Explosivos y armas de guerra
en manos del hampa
■ Malandros les responden con subametralladoras HK, fusiles AK-103, AK-47 y AR-15.
■ Al menos 18 hechos delictivos con explosivos ocurrieron en las primeras 15 semanas del año.
Caracas.- La noche del 10 de febrero, lo que comenzó como un intento de secuestro de dos personas en su vehículo, en la avenida Rómulo Gallegos, a la altura de Los Dos Caminos (Caracas, municipio Sucre), culminó en un enfrentamiento de guerra, donde los delincuentes accionaron armas largas contra los funcionarios de Polisucre y les lanzaron una granada que causó el incendió del carro a secuestrar. Dos cargadores, la espoleta del explosivo y un fusil AK-103 fueron recolectados del lugar por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Dos días después, en San Antonio de Yare (Miranda), una comisión de la Policía de Miranda que se encontraba chequeando papeles a motorizados, fue atacada con una granada por unos motociclistas a los que pidieron detenerse y mostrar sus documentos. En la huida les lanzaron el artefacto, hiriendo a un oficial y una vecina del sector.
Y el 16, cuatro días más tarde, se repitió otro evento. En un enfrentamiento entre los integrantes de una banda y funcionarios de Polisucre, Cicpc y el grupo BAE (Brigada de Acciones Especiales), en la zona 6 del barrio José Félix Ribas de Petare, cinco delincuentes hicieron detonar una granada para alejar a los funcionarios pero terminaron muertos por la explosión.
Estos fueron tres de al menos nueve hechos violentos reportados por los medios de comunicación en el mes de febrero, donde los delincuentes activaron una granada; y tres de al menos 18 casos ocurridos en las primeras 15 semanas de 2015. Este año el uso de ese tipo de explosivos ha aumentado en frecuencia, prácticamente se ha registrado un caso por semana, y la mayoría de las veces ha sido para atacar a funcionarios policiales.
“Antes eran muy pocos los casos donde veíamos el uso de granadas. Si pasaba, era en un robo a un camión blindado, por ejemplo. Siempre fueron casos esporádicos. Pero este año ha sido más frecuente que en 2014, el uso ha sido desproporcionado”, señala el comisionado agregado Rafael Graterol, jefe del Centro de Coordinación Policial Nº 7 de la Policía de Miranda, el cual cubre los municipios Sucre, Chacao, Baruta y El Hatillo del Área Metropolitana de Caracas.
La zona con mayor uso de granadas es Valles del Tuy:
El empleo de estos explosivos se suma al stock de armas largas que desde hace un par de años, recuerda el comisionado de Polimiranda, están usando con regularidad los delincuentes de distintas bandas. Armamento “que debe estar en manos, única y exclusivamente, de las fuerzas armadas y de las fuerzas policiales”.
En los primeros cuatro meses se han registrado hechos en entidades mirandinas (Ocumare del Tuy, Santa Lucía, Yare, Charallave, Los Teques, Petare y Los Dos Caminos), en el Distrito Capital (El Cementerio) y en las capitales de los estados Carabobo, Aragua, Zulia y Sucre.
El comisionado Graterol informó que en el caso de Miranda, la zona con mayor incidencia en el uso de granadas es Valles del Tuy, lugar “donde operan las bandas de Los Orejones, El Saulito y Carlos Capa, quienes al parecer crearon alianzas para mantener en zozobra tanto a los habitantes como a los funcionarios policiales”.
En desventaja:
En funciones de patrullaje o estando en puntos de control, les han lanzado granadas desde vehículos en marcha o motocicletas. También en robos y secuestros frustrados. Una modalidad más que se suma al ataque y asesinato de policías, que hasta el viernes llevaba la cifra de 44 funcionarios fallecidos, entre policiales y militares, en la Gran Caracas (2014 finalizó con 132).
Tan solo en seis eventos de los registrados por Polimiranda, la explosión de granadas dejó tres muertos (uno de ellos funcionario de la Policía Nacional Bolivariana) y 17 heridos (siete policías).
“Si yo veo un robo con arma de fuego en la acera de enfrente, ¿qué crees que voy a hacer? ¡Correr!”
“Lo que más nos preocupa es el acoso a funcionarios. Nos atacan estando en servicio y fuera de servicio”, señala el comisionado agregado Rafael Graterol. Explica que para los delincuentes, más importante es matar al funcionario que quitarle el arma y dejarlo vivo, “porque entre sus compañeros eso les da estatus. Consiguen el arma pero también se vanaglorian al decir que han matado a varios policías”.
Mientras los funcionarios municipales y estadales solo pueden usar armas 9 mm, los malandros les responden con subametralladoras HK, fusiles AK-103, AK-47 y AR-15. Hace cuatro años el Ministerio de la Defensa publicó la resolución 17530, donde limitó el uso de escopetas a estas policías.
“Nos sentimos en desventaja, eso es indudable, pero a la vez creo que estamos más preparados que ellos y por eso hemos podido dar de baja a varios delincuentes. Pero aún así la situación es grave, estamos en una crisis porque nos están matando y no son solo policías, sino guardias nacionales e integrantes de las Fuerzas Armadas. Particularmente le pido al ministro de la Defensa que nos apoye, que nos doten de otras armas, y que hagan algo; deberían pronunciarse desde las altas jerarquías y dar directrices porque nos están matando”, dice el jefe del Centro de Coordinación Policial Nº 7 de Miranda.
En ese organismo ya no se trabaja en pareja ni se hace patrullaje con un solo funcionario. Decidieron salir a la calle en grupos para enfrentar mejor al hampa.
“Uno nunca está seguro”:
La semana pasada mataron a tres. El lunes a un Polichacao en Caricuao, el martes a una Polisucre a las 8 am, en plena Av. Sucre de Los Dos Caminos; y el miércoles a un PNB en Carapita. De tiros, para robarles la moto y el armamento. El fin de semana del 29 de marzo mataron a dos PNB en El Cementerio, uno de ellos murió tras la explosión de una granada en un enfrentamiento (el joven policía, de 21 años, era de Carabobo y estaba de comisión en la capital por unos días).
Cinco PNB consultados en el centro de Caracas, en funciones de patrullaje y orden público, comentaron sentirse expuestos porque los “lanzan” a la calle sin protección. Bajo la petición de resguardar su nombre por temor a sanciones, uno de los policías comentó que trabaja en una de las principales ciudades del Occidente como policía de tránsito, usando chaleco antibalas y un arma, pero lo enviaron a Caracas sin nada, por unas semanas.
“Eso es ilógico, cómo nos mandan a Caracas, la ciudad más peligrosa, así. Y al llegar tampoco nos dieron nada. Tenemos un chalequito de tela que dice PNB. El delincuente no va a revisarnos a ver si tenemos pistola o no. Simplemente con el nombre que resalta en el chaleco ya nos consideran un blanco. Nos matan de un tiro en la cabeza y si no teníamos pistola para robarnos, mala suerte. Si yo veo un robo con arma de fuego en la acera de enfrente, ¿qué crees que voy a hacer? ¡Correr! Si no puedo protegerme a mi, menos puedo proteger a los demás”.
“Después de 16 años de la ‘revolución bolivariana’, el crimen y la violencia hicieron metástasis”
Ante los asesinatos de policías de las últimas semanas, aseguran que no les han dado directrices nuevas para su protección, y que cuando les piden ir a un operativo en un barrio de la capital, se niegan. Aunque no todos pueden.
“Si uno mata a alguien te meten preso y la condena es doble, porque eres policía, conoces la ley y no debes violarla; pero si un delincuente mata a un policía no pasa nada”.
Para ellos no hay duda de que las armas que ahora están en manos de bandas delictivas provienen de la venta de los propios funcionarios, de distintos organismos. “Esta es una sociedad muy corrompida”.
Corrupción y micro estados: (Zonas de Paz)
No es un secreto para los habitantes de Barlovento, en el estado Miranda, que grupos armados que controlaban las zonas más peligrosas, ahora redoblaron su radio de acción. Lo hicieron porque están recibiendo apoyo económico del Gobierno Nacional, con las llamadas “Zonas de Paz”, un proyecto denominado Movimiento por la Paz y la Vida, emanado desde la propia presidencia de la República.
Con ese proyecto, según anunció el propio presidente, Nicolás Maduro, se busca “solucionar el problema de la violencia y la criminalidad en las comunidades con el desarme de las bandas delictivas”. En Mamporal y San José de Barlovento, específicamente, se instalaron dos de esas llamadas Zonas de Paz.
El viceministro de Política Interior, José Vicente Rangel Ávalos, anunció el 7 de septiembre esa instalación y dijo que tres bandas delictivas depusieron sus armas y “cambiaron su estilo de vida”. Ciertamente lo cambiaron, pues una de ellas, que hace vida en el caserío El Delirio (San José de Barlovento), recibió un micro crédito del Gobierno Nacional una vez que entregaron sus armas. Canjearon algunos revólveres y armas automáticas por “beneficios”.
Con el dinero, según indicaron fuentes policiales, los maleantes compraron siete fusiles AK-45 y una camioneta. Ahora se dedican a la industria del secuestro en el eje de Barlovento y ciudades cercanas. Incluso han llegado a Caracas, dijeron los efectivos.
Mientras Rangel Ávalos asegura que estos jóvenes “están trabajando la tierra y preparando los terrenos para la siembra de alimentos”, los habitantes de la región desmienten su anuncio y, más bien, se sienten acorralados por los delincuentes. La cifra extraoficial que manejan las autoridades policiales de la zona revela que estos sujetos con su banda organizada cometen hasta cinco plagios exprés a la semana. Todos quedan en cifra negra, pues nadie denuncia por miedo.
Hace un mes, los maleantes secuestraron a la hija de un comerciante portugués, de nueve años, a plena luz del día y frente a una comisión de Poliacevedo. Los hampones llegaron al centro de Caucagua y se bajaron de un carro. Con fusil en mano uno de ellos apuntó a los funcionarios y les dijo que se quedaran quietos porque “el beta no era con ellos, sino con la chamita”.
Los policías quedaron neutralizados, mientras el resto de la banda sometió a la niña y se la llevó. Incluso hicieron varios disparos al aire para abrirse paso y huir rápidamente. Así se vive en Barlovento, una región de Miranda que apenas cuenta con 286.641 habitantes y dos Zonas de Paz.
La tasa de criminalidad alcanzó los 91 casos por cada 100 mil habitantes, según datos aportados por la Policía de Miranda. Esto ubica a Barlovento como la región más peligrosa del estado, tomando en cuenta la tasa de criminalidad.
El municipio Sucre y los Valles del Tuy, pese a que tienen mayor número de homicidios, quedaron por debajo de Barlovento, en cuanto a incidencia delictiva se refiere.
Terror a toda hora:
Aragüita y Caucagua son los sectores más peligrosos de Barlovento, según la policía. Otras zonas como Panaquire, El Clavo, Mamporal y San José de Barlovento no se quedan atrás.
En toda la región hay catorce bandas armadas que aún no han depuesto su arsenal o, simplemente, cambiado por algo mejor como hicieron en El Delirio. Cada grupo hamponil cuenta con siete y hasta diez miembros. Se toman fotografías exhibiendo el poderío de sus armas para presumir.
Incluso, existe una especie de competencia para saber quién tiene mayor capacidad de ataque. La policía sabe todo eso, pero no puede hacer nada, porque los propios delincuentes los tienen controlados. Les prohibieron ingresar a los sectores donde se instalaron las Zonas de Paz, o donde están en proceso de organización. Un ejemplo de ello ocurre en el sector Cumbo, en San José de Barlovento, donde una asamblea de ciudadanos que hicieron a mediados de octubre para discutir el tema de la inseguridad y buscar soluciones, fue interrumpida por el grupo armado que los amenazó.
Les dejaron claro a los habitantes que “si denunciaban o protestaban, los Iban a matar a todos”. Estas bandas y sus Zonas de Paz controlan todo: quiénes entran y salen de los caseríos, a qué hora, el transporte público, las clases en las escuelas, y más. Los habitantes dicen que ya ni mercado pueden hacer porque los maleantes los asaltan.
Lo cierto es que ni la policía, ni la Guardia Nacional cumplen sus funciones porque prácticamente donde se instala la Zona de Paz, la competencia de la seguridad es de los hampones. Los funcionarios acuden, solo cuando hay homicidios.
Hace cuatro años el Ministerio de la Defensa publicó la resolución 17530, donde
limitó el uso de escopetas a las policías municipales y estadales.
Armamento de guerra:
Para el abogado criminalista Fermín Mármol García, lo que está ocurriendo debe verse en un contexto amplio, donde hay una serie de circunstancias que se han agravado.
“Venezuela sufre actualmente de dos males: la alta incidencia criminal y los altos niveles de violencia. Hay crímenes que no son violentos, como las estafas, fraudes y la corrupción; y conductas violentas que no son delito, como discutir acaloradamente en una cola. Todas le hacen daño al tejido social y después de 16 años de la ‘revolución bolivariana’, el crimen y la violencia hicieron metástasis”.
Así, y frente al hecho de que la seguridad ciudadana no fue una prioridad durante más de 10 años, contando con menos inversión que el gasto militar, y el debilitamiento de las instituciones de seguridad por carencia de recursos humanos y tecnológicos, el abogado precisa que han nacido y crecido siete “microestados” paralelos y peligrosos:
El primero es el de los colectivos armados (estima que 10% de las parroquias del país tienen presencia de uno o más colectivos armados, ejerciendo funciones de policías y de autoridades en sus sectores).
Otro es el de los pranes (autoridades paralelas con ámbito de acción fuera de las cárceles, adonde extienden la cultura carcelaria caracterizada, entre otras cosas, por el desmembramiento de sus enemigos, extorsión, trata de personas).
Los “pseudos sindicatos de la construcción”, que según explica Mármol se trata de jóvenes armados que solicitan y negocian cupos en construcciones y además usan esos espacios para ejercer delitos.
Las mega bandas criminales, consideradas un microestado porque “no tiene sentido tener bandas conformadas por más de 100 personas, que empezaron con cinco integrantes y fueron creciendo, y ahora tienen armas cortas, largas y explosivos, con influencia en varios estados y cuya poder rebasa a las policías municipales y estadales”.
El empleo de fusiles y explosivos por bandas criminales comenzó a verse a partir de 2012
El Frente Bolivariano de Liberación y sus fracturas, que opera entre Barinas, Apure y Táchira, “coexistiendo y enfrentándose a las FARC y al ELN, y que son una fuerza paramilitar en Venezuela”, asegura Mármol.
Y el sexto y séptimo serían el “holding” de la corrupción y el tráfico ilegal de las drogas, este último ligado a todos los anteriores y posiblemente con mayor influencia, concluye el abogado criminalista.
Con esta radiografía, Mármol considera que ese uso de armas de guerra por bandas delictivas es resultado de un cóctel de circunstancias donde los delincuentes lograron organizarse y mejorar su logística: instituciones que no previenen el delito, la impunidad que ha hecho atractivo al delito (de cada 100 solo se castigan seis), y la corrupción generalizada, donde se hace muy fácil conseguir armas de fuego, de guerra y municiones.
El empleo de fusiles y explosivos por bandas criminales comenzó a verse a partir de 2012, detalla el especialista. Si bien para esa fecha ya los secuestros tenían cinco años en auge, en 2012 comenzaron las denuncias de víctimas de secuestros y de robos masivos a edificios donde los delincuentes tenían armas largas.
“Tenemos un chalequito de tela que dice PNB. El delincuente no va a revisarnos a ver si tenemos pistola o no.
Simplemente con el nombre que resalta en el chaleco ya nos consideran un blanco”, relata un policía en Caracas.
Policia Nacional Bolivariana:
“Desde hace varios años se sabe de la existencia de megabandas dotadas con ese tipo de armamento, operando entre los estados Guárico, Aragua y Carabobo; otras en Barlovento, en los Valles del Tuy, al sur del lago de Maracaibo y en la región central. Lo nuevo fue ver bandas con fusiles en las grandes capitales, como Caracas y Valencia, y que empezaran a usarlas contra civiles. Y más recientemente contra fuerzas policiales y con granadas”, destaca el especialista.
El último suceso con un artefacto de estos ocurrió hace nueve días, en la comunidad de Santa Eulalia, en Los Teques; dos jóvenes que manipulaban una granada resultaron heridos por la explosión y uno de ellos perdió un brazo. Este caso, al igual que el registrado en Guaicoco (Petare) el 20 de marzo, donde un adolescente murió al explotarle una granada en sus manos, hiriendo a siete personas y causándole la muerte a otra, evidencia no solo el riesgo de ser manipuladas inexpertos, sino la aparente facilidad de conseguir estos artefactos o cuán diseminadas están en zonas populares.
“Cuando en la prevención del delito ha fallado la educación, la familia y las religiones, debe venir otra faceta del Estado, que sería reprimir el delito dentro del marco legal. Esto no ha pasado. Si las políticas públicas contra el crimen y la violencia siguen siendo intermitentes y equívocas, la situación seguirá agravándose porque los problemas sociales no tienen límites.”, advierte Mármol García.
Algo está mal
El abogado criminalista Fermín Mármol García recuerda que Venezuela ha alcanzado, en la última década, sitiales poco honrosos. “Venezuela es el segundo país con más homicidios de América, solo superado por Honduras. Está entre los 10 países con más secuestros con fines económicos, de todo el planeta, ocupando la casilla novena. Estamos entre los 15 países más corruptos según Transparencia Internacional, y entre los 20 países con menos control de sus fronteras para evitar la entrada y salida de drogas ilícitas, según la oficina contra Drogas y Delitos de la ONU”.
Precisa además que si se revisan los estándares de Naciones Unidas, sobre policías por habitantes, Venezuela no los alcanza. Deberían existir cuatro uniformados en exclusivas funciones de patrullaje por cada mil habitantes. “Eso daría 120 mil policías, pero esa cifra no incluye a escoltas, los que están suspendidos, de permiso o de vacaciones. Estimamos que no hay más de 75 mil policías en esas condiciones, y no se debe contar a la GN porque el exhorto internacional es que las labores policiales sean efectuadas por civiles”. Y sobre los policías de investigación criminal (dedicados a pesquisas, ciencias forenses y criminalística), se necesita uno por cada mil personas; sería un requerimiento de 30 mil policías de investigación pero en la actualidad son unos 8 mil, indicó el especialista.
Por: Patricia Marcano
patricia@larazon.net
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Caracas, sábado, 25 de abril de 2015
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