“Yo compro una vivienda para vivir, pero en algún momento he mejorado
la condición económica o ha crecido la familia, ¿no lo puedo vender?

Cámara Inmobiliaria rechaza presiones
para resolver el déficit de vivienda

La posibilidad de que la Asamblea Nacional avance en la discusión del anteproyecto de ley para la socialización de inmuebles de vieja data ya comienza a activar las alarmas del sector inmobiliario, por considera que no van al fondo del problema, que es resolver el déficit de 2,5 millones de viviendas que existe en el país.

Si en parte varias de las consideraciones que contiene el papel de trabajo atienden los planteamientos hechos por la Cámara Inmobiliaria, sobre la venta y transferencia de propiedad a los arrendatarios de edificios de vieja data destinados a vivienda, al presidente de este gremio, Aquiles Martini Pietri, no deja de preocuparle la forma como está redactada la propuesta parlamentaria, ya que “de no hacerlo bien se estaría al frente de una confiscación masiva de la propiedad de la gente”.

Martini Pietri considera que el común venezolano que adquirió una vivienda, como parte de su patrimonio familiar, y que la puso en alquiler como un complemento a su ingreso familiar no puede ser obligado a venderla ni mucho menos puede ser objeto de una confiscación o expropiación del inmueble, “que es lo que en el fondo se está entreviendo”.

Criticó que el Estado siempre tenga un derecho preferente sobre la vivienda, ya que no garantiza a una persona natural o grupo familiar la plena disposición de sus bienes, como establece el artículo 115 de la Constitución.

“Yo compro una vivienda para vivir, pero en algún momento he mejorado la condición económica o ha crecido la familia, ¿no lo puedo vender? El Gobierno lo que está es quitándole la propiedad a unos, pero tampoco se la da a otro, por la cantidad de condiciones”, dijo.

La propuesta establece que quienes adquieran una vivienda bajo esta modalidad no podrán disponer ni gravar el inmueble durante un lapso de 10 años. Transcurrido el tiempo, el Estado tendrá el derecho preferente sobre cualquier otra persona para adquirir el bien.

Pretende además “erradicar la usura y la especulación” en materia de alquileres, tomando en cuenta las infraestructuras con más de 40 años de construcción y cuyos arrendatarios tengan más de 10 años ininterrumpidos ocupándolas, y solventes en los pagos.

Sin embargo, el presidente de la Cámara Inmobiliaria cree que no puede verse como oligarca o usurero a quienes tienen un inmueble alquilado. Aseguró que la mayoría de las edificaciones de vieja data en alquiler están ubicadas en zonas populares como Catia, Propatria y el centro, es decir, a quienes se estaría afectando es a aquellas personas “que con su esfuerzo construyeron un anexo en su vivienda”.

Descuentos:

Otro de los problemas, según Martini Pietri, tiene que ver con las amortizaciones. Cree que el descuento es perfectamente válido, pero de manera equitativa. No concibe que se establezcan bandas clasificadas por años de habitabilidad, porque al final quienes tienen diez años alquilados tienen los mismos derechos que los de 15 años, aun cuando pagaron una renta por mucho más tiempo.

Según el anteproyecto de “socialización” de viviendas, el porcentaje establecido va desde 25% en el caso de una persona natural o grupo familiar que tenga de 10 hasta 15 años pagando un alquiler, 35% si va entre 15 y 20 años, 45% entre 20 a 25 años, 55% de 25 hasta 30 años y con más de 30 años le sería amortizable 95%, prácticamente la totalidad del bien.

En este sentido, la Cámara Inmobiliaria propone que se descuente entre 1 y 2% por cada año que tenga una persona en condición de arrendatario, hasta un tope de 20 años.

Martini Pietri destacó además que este tipo de medidas no tienen sentido si no se coordinan con todas las partes. En tal sentido, no descarta pedir un derecho de palabra en el Parlamento.

YANETH FERNÁNDEZ | EL UNIVERSAL
yfernandez@eluniversal.com