En menos de dos semanas, se han dado en Colombia, Estados Unidos y España, delaciones de terroristas y capos de la droga que están obligando al Régimen venezolano a dar respuestas a preguntas incómodas que ya no provienen precisamente de periodistas, sino de gobiernos serios que tienen como prioridad la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
El primer evento se suscitó en Estados Unidos, a donde fue deportado el Jefe del Cartel de Cali en Venezuela, Luis Frank Tello, alias “El Negro Frank”, quien reveló a manera de colaboración con el fin de reducir su pena, los nombre de funcionarios policiales con rangos de comisarios que formaban parte de su red en Venezuela. La respuesta silenciosa del Gobierno, fue jubilar a los tres comisarios.
El segundo evento tiene que ver con las declaraciones de Walid Makled en Colombia. El sujeto acusado de narcotráfico no sólo en Venezuela sino también en Estados Unidos, mostró apenas fragmentos de lo que está dispuesto a revelar en cuánto a sus relaciones con funcionarios del Gobierno. De hecho, fue el mismo Makled quien puso a rodar la credencial del Tribunal Supremo de Justicia que le fue otorgada por el propio Eladio Aponte Aponte, magistrado que además en oficial de la Guardia Nacional y que tiene sus raíces en Carabobo, donde Makled tenía su base de operaciones. Aponte Aponte es uno de los brazos derechos de Hugo Chávez en el Tribunal Supremo de Justicia, y viene de ser Fiscal General Militar.
El tercer caso tiene que ver con las recientes declaraciones de dos etarras capturados en España que han confesado que fueron entrenados por la FARC en territorio venezolano. Esto pasa a corroborar el dictamen que un tribunal español emitió meses atrás y que relacionaba al Gobierno venezolano con estos entrenamientos, pues esto había quedado probado con declaraciones y documentos entregados por otros etarras capturados que dieron detalles de los lugares, fechas y personas e instituciones involucradas en dichos entrenamientos.
Aunque España, especialmente el Canciller Moratinos ha demostrado una debilidad hacia el régimen de Hugo Chávez, el tema de la lucha antiterrorista en ese es país política de Estado lo que no podrá ser vulnerado por ningún interés partidista.
De manera pues que Venezuela, como Estado, deberá dar respuestas convincentes ante estos eventos que aunque parecieran surgidos de una conspiración, son sólo el resultado lógico de más de una década de relaciones peligrosas del Gobierno venezolano.
Estratégica reimpresión
De la Ley que rige al TSJ
Con fecha 1 de octubre del 2010, fue reimpresa la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia por un supuesto “error material”. La verdadera razón fue modificar el artículo 70 y reducir al mínimo el lapso para la preselección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, de manera que sea ésta Asamblea Nacional y no la que asumirá en enero, la que escoja los magistrados.
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