en comparación con las de 2009, cuando se registraron 283 violaciones de propiedades agroproductivas. Durante los primeros 8 meses del año, el Observatorio sumó 11 en áreas rurales.
“Pareciera que los impactos negativos sobre la producción nacional y la evidente incapacidad del gobierno empresario como es el caso del hallazgo de toneladas de alimentos podridos de Pdval junto con el escenario electoral, obligaron a una pausa en la política confiscatoria, que ya amenaza con reanudarse”, dijo Benites.
Dentro de los planes del Gobierno, según el ministro de Agricultura y Tierras, también están las intervenciones en Apure, Barinas, Guárico, Lara, Anzoátegui y Monagas. De acuerdo con el Observatorio, los 3 primeros estados (reunidos en la región de los llanos) llevan 89 violaciones de la propiedad desde 2005 hasta agosto de 2010; mientras que en Anzoátegui se han producido 23 y en Monagas 1, en el mismo período.
Entre enero y agosto de 2010 han ocurrido 118 violaciones de la propiedad privada. Las proyecciones del organismo apuntan a que el número de violaciones al cierre de este año coincidirá con las que se produjeron en 2006 (176). Sin embargo, Felipe Benites dijo que los casos de este año tienen más exposición e importancia en la opinión pública, que su significación cuantitativa en sí.
El coordinador de la organización hace la aclaratoria porque en los últimos 3 años ejecutaron más intervenciones que en 2006. En 2007 hubo 241, el año siguiente se realizaron 236 y, en 2009, se registraron 434 casos. Sin embargo, Benites comparó 2010 con 2006 porque fue ese año cuando el Gobierno arreció la política expropiatoria. En 2005, sólo hubo 32 casos.
El Estado sólo ha pagado la mitad:
Sin incluir las fincas agrícolas, las nacionalizaciones le han costado al país 30 millardos de dólares, según cálculos de la consultora Ecoanalítica. El Estado sólo ha pagado entre 14 millardos y 15 millardos de dólares, principalmente a empresas transnacionales con las que ha llegado a convenios. Si se toma en cuenta que según el Observatorio de Derechos de Propiedad, de la Asociación Liderazgo y Visión, las violaciones de la propiedad privada en áreas rurales entre 2005 y agosto de 2010 representa 51% de todas las que se produjeron en ese período, la deuda del Estado crece considerablemente. Durante esos años, indica el informe del observatorio, se contaron 1.237 intervenciones, de las cuales 633 fueron en fincas, haciendas, hatos y terrenos. Le siguen las expropiaciones de inmuebles residenciales (370) y de empresas (145).
Entre 2007 y 2008, cuando se tomaron las empresas de electricidad y telecomunicaciones, el pago se concretó en poco tiempo con relación a procesos más recientes, que han tardado años e incluso algunos han llegado a tribunales internacionales, como es el caso de las petroleras.
CARMEN SOFÍA ALFONZO A.
calfonzo@el-nacional.com
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