En desobediencia
El caso de la juez María Lourdes Afiuni, presa por administrar justicia, pasará a la historia negra de las violaciones a los derechos humanos en este país. Desde aquel día en que el mismísimo Presidente de la República pedía, en cadena nacional, la pena máxima para ella olvidando por completo la presunción de inocencia, el debido proceso y otras normas constitucionales que como jefe del Estado debería conocer, la juez Afiuni ha vivido un calvario de arbitrariedades y reiteradas violaciones a su condición de ciudadana.
No fue suficiente el exceso de abusos cometidos por la juez Leidys Azuaje, a quien le correspondió la primera fase del proceso y que, sin ningún tipo de pruebas ni fundamentos jurídicos, la envió a un juicio para condenarla a 30 años, tal como lo pidió Chávez. Ahora aparece un nuevo jurista del horror, a quien le corresponde sentenciarla: Alí José Fabricio Paredes, juez 26 de juicio de Caracas, ex policía de Sucre, presuntamente uno de los pistoleros de puente Llaguno y, como él mismo se identificó en la página web del PSUV, “fiel a su Comandante en Jefe e incapaz de traicionar el proceso por su condición de revolucionario”.
Alí Paredes fue recusado por la juez Afiuni pero, violando todo tipo de normativa legal, él mismo decidió sobre su recusación.
El pasado jueves Paredes dio inicio al juicio, a pesar de haber sido denunciado por la defensa de la jueza por estar incurso en delitos de violencia contra la mujer, por no permitirle que fuera al médico para que le trataran un quiste que le fue encontrado en un seno.
Cuando comenzó el juicio oral y público con una sala abarrotada de personas, nadie imaginó que la juez Afiuni solicitaría a sus abogados que se retiraran de la sala para asumir ella misma su defensa. Luego de una magistral clase de la naturaleza y objetivos de su recusación contra Alí Paredes, le informó al tribunal que, a partir de ese momento, se declaraba en desobediencia civil de acuerdo con el artículo 350 de la Constitución, que autoriza a un ciudadano a invocarla ante cualquier autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Dicho esto, la jueza pidió ser esposada y trasladada de nuevo a la cárcel, y anunció que no volverá a asistir a su juicio mientras el juez “revolucionario” continúe conociendo del proceso.
Con esto, María Lourdes Afiuni se convertía en la primera ciudadana privada de libertad en declararse en desobediencia civil en un proceso judicial, al usar un derecho que la Constitución establece y ante una clara violación a sus derechos humanos por parte del juez Paredes. Pasa este juez rojito a engrosar la lista de operadores de justicia que, tarde o temprano, tendrán que responder por los excesos que en el ejercicio de sus funciones han cometido como violadores a los derechos humanos, delito que, por cierto, no prescribe.
Por: Redacción
Sep 13 2010
Política | Opinión
EL NACIONAL
