Presidente de la AN podrá decidir sin consultar en dónde y cuándo sesionar.
Presidente de la AN podrá decidir sin consultar en dónde y cuándo sesionar.
Prohibición: “solo pueden entrar en la
AN exclusivamente ANTV y VTV”
Oficialmente los medios de comunicación audiovisuales ya no podrán entrar al hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional.
Con la reforma parcial del Reglamento Interior y de Debates se legalizó el impedimento -que impera desde el 15 de enero de 2009- para que los canales de televisión distintos a VTV y ANTV puedan transmitir lo que ocurre en las plenarias.
El derogado artículo 97 del Reglamento Interior y de Debates establecía: “(…) En atención al artículo 108 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los medios de comunicación audiovisual podrán transmitir parcial o totalmente el desarrollo de las sesiones”
Esta amplitud de criterio ya no existe. La mayoría oficialista de la actual Asamblea Nacional aprobó reformar el artículo 97 de la siguiente manera: “A fin de garantizar el acceso a la información, de conformidad con el artículo 108 de la Constitución de la República, las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional serán transmitidas por la televisora pública de la institución, ANTV, pudiendo prestar apoyo para la transmisión la televisora del Estado. Se facilitarán las condiciones para que los medios de comunicación interesados en transmitir la información que se genera en el desarrollo de la sesión, puedan hacerlo a través de la señal de ANTV”
La legalización de la medida tomada hace poco menos de un año obliga´ a todos los medios audiovisuales nacionales o internacionales a transmitir las sesiones según la óptica y criterio periodístico que decida aplicar ANTV y en algunas oportunidades VTV a los debates que se produzcan en el hemiciclo de sesiones.
Hasta este momento la prohibición de entrar al hemiciclo de sesiones está referida exclusivamente a los equipos técnicos de los medios de comunicación distintos a ANTV y VTV. Táxativamente no se colocan restricciones a la presencia en los debates de periodistas acreditados por radios, medios impresos o medios electrónicos.
Súper poderes:
La reforma parcial del Reglamento Interior y de Debates también dotará a quien asuma la presidencia del nuevo Parlamento de facultades especiales para decidir “sesionar en sitios diferentes al hemiciclo de sesiones”. Esta decisión lo podría tomar sin consulta previa con el resto de los diputados que integran a la Asamblea Nacional.
Quien presida al Parlamento también podrá prorrogar las sesiones de la Asamblea Nacional. Hasta ayer esa facultad estaba limitada a aun prórroga máxima de dos horas.
Por último, entre las nuevas atribuciones se incluye la habilitación para dictar el reglamento que regule la función administrativa interna.
Otros cambios:
Según el viejo reglamento en la primera discusión de un proyecto de ley, cada parlamentario podía ejercer dos derechos de palabra de 15 y 7 minutos. Ahora, solo podrán intervenir una vez por 10 minutos. Si se trata de un réplica, el tiempo disminuye de 5 a 3 minutos.
La reducción también aplicará a la cantidad de sesiones. Hasta ayer, el reglamento establecía que las sesiones ordinarias “se llevarán a cabo sin convocatoria previa los martes, de y los jueves”. Ahora procurarán sesionar en plenarias cuatro veces al mes. EM
EL UNIVERSAL | Opinión
viernes 24 de diciembre de 2010
Prohibe que toda información generada por la institución sea revelada al público, de no ser autorizada “por la unidad responsable”, lo cual contraviene el artículo 143 de la Carta Magna.
Prohibe que toda información generada por la institución sea revelada al público, de no ser autorizada “por la unidad responsable”, lo cual contraviene el artículo 143 de la Carta Magna.
La censura previa ya
tiene su reglamento
La normativa de Clasificación y Tratamiento de la Información de la Administración Pública, dictada por la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, organismo adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, fue publicado en la Gaceta Oficial No 39.578 de pasado martes 21.
En la Gaceta Oficial N° 39.578, del martes 21 de diciembre, se encuentra publicada la normativa de Clasificación y Tratamiento de la Información en la Administración Pública.
La providencia administrativa es dictada por la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (Suscerte), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y encargado de “articular, alinear y asesorar toda iniciativa de seguridad informática en los entes del Poder Público”.
Según el párrafo único del artículo 17 de la referida normativa “toda información generada por la institución no podrá ser publicada o revelada al público en general sin la previa autorización debida y formal de la unidad responsable de la imagen institucional o de la máxima autoridad de la institución”.
En este sentido la información pública deberá clasificarse por importancia económica, política, social, de imagen pública y/o estratégica para la institución que la genera.
No obstante, la clasificación publicada en la Gaceta Oficial sólo incluye criterios vagos y generales que deberán ser aplicados por los “custodios de la información” -así define la norma a quienes producen la información- para saber si los datos deben catalogarse como no públicos.
Si un organismo decide que la información que genera posee importancia política o podría afectar su “imagen público” podrán catalogarse como confidencial y no estarán en la obligación de divulgarla. Este criterio es tan vago que los nuevos contratos de automatización que firme el CNE o los convenios internacionales que suscriba el Presidente con otros Estados podrían censurarse e impedir que se publiquen.
Esta normativa limita aún más el acceso a la información, una de las catorce garantías constitucionales que no pueden ser suspendidas ni siquiera durante la declaratoria de un estado de excepción, como lo establece el artículo 7 que rige la materia, y el artículo 143 de la Constitución.
Parecida al Cesna:
La providencia dictada por el Suscerte se relaciona con la creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna); instancia -aún inoperante- encargada de “analizar todas las informaciones que provengan del Estado y de la sociedad sobre cualquier aspecto de interés nacional”, para declararla de “carácter reservado, clasificado o de divulgación limitada”
EUGENIO G. MARTÍNEZ | EL UNIVERSAL
emartinez@elunivesral.com
viernes 24 de diciembre de 2010
Cuentan con 10 días para apelar la sentencia y, por ende, trasladar al legislador a prestar el juramento cuando se instale el nuevo Parlamento
Dice que está en paz con su conciencia
“La condena efectuada no tiene identidad para inhabilitar a Mazuco”, alegó Gonzalo Himiob sobre el caso del diputado zuliano José Sánchez, que fue penado a 19 años de prisión el viernes pasado por la jueza Fabiola Vezga. El oficialismo pretende desconocer su elección.
Himiob dijo que el legislador puede incorporarse a la plenaria el 5 de enero, aunque señaló: “Si el régimen lo condena corresponde al suplente, Nora Bracho, ir y juramentarse por ser falta absoluta”.
A pesar de que cree que el oficialismo puede pedir la nulidad de los comicios parlamentarios del 26-S, cuando fue electo Mazuco, advirtió que no procede porque el juicio ya estaba iniciado y no había conclusiones.
Delsa Solórzano, diputada electa de Un Nuevo Tiempo, aseguró que Mazuco puede juramentarse porque la sentencia es de primera instancia, no es firme.
Anunció que pelearán por trasladar a Mazuco el 5 de enero a la Asamblea Nacional para que preste juramento mediante un recurso que introducirán en otro tribunal.
“Apelaremos la condena porque hay 10 días hábiles para hacerlo. La jueza se fue de vacaciones, así que si pública la sentencia hoy corren 10 días sin contar la Navidad; el plazo sería el 7 de enero”, afirmó, pero reconoció que puede pasar cualquier cosa. “En el derecho bolivariano todo depende de lo que le provoque o le ordenen al juez”, indicó.
Mazuco envió un mensaje con Solórzano: “Hazle saber al país que mi dignidad está intacta y mi conciencia está tranquila. A los zulianos les garantizo que el 5 de enero estaré en la Asamblea Nacional defendiendo sus derechos y legislando para todos sin distingo de ninguna especie”.
Acudirán a las instancias internacionales. El caso ya está en Amnistía Internacional y en el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, e introdujeron una denuncia penal contra la jueza séptima de juicio, Fabiola Vezga.
En compañía de los diputados Ismael García (Podemos), Enrique Márquez, Stalin González, José Luis Farías (UNT) y el dirigente político Pedro Pablo Alcántara, la diputada al Parlamento Latinoamericano hizo un balance de las “aberraciones jurídicas” cometidas en el proceso contra el parlamentario electo: un testigo encapuchado y otro con “dudosa reputación”, sin derecho a la defensa: Fabiola Vezga iba a recesos para consultar las decisiones, violación de los derechos humanos, como a la salud y a la alimentación.
“Mientras aprobaban el paquetazo cubano en la Asamblea fue condenado a 19 años de prisión por un delito que no cometió el cuarto diputado más votado en el país: el comisario Mazuco. Este Gobierno pretende acabar con las instituciones con las medidas que está tomando, pero nuevamente se equivocan. El 26 de septiembre el Zulia le otorgó el indulto popular a Sánchez, así que el 5 de enero debe ser juramentado”, sostuvo.
Por: HERNÁN LUGO-GALICIA
hliugo@el-nacional.com
Política | Opinión
EL NACIONAL
Al igual que en China, es posible que en Venezuela quieran establecer una central de comunicaciones con la capacidad de interceptar y bloquear cualquier información.
Al igual que en China, es posible que en Venezuela quieran establecer una central de comunicaciones con la capacidad de interceptar y bloquear cualquier información.
Chávez está subvertiendo la
voluntad del pueblo venezolano
Primero lo obvio. Hugo Chávez no gobierna Venezuela como un demócrata. Segundo, Venezuela ya no es una democracia. Tercero, las libertades individuales, la libertad de prensa, la internet y los disidentes corren graves peligros en el país.
La actual Asamblea Nacional –dominada por seres políticamente invertebrados que no se atreven jamás a oponerse a una orden de Chávez– le otorgó al presidente nuevos poderes para gobernar por decreto por 18 meses. La decisión tiene una sola explicación: Chávez quiere gobernar solo y saltarse las limitaciones que seguramente le pondrá la nueva Asamblea, que toma posesión el 5 de enero y donde hay 65 legisladores de la oposición.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo que “lo que (Chávez) está haciendo aquí es subvertir la voluntad del pueblo venezolano”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos teme que esto afecte a opositores políticos, medios de comunicación (como Globovisión) y a grupos de derechos humanos. Tienen razón.
Es verdad que Chávez ha ganado varias elecciones utilizando, dicho sea de paso, todos los recursos del Estado para extraer votos. Pero aún concediendo que Chávez tiene un importante apoyo electoral dentro del país, ya es imposible calificar a Venezuela como una democracia.
No hay balance de poder en Venezuela. Los poderes legislativo y judicial dependen del ejecutivo, al igual que el ejército, el organismo electoral y la mayoría de los medios de comunicación. La nueva constitución fue redactada por chavistas. Y el presidente, desde luego, ya anunció sus planes para reelegirse en el 2012.
Hay muchas cosas en las que Venezuela podría parecerse a China: en su competitividad, en su comercio exterior y en su control sobre la criminalidad. Pero hay otras en las que el presidente Hugo Chávez haría bien en no parecerse, como la falta de libertades individuales, la censura a la prensa y la represión a los disidentes. Chávez, sin embargo, ha decidido copiar a China en esto último.
A pedido de China, el gobierno de Chávez se unió al boicot de la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz en Oslo al disidente chino Liu Xiaobo. La silla de Xiaobo apareció vacía. Y ahora Chávez quiere copiar a China en su control sobre la internet.
No entiendo por qué Chávez abrió su cuenta en Twitter (@chavezcandanga) y ahora está interesado en censurar su uso, al igual que el de Facebook y otras redes sociales. Quizás se asustó de la libertad, poder de convocatoria y críticas de los twiteros. Y ahora les quiere quitar la luz.
Imitando a China, las reformas a la Ley de Telecomunicaciones en Venezuela buscan censurar cualquier opinión contra el régimen chavista. La reforma a la ley propone que los medios de comunicación y proveedores de servicios de internet prohíban mensajes que “desconozcan a las autoridades fomenten zozobra en la ciudadanía e inciten o promuevan el odio”. ¿Quién decide si alguien viola la ley? Chávez y sus censores.
¿Qué va a pasar si un twitero critica las ambiciones de Chávez de perpetuarse en el poder? Si un amigo le dice a otro por Facebook que Chávez es un dictador ¿podría terminar preso? Si alguien critica a Chávez en un blog desde el exterior ¿será interrogado, detenido o deportado al aterrizar en Caracas?
El texto del proyecto de ley de medios dice: “Los proveedores de servicios de internet deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes y acceso a portales.” Traducción: si algo no le gusta a Chávez, se va a censurar.
Al igual que en China, es posible que en Venezuela quieran establecer una central de comunicaciones con la capacidad de interceptar y bloquear cualquier información, ya sea por televisión, radio o internet, antes de que llegue a la gente.
Como a muchos aprendices de dictadores, a Chávez no le basta el tener control casi absoluto de lo que ocurre políticamente en Venezuela. Ahora tampoco le gusta que hablen mal de él. Desapareció cualquier vestigio de tolerancia democrática.
Chávez terminó por quitarse la máscara de demócrata con que se presentó a los votantes en 1998. Mintió y ganó. Y ahora ¿cómo bajarlo del poder? Solo con votos, solo por las buenas, no con un golpe de Estado. Eso no se vale. Pero el camino es cada vez más difícil. Se aprietan aún más las tuercas del sistema autoritario que regentea.
Con la nueva ley, Chávez no solo gobernará por decreto sino que, en la práctica, se convertirá también en censor en jefe.
El aumento de la cotización del Sitme o el cambio implícito de las emisiones de deuda figuran entre las opciones.
El organismo ha autorizado un promedio diario de 123,1 millones de dólares.
Se reúnen con operadores cambiarios
Las Autorizaciones de Adquisición de Divisas continúan asignándose de acuerdo al destino y duración del viaje que se vaya a realizar y no podrán exceder el monto máximo de tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 3,000) o su equivalente en divisas.
Caracas.- Actualmente la providencia 099 de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.316 del 27 de noviembre de 2009, establece claramente los criterios vigentes para las solicitudes de divisas en ocasión de viajes al exterior, pagos de consumos de bienes y servicios mediante operaciones de comercio electrónico y divisas en efectivo para adultos y menores.
Tal como lo señala esta providencia las Autorizaciones de Adquisición de Divisas continúan asignándose de acuerdo al destino y duración del viaje que se vaya a realizar y no podrán exceder el monto máximo de tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 3,000) o su equivalente en divisas, informó AVN.
Como parte de las acciones permanentes que se llevan a cabo para garantizar el correcto uso de las divisas, el ente regulador ha realizado diversos encuentros con los operadores cambiarios autorizados donde han tratado esencialmente el tema de la suspensión de clientes del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad) por el uso incorrecto de divisas para viajes.
También han discutido sobre la próxima actualización de datos de personas jurídicas inscritas en el Rusad, así como las Autorizaciones de Adquisición de Divisas para consumos entre dos años fiscales con tarjeta de crédito en el exterior.
En estas reuniones se les ha recordado a los operadores cambiarios autorizados la obligación de servir como asesores a sus clientes y esclarecer las dudas que puedan presentar especialmente en los trámites de la providencia 099, indica un boletín de prensa de Cadivi.
Para mayor información, dicha providencia está disponible en la página electrónica de la Comisión a través del siguiente link: http://www.cadivi.gob.ve/normativa/providencias.html.
Control Cambiario | EL UNIVERSAL
jueves 23 de diciembre de 2010
El Gobierno, de manera golosa,
comienza a buscar más ingresos
El especialista en Derecho Tributario, Leonardo Palacios, afirma que el Gobierno, de manera golosa, comienza a buscar más ingresos por la vía impositiva
La decisión del Ejecutivo de decretar un aumento en la alícuota del impuesto al valor agregado; así como la posibilidad de pechar las operaciones bancarias a través del impuesto al débito bancario o el de las transacciones financieras, refleja una gran falta de solidaridad del Gobierno con los ciudadanos, dice el abogado y especialista en Derecho Tributario, Leonardo Palacios.
Imponer un pago más alto en obligaciones impositivas en este momento resulta incomprensible para el especialista. Lejos de ver intenciones humanistas en las decisiones políticas, Palacios sostiene que “las nuevas acciones esconden una vulgar y simple avaricia”.
–¿Es el momento para aumentar los impuestos?
–No se debe hacer de la manera como se intenta. El aumento o la reducción de los impuestos tiene que ver con la política fiscal y se debe hacer con la premisa de la totalidad de los ingresos, los gastos y la redimensión del Estado. Las últimas reformas tributarias serias siempre estaban en función del rol del Estado, pero el que tenemos es paquidérmico, pesado, desquiciado y sobredimensionado. El Gobierno de manera golosa comienza a buscar más ingresos. Hay solapamiento y formas discrecionales de gasto. Ante la realidad económica que tenemos, con empresas desapareciendo, baja en el consumo y escasa inversión, ahora tenemos que enfrentar más impuestos.
–¿Para qué se hace una reforma fiscal?
–Dentro del plan socialista que delineó el Gobierno en 2007 se buscaba el aumento de la productividad, el desarrollo económico y la definición de un sistema tributario más justo. Esa es la idea de una reforma fiscal. Sin embargo, no se llevó a cabo.
Cuando se enfrenta una reforma tributaria se debe ser integral. No sólo se basa en la normativa, sino también en la administración tributaria. Se tiene que tomar en cuenta el déficit fiscal, el consumo y el ahorro. Pero en cambio, las reformas tributarias que se han planteado en este Gobierno no han tomado en cuenta el contexto general.
–¿Por qué cree que el Gobierno no llevó a cabo esa reforma fiscal en 2007?
–No había interés político y existía un auge petrolero. Aquí no se le ha querido prestar atención al área tributaria. El sector informal de la economía es muy grande. Hay contrabando y no hay control sobre un sector que no produce impuestos y que hace competencia quizá alimentado por el propio Gobierno- al sector formal que sí paga impuestos.
Aquí se propuso el denominado monotributo que incorporaba al sector informal, pero al final nunca se llegó a nada por razones populistas.
–¿Cuál es la razón para que el Ejecutivo insista en aumentar el IVA en vez de hallar un impuesto menos regresivo?
–Porque el IVA es la vedette de los impuestos del siglo XX después del impuesto sobre la renta. Este es un impuesto que ya tiene 18 años, que el Estado aprendió a recaudar y el contribuyente ya aprendió a entrar en la mecánica de los débitos y los créditos. El problema es que el propio Gobierno ha agujereado el IVA.
–¿Por qué?
–Porque cuando le afectas el control erosionas la recaudación. Mientras más exenciones existan más dificultad tienes para controlar. Cuando un productor compra insumos y adquiere servicios tiene que facturar el IVA pero no lo puede recuperar. La única manera de poder hacerlo es aumentando los precios.
–¿Quiere decir que las exenciones pueden producir inflación?
–Cuando se hacen arbitrariamente como en este caso tiene un impacto alcista. Luego el Gobierno dice que perseguirá a los especuladores y no se puede controlar. Lo que no tiene un desarrollo natural en la economía termina afectándola. Cuando no se puede cobrar un impuesto que se está pagando por otro lado, el costo se acumula y termina reflejándose en los precios finales.
–¿Por qué cree que entonces el Gobierno insiste en colocar más impuestos como el IVA o el IDB?
–Tiene la creencia de que con mayor aumento de la alícuota se recolectará más, pero cuando tienes esa forma de ver las cosas se cae la inversión. Sólo hay que darse cuenta de cuántas fábricas redujeron su capacidad de expansión económica, cuántas han cerrado, cuántas tienen la mitad de su capacidad instalada paralizada. No se puede generar consumo así. Si además la política impuesta viene acompañada de expropiaciones, el resultado en el ingreso del Gobierno es negativo.
–¿Pero esos efectos negativos no se contrarrestan imponiendo nuevos tributos?
–En absoluto, sólo se genera más inflación.
–¿Los cálculos que presenta el Gobierno de aumento del ingreso con la imposición del IVA y del IDB podrían estar errados?
–Podrían estar siendo maquillados.
–¿Qué hay detrás de la decisión de aumentar los impuestos?
–Necesidad de dinero.
–Pero hay suficiente dinero en Fonden, Tesorería, Fondo Miranda, etcétera.
–Pero los recursos depositados en los fondos son para gasto parapresupuestario. Allí no hay controles de recaudación interna como la que garantiza el IVA.
–¿Entonces aumenta los tributos para no utilizar esos fondos?
–En cierta manera sí.
–Se calcula que hay más de 40 millardos de dólares en esos fondos. ¿Para qué tanto dinero guardado? –El Gobierno ha utilizado Pdvsa y los distintos fondos como caja chica. No hay seriedad ni racionalización en las finanzas. La unidad del Tesoro es una forma de ordenamiento, es un dique de contención al manejo atípico de todos los ingresos de la fuente patrimonial, comercial, tributaria petrolera y no petrolera. Pero aquí se ha roto con ese principio.
–¿Por qué imponer además del IVA un impuesto al débito bancario o a las transacciones financieras?
–No se justifica.
–¿Por que? –Estos impuestos no representan mayor costo de control del Estado, sino que se vale de la estructura de las instituciones financiera de los bancos para controlar.
Es una manera diabólica de producir dinero que se lleva por delante el consumo de los contribuyentes. El impuesto al débito bancario es regresivo y no tiene sustrato económico. Se basa en movimientos de papeles e instrumentos de pago; incluso es inconstitucional porque se lo pechas a todo el mundo sin importar el ingreso. Esta decisión de aumentar el IVA y el IDB con una inflación galopante es poner en riesgo el ingreso de los ciudadanos.
–¿Qué sucederá si por el aumento del IVA baja el consumo?
–Lógicamente se vería afectado ese ingreso que se espera porque la realidad subyacente desde le punto de vista de los impuestos directos o indirectos es el consumo. Si este disminuye, la base de recaudación del impuesto no será tan alta y no se podrá contrarrestar. Lejos de mejorar el ingreso, lo empeoras.
Si se quiere incrementar la recaudación tendrías que quitar exenciones y sólo dejar las necesarias; así como tener un mayor control de la informalidad. Pero sin importaciones, no hay consumo y sin empresas no es posible aumentar la base de la recaudación.
–¿A qué puede conducir esta situación?
–Lo que yo veo en puertas es una hiperinflación.
Paquete económico:
Las lluvias como excusa. Leonardo Palacios no titubea en afirmar que el Ejecutivo había tomado la decisión de aumentar los impuesto y aplicar medidas económicas mucho antes de que comenzaran las emergencias causadas por las lluvias.
“El Gobierno está entrampado en un problema económico y social, agravado por las precipitaciones. Su respuesta ha sido modificar y estructurar una serie de impuestos y medidas a través de la Ley Habilitante que si bien es una alternativa institucional y democrática, también lo es la vigencia plena de la actividad legislativa”, argumenta.
La falta de coherencia en las políticas públicas que incluyen las económicas quedan al descubierto ante el desorden para tomar decisiones, cuyos efectos no han sido bien calculados. Destaca que la intención es generar mayores ingreso a como de lugar sin ni siquiera chequear si ese objetivo podrá lograrse. “Se están imponiendo medidas contradictorias. Para que sean importantes tendría que haber primero unidad conceptual y de criterios. Pero aquí por un lado va el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, y por el otro el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani”.
Agricultores dicen que la situación es consecuencia de una política errada.
Solo la producción de caña de
azúcar se redujo 20% en un año
Las cifras que maneja Fedeagro sobre la cosecha de este año, revelan una disminución en la producción de rubros básicos como cereales y hortalizas. Los agricultores aseguran que estos bajos rendimientos en el campo son consecuencia de una política errada por parte del Gobierno, que incluye controles de
precios, limitaciones en abastecimiento de fertilizantes y semillas, preferencia por las importaciones e intervenciones a la propiedad privada.
El campo venezolano fue poco productivo este año, según las cifras que maneja Fedeagro.
Las cosechas de arroz, sorgo, caña de azúcar u hortalizas fueron menores a las alcanzadas en 2009.
“De los cereales, solo el maíz registró un leve crecimiento con respecto al año anterior (4,6%), sin embargo, es un 43 % inferior al de la producción del año 2007, cuando el Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) contabilizó 2.995.000 toneladas. En arroz la producción de 2010 representó una caída del 31% con respecto al año anterior y 44 % con respecto al 2008 (1.056.000 toneladas); en sorgo el decrecimiento se ubicó en el 13%”, señala una nota de prensa de Fedeagro.
La producción de caña de azúcar alcanzó 5.800.000 toneladas, una disminución del 20% con respecto a 2009 y un 42% inferior a la producción del año 2007 reportada por el MAT.
En el caso del café hubo una leve recuperación con respecto al año anterior (4,5%), sin embargo, la cosecha fue menor a los niveles históricos obtenidos en el año 2001, cuando se produjeron por encima de 1.600.000 quintales; (28 % de caída entre el 2010 y el 2001).
Los resultados en la siembra de hortalizas no fueron mejores. “En papa, tomate y cebolla se registraron tasas de crecimiento negativas de 60, 18 y 23% respectivamente. En hortalizas solo en pimentón se registró un crecimiento de 5%. La producción de naranja se incrementó 11% con respecto al año anterior, y dentro de las oleaginosas de ciclo corto, la recuperación del girasol (32%), contrasta con el decrecimiento de 11% del ajonjolí”.
En la producción de carne la participación del sector privado es cada vez menor. Según el directivo de Fedenaga, Egildo Luján, actualmente los ganaderos nacionales producen 48% de la carne que se consume en el país, pese a que hace un lustro abastecían la totalidad del mercado.
Decisiones equivocadas:
“A nuestro juicio la política comercial y dentro de ella el control de precios, su fijación a destiempo y por debajo de las estructuras de costos, las limitaciones en abastecimiento de fertilizantes y semillas, el privilegio de las importaciones sobre la producción nacional y la política de intervenciones a la propiedad privada, son las razones que mantienen a la agricultura en una recesión sostenida de hace varios años”, indica Fedeagro.
Los productores exhortaron al Gobierno a “unir fuerzas para enfrentar el reto de crecer y apuntalar el desarrollo y a concentrarse en la formulación y puesta en práctica de una política reactivadora para el Sector Agrícola, dirigida a hacernos soberanos desde el punto de vista agroalimentario, y disminuir, a lo estrictamente necesario, la dependencia de las importaciones de alimentos”.
Explican que Venezuela depende en 70% de las importaciones para abastecer al mercado de alimentos. “Se necesita incorporar urgentemente nuevas áreas para producir alimentos. Existen suficientes tierras subutilizadas esperando por recursos para ser desarrolladas, ¿porque entonces no se interviene esas tierras verdaderamente ociosas y se da la oportunidad de mejorar a las que ya están en producción?. RBC
Reforma de la Ley Resorte establece sanciones de hasta 10% de los ingresos brutos para las empresas
Presidente le puso el ejecútese a
la reforma de la Ley Resorte
La reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y ahora también Medios Electrónicos, según el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional obligará a los proveedores de servicios de Internet y difusión por suscripción a restringir el acceso a sitios web, emisoras o canales que transmitan mensajes prohibidos por la normativa, so pena de multas de hasta 10% de los ingresos brutos del año anterior.
“Los proveedores de medios electrónicos deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes divulgados que se subsuman en las prohibiciones contenidas en el presente artículo, cuando ello sea solicitado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en ejercicio de sus competencias”, dice el artículo 28.
El primer numeral del artículo 29 castiga con multas de 10% de los ingresos brutos o suspensión por 72 horas continuas la difusión de mensajes que promuevan la alteración del orden público, el delito, la discriminación, la intolerancia y el odio o que usen el anonimato, hagan propaganda de guerra, fomenten la zozobra y desconozcan las autoridades legítimas.
Se castigara al proveedor del servicio por los mensajes con contenido prohibidos que circulan por Internet u otros medios electrónicos y le quita la responsabilidad al autor.
De esta manera, el Gobierno apela al factor económico-financiero para regular indirectamente los contenidos difundidos en el ciberespacio y transmitidos a través de canales pagos. “Prácticamente delega la responsabilidad de controlar los mensajes a los proveedores del servicio, que se exponen a sanciones severas si no lo hacen”, expresa el abogado constitucionalista Ricardo Antela.
Una multa de 10% de los ingresos brutos representa una cuarta parte de la ganancia de una empresa grande como Movistar, que provee telefonía móvil, Internet y TV por suscripción. De acuerdo con los resultados de las operaciones de Telefónica, casa matriz de Movistar, la filial de la compañía española tuvo un margen de utilidad de 46,8% entre enero y septiembre de 2010. El impacto es aún mayor para compañías más pequeñas.
Corresponsabilidad Antela señala que al castigar al proveedor del servicio por los mensajes con contenidos prohibidos que circulen por Internet u otros medios electrónicos se quita la responsabilidad al autor ya sea twitero, forista de algún portal web o cualquier persona que escriba un correo electrónico para hacerla recaer en un tercero.
“La reforma de la legislación que aprobó la Asamblea Nacional permitirá que los proveedores de medios electrónicos sean castigados por algo de lo que no son responsables.
Será algo así como sancionar al concesionario que le vendió a alguien el vehículo con el que posteriormente atropelló a una persona”, argumenta.
La disposición llevará a que los proveedores, para evitar multas, establezcan mecanismos tecnológicos que les permitan revisar, moderar y censurar aquellos mensajes que pudieran ser interpretados como violatorios de la ley. “Estarían ejerciendo la censura previa que explícitamente prohíbe el artículo 57 de la Constitución”, advierte.
Gilbert Minionis, presidente de Net Uno empresa que ofrece televisión paga, Internet y telefonía fija, califica de exabrupto que los proveedores de servicios tengan la responsabilidad de regular los contenidos. “Esa es una de las cosas que creo deben modificarse”, agrega.
Minionis afirma que luego de la reforma de la ley, Net Uno no censurará contenidos porque es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones el órgano regulador establecido en la legislación venezolana y, por ende, el que debe ejercer el papel de censor.
“Cuando Conatel ve algo fuera del margen de la ley nos lo comunica (incluso hasta de manera informal porque tenemos buenas relaciones) y nosotros cumplimos las instrucciones.
Conatel es el organismo que tiene los recursos para seguir regulando los mensajes”, refiere el presidente de Net Uno.
Además de aclarar que a la empresa no es a la que le toca vigilar los mensajes, Minionis afirma que la compañía no tiene la capacidad para hacerlo.
“Nosotros no podemos tener a alguien ahí mirando todos los días 100 canales, para ver quién dice qué cosa”.
Apunta que ejercer esa función se traduciría en un aumento de tarifas. “Para cumplir esa medida deberé contratar una pila de gente en todas las ciudades en las que estamos presentes para que estén mirando las emisoras todo el tiempo.
La consecuencia de esta disposición la pagará el suscriptor”, alega el presidente de Net Uno, empresa que presta servicios en Barquisimeto, Caracas, Guarenas, Guatire, Maracaibo, Maracay, Mérida, Puerto Cabello, San Cristóbal y Valencia; ciudades que concentran 70% del mercado de telecomunicaciones nacional.
La Cámara de Comercio Electrónico, en un comunicado, expresó su más profundo rechazo a la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión por parte de la Asamblea Nacional.
El gremio advierte que responsabilizar al proveedor de servicio por los contenidos que emita, “causará inevitablemente el establecimiento de la autocensura, de la censura previa por parte de los medios y del bloqueo de numerosas páginas y servicios de información y opinión de usuarios al no poder los proveedores controlar el tipo de mensajes”.
Multas in crescendo:
Un informe del bufete Raffali, De Lemos, Halvorssen, Ortega y Ortiz advierte que la reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos también incluye un aumento de los supuestos castigados y de los montos de las sanciones.
Hay multas de entre 1% y 2% de los ingresos brutos por incumplimiento de las disposiciones en materia de publicidad, de la obligación de publicar guías de programación y del deber de anunciar el tipo de programa y de elementos clasificados al inicio de cada espacio, entre otros.
El monto de las sanciones se incrementa hasta entre 3% y 4% de los ingresos brutos cuando las faltas de los prestadores de servicio estén vinculadas con difusión en horario todo usuario o en horario supervisado de mensajes que no se correspondan.
Eso incluye imágenes de violencia real en programas informativos, mensajes en los que niños y adolescentes actúen utilizando lenguaje y actitudes sexuales o violentas inadecuadas para su edad; y publicidad de loterías y juegos de envite y azar.
También serán penados con una multa de entre 3% y 4% de los ingresos brutos los proveedores que difundan publicidad anónima o que no identifiquen claramente el bien o servicio y que ocupen más de 50% del tiempo publicitario con anuncias de grandes empresas o compañías del Estado.
Otros supuestos castigados con esta sanción son los incumplimientos en la presentación de los informes mensuales exigidos, el suministro al suscriptor de facilidades tecnológicas que permitan el bloqueo de canales y la aplicación de mecanismos que permitan restringir la difusión de mensajes.
Para todas las multas se establece un recargo de 50% del monto por pagar en los casos de reincidencia. La excepción es la sanción equivalente a 10% de los ingresos brutos o suspensión por 72 horas, reservada para las faltas más graves.
En ese caso, la pena por incurrir más de una vez en el supuesto prohibido puede ser la revocatoria de la concesión.
Desembolso obligatorio:
Se duplican aportes al fondo. El monto de las sancio-nes no es lo único que se incrementará en la ahora llamada Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
La contribución parafiscal al Fondo de Responsabilidad Social destinado al financiamiento de producción nacional se duplicará.
“La base imponible (de la contribución) estará constituida por los ingresos brutos causados trimestralmente y provenientes de la respectiva actividad gravada, a la que se le aplicará una alícuota de cálculo de 4%”, dice el proyecto de reforma. La ley vigente establece una tasa de 2%.
El aumento de la contribución sólo afecta canales de televisión y emisoras de radio, porque los medios comunitarios y los prestadores de servicios de difusión por suscripción están exentos de manera explícita. Los proveedores de Internet ni siquiera son mencionados en el artículo.
Un informe del bufete Raffali, De Lemos, Halvorssen, Ortega, Ortiz advierte que la omisión pudiera ser porque las compañías también están exoneradas de la contribución al Fondo de Responsabilidad Social de Conatel o porque los legisladores se equivocaron en la formulación del proyecto de reforma.
“A lo largo del articulado se habla de responsabilidad social en radio y televisión, sin hacerse la inclusión necesaria a los servicios de Internet y demás medios electrónicos, con lo cual pudiera entenderse que éstos únicamente están sujetos a las regulaciones que expresamente los mencionan”.
ALEJANDRO HINDS CARMEN SOFÍA ALFONZO A.
ahinds@el-nacional.com calfonzo@el-nacional.com
Tecnología | Noticias
EL NACIONAL
El ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, encabezó la toma de la Hacienda Bolívar, ubicada en el municipio Colón del estado Zulia, al sur del Lago de Maracaibo.
El ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, encabezó la toma de la Hacienda Bolívar, ubicada en el municipio Colón del estado Zulia, al sur del Lago de Maracaibo.
Poblaciones del sur del Lago
rechazan acciones del Gobierno
El presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia, Eliseo Fermín, asegura que los productores agropecuarios en la zona del sur del Lago permanecen en sus fundos a excepción de la Hacienda Bolívar.
“La finca Bolívar es el centro de recría donde se encuentra el ganado Santa Gertrudis que trajo Juan Vicente Gómez y que dio origen al corte Santa Bárbara.
Los dueños no viven aquí, son unos zulianos de mucho éxito pero han mantenido esas tierras”, dice.
Fermín sostiene que el gobierno no ha conseguido ni un solo obrero ciudadano que hable mal de los dueños de las fincas, “porque allí las relaciones de producción cambiaron hace muchos años, no existe la esclavitud a la cual hace referencia el ministro Loyo”.
“La población total del sur del Lago está rechazando las cosas que está haciendo el Gobierno, ha habido una reacción muy grande”, agrega.
Solicita al gobierno que reconozca que actuó “improvisadamente”.
“Hemos venido a reforzar el trabajo del Presidente (…) y comprobamos humillación a la que eran sometidos los trabajadores, la explotación (…) El mensaje de ellos es que confían en Chávez, así como Chávez confía en ellos para que hagan productiva esta finca”, dijo.
Recordó que el Gobierno planea tomar 47 propiedades en la zona que tienen tierras ociosas. “Todas se están evaluando (…) De estas, 16 son de pequeños productores”.
Maduro señaló que, en el municipio, muchas viviendas aún están inundadas. “Hay mucha necesidad. La emergencia está viva todavía”.
Hizo un llamado al campesinado a estar atentos a la conspiración de la derecha, que está “desesperada”. El comentario vino tras las acaloradas protestas que ha habido en todo el estado por la decisión de las expropiaciones.
Más temprano:
El general Carlos Mata Figueroa, ministro de la Defensa, y el canciller Nicolás Maduro, visitaron este jueves la población de Santa Cruz, en el municipio Colón del estado Zulia, para reunirse con los damnificados e inspeccionar la zona.
“Queremos que no pierdan la fuerza, que el Sur del Lago sea lo que el Libertador soñó y que el Estado llegue hasta aquí”, dijo Mata Figueroa tras anunciar que se instalarán en el lugar varios hospitales de campaña.
“Vienen médicos y vienen medicinas”, afirmó y adelantó que desde Caracas habían salido cinco gandolas cargadas de alimentos y ayuda humanitaria.
Maduro dijo que la visita cumple con la intención del presidente Hugo Chávez de no desatender a los afectados por las fuertes precipitaciones que causaron inundaciones en la zona. “Él está pendiente de ustedes las 24 horas”.
“Queremos atenderlos plenamente para restablecer la justicia. Estamos junto a ustedes para protegerlos y ayudarlos y sacar el yugo de los terratenientes del sur del Lago”, apuntó.
Informó que en la reunión se tratarían temas como el censo de los damnificados.
Pedro E. Piñate, editor de las Notas Agropecuarias de Venezuela, en la edición del pasado 9 de diciembre, con motivo de la nueva arremetida violenta del régimen castro-chavista contra los productores agropecuarios, nos recordaba el criminal pensamiento del Che Guevara: “Hay que llevar la guerra donde el enemigo la lleve: a sus casas, a sus lugares de diversión; hacerla total. Hay que impedirle que tenga un minuto de tranquilidad, un minuto de sosiego… atacarlo donde quiera que se encuentre; hacerle sentir una fiera acosada por cada lugar que transite”.
Pues bien, la orden de Chávez a sus paramilitares, uniformados o no, la ejecuta el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, disfrazado de guerrillero criollo, con franela roja, la cara del Che en el pecho y pistola al cinto, en las tierras del sur del Lago de Maracaibo, las de mayor productividad del país, en contra de verdaderos héroes nacionales que convirtieron pantanos en paraísos para trabajar y producir. Todo forma parte de la convicción que tiene el jefe del Estado de que esta nación ya no lo soporta. Está harta y fatigada.
Anhela un cambio radical y profundo. Sabe que se le acabó el tiempo, que su desprestigio es tan bien ganado como irreversible y que el pueblo sueña con el día en que se produzca el final de su ejercicio presidencial. En condiciones normales no tiene cómo mantenerse. Llegó la hora de la verdad, de ser fiel a las prédicas revolucionarias de Fidel y las orientaciones guevaristas o de, finalmente, someterse a una constitución que impone un orden jurídico y no aguanta más violaciones, poniendo punto final a esta criminal aventura socialista.
Opino que está tomando el primer camino, desafiando la cultura democrática que alimenta a los hombres y mujeres de trabajo de Venezuela. Apela a la violencia.
Lo que está haciendo en esa subregión que incluye a Santa Bárbara del Zulia y El Vigía de Mérida es criminal y contra el interés nacional y violenta derechos humanos fundamentales. Para el momento de escribir no sé si hay desenlace, pero no tengo dudas sobre la profunda herida que Hugo Chávez ha provocado en lo más profundo del alma de los productores zulianos, merideños y tachirenses.
Se suma a la infinidad de agresiones contra seres humanos que en todo el país han visto reducido el espacio para la libertad, para ejercer la propiedad y levantar sus familias en un clima adecuado de seguridad jurídica, de las personas y de sus bienes.
El tipo se colocó definitivamente al margen de la Constitución, del ordenamiento jurídico específico, del sentido común y en contra de la decencia y la dignidad. Por algo el Instituto Nacional de Tierras, Inti, es señalado como refugio de presuntos terroristas internacionales, con mercenarios uniformados a su servicio. Crímenes de lesa humanidad que siguen engrosando el expediente en la Corte Penal Internacional de La Haya. La justicia los espera… también en Venezuela. Nada es eterno. Está jugando con candela.
Derecho Tributario, Leonardo Palacios.
