La evaluación de América Economía reconoce el "liderazgo" de Jorge Giordani.
La evaluación de América Economía reconoce el "liderazgo" de Jorge Giordani.
Chile y Brasil se destacan por contar
con los mejores resultados
Alí Rodríguez y Rafael Isea ocuparon últimos lugares en estudio de América Economía y ahora “repite” Jorge Giordani.
El Financial Times se ha dado a la tarea de hacer un ranking anual para evaluar a los ministros de la Unión Europea. En América Latina ese trabajo lo asumió la revista América Economía, que en su edición 2010 colocó al chileno Felipe Larraín en el primer lugar de 18 funcionarios evaluados. Al extremo está el venezolano Jorge Giordani, que quedó en el puesto 17 el penúltimo- entre los peores jefes de finanzas públicas de la región, superando sólo a su colega hondureño Willian Chong.
Alí Rodríguez ocupó el puesto 15 en 2009 y Rafael Isea la posición 17 en el ranking de 2008
En anteriores oportunidades, Venezuela ha ocupado la última o penúltima posición en evaluaciones similares. En el ranking de América Latina de 2008, el ex ministro Rafael Isea, actual gobernador del estado Aragua, quedó en el puesto 17 de 18 funcionarios en la región, y en la edición 2009, también de esa publicación, de 15 ministros de finanzas evaluados el último peldaño fue para Alí Rodríguez Araque, quien actualmente se desempeña como ministro de Energía Eléctrica.
“A Jorge Giordani le viene una tarea compleja si quiere que el país salga de esa incómoda posición”, indica la publicación.
“Venezuela es un caso aparte.
Con un Gobierno que roza el presidencialismo extremo en la figura de Hugo Chávez Frías.
Él, con su discurso pro socialista, ha implantado medidas extremas como gobernar por decreto durante los próximos 18 meses”, añade la revista.
El estudio le reconoce a Giordani su capacidad de liderazgo y por eso el índice que obtuvo en esta medición es de 6,41, puntaje que le permite estar por encima del promedio de la región, que se ubicó en 5. Fue debido a eso que alcanzó la sexta posición, pero esta evaluación no resultó suficiente para confrontarlo con los resultados que mostró la economía venezolana al cierre de 2010: una contracción por segundo año consecutivo, con una variación de 1,8% y la de mayor inflación del mundo, con un incremento de precios que en promedio estuvo en 27,2%.
El ministro Chong de Honduras logró colocarse por debajo de Giordani en este ranking debido al bajo crecimiento que tuvo en ese país durante el año pasado. Según cifras preliminares estuvo en 2,3% y una inflación de 6,5%, que si bien es de un dígito es considerada como la segunda más alta de Centroamérica, sólo superada por Nicaragua. Un aspecto que pesó también en el puntaje obtenido por Chong fue que prácticamente no se le reconoce ningún tipo de liderazgo.
Los mejores:
El ranking de América Economía de 2010, de acuerdo con la publicación, lo realizó un panel en el que participaron 30 economistas de la región, quienes evaluaron los resultados de cada país según indicadores como producto interno bruto, inflación y déficit fiscal.
También tomaron en cuenta la capacidad de cada ministro de llevar adelante un plan de estabilización macroeconómico, su liderazgo dentro del Gobierno y las reformas que tuvieron que emprender y que requerían el aval del Poder Legislativo de cada país.
En la evaluación se revisaron aspectos como el manejo de la deuda pública externa, la administración del gasto fiscal, la preocupación por la sostenibilidad del crecimiento y la promoción de medidas que mejoren la competitividad del país.
En la mayoría de estos rubros el ministro chileno, designado por el presidente Sebastián Piñera, pese a haber tenido que aumentar el gasto corriente para hacer frente al quinto mayor terremoto registrado hasta la fecha en el mundo, logró mejorar el resultado fiscal de Chile en casi tres puntos del producto interno bruto, indica América Latina en su reporte.
Chile obtuvo la primera y segunda posiciones en las ediciones del ranking de 2008 y 2009, respectivamente. En esas dos oportunidades le tocó al economista chileno Andrés Velasco, quien acompañó a la presidenta Michele Bachelet durante todo el período de la mandataria y a quien se le reconoció su plan contracíclico para evitar que su país cayera en recesión por efectos de la crisis financiera internacional.
En esta oportunidad, Larraín supera al brasileño Guido Mantega, quien el año pasado obtuvo el primer lugar por su desempeño durante el segundo período del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva (2007-2010). La nueva mandataria Dilma Rousseff evitó correr riesgos y lo ratificó en el cargo.
El tercero y cuarto puestos del ranking 2010 lo ocupan el mexicano Ernesto Cordero y el colombiano Juan Carlos Echeverry, respectivamente. Este último aparece como el segundo con la mejor percepción de liderazgo, sólo superado por Felipe Larraín. A la quinta posición llegó el uruguayo Fernando Lorenzo y en la sexta el panameño Alberto Vallarino.
Por: ANDRÉS ROJAS JIMÉNEZ
arojas@el-nacional.com
RANKING | EL NACIONAL
En febrero la escasez subió tres puntos y se ubica en 15%, reporta Datanálisis.
Debido al alza de los precios, los tarjetahabientes han empezado a utilizar el dinero plástico para la compra de alimentos y medicinas.
Compras con plástico en el
exterior cayeron 60% en 2010
70% del consumo con tarjetas de crédito es para gasto corriente. José Grasso, directivo de la Asociación Bancaria, señala que este medio de pago permite que la población acceda a bienes y servicios de forma masiva
En Venezuela la tarjeta de crédito dejó de ser un símbolo de estatus para convertirse en una necesidad. Cada entidad bancaria tiene sus propias estadísticas, pero hay consenso en que aproximadamente 70% del consumo que se realiza con este instrumento de financiamiento es para la compra de bienes básicos como alimentos y medicinas, afirma Julio Mier y Terán, vicepresidente de Tarjetas de Crédito de BodCorpbanca.
Hasta hace 10 años lucía imposible acudir a un supermercado y pagar las compras con tarjeta de crédito. Su uso se limitaba a gastos no recurrentes como la adquisición de electrodomésticos, domiciliaciones de pago, emergencias médicas (clínicas) o la cancelación de servicios relacionados con vacaciones, recreación y restaurantes.
Sin embargo, los constantes aumentos en los precios han conducido a que la tarjeta de crédito sea considerada por los usuarios un instrumento fundamental para cubrir gastos.
Sobre los usos, Mier y Terán señala que este medio de pago es utilizado como complemento. “Si uno va al supermercado es común ver que la gente paga primero con tickets de alimentación, luego con débito y el restante con crédito”.
Se refiere a un patrón cultural que no ha dejado de estar presente en los venezolanos. Y es que los consumos en restaurantes siempre son pagados con tarjeta de crédito porque es una cuestión de estatus. “A la gente no le gusta pagar con débito en un restaurante”. Además, el débito es incomodo en esos casos, pues para evitar el fraude el cliente debe levantarse de la mesa. Aunque hay lugares donde está disponible el punto de venta inalámbrico, no es el común denominador porque esta tecnología es más costosa, explica.
Rol en la economía:
José Grasso Vecchio, directivo de la Asociación Bancaria de Venezuela, comenta que el consumo se ha convertido en un factor determinante en el crecimiento de la nación. “La gente no se da cuenta, pero el consumo con tarjetas en Venezuela permite que los ciudadanos accedan a bienes y servicios de manera masiva y eso es fundamental para que una economía muestre signos de recuperación. Si se limita el uso de tarjetas de crédito caerá el consumo”.
Para Mier y Terán la tendencia en el mercado de tarjetas de crédito es al incremento. Por ejemplo, los cambios en las normativas de uso como el que implementó Cadivi en 2010, al permitir el uso de cualquier tarjeta de crédito que tuviera el usuario sin importar el operador cambiario ,hizo que la gente usara en el exterior esas tarjetas que siempre guardaba.
No obstante, al colocar un tope a los viajes y reducir el monto asignado a los usuarios se produjo una merma en los consumos con divisas en el extranjero de 60%, entre los años 2009 y 2010. Ello a pesar de que dentro del sistema financiero, la cartera de tarjetas de crédito había crecido 41% hasta septiembre de 2010.
El ejecutivo de Bod-CorpBanca asegura que es difícil determinar cuántas tarjetas de crédito hay actualmente en el mercado, pues la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras dejó de publicar esa información, pero se sabe que en 2003 cada tarjetahabiente tenía entre 2 y 3 plásticos en promedio. Hoy esa cifra se ha multiplicado y el promedio está entre 4 y 5 tarjetas de crédito con diferentes límites por usuario.
Aunque la morosidad va en aumento de 1% a 2% en promedio- los bancos dan fe de que los clientes hacen lo posible por cancelar su cuota con puntualidad. “Algunos no la pagan completa pero hacen el intento por cubrir una parte y después la otra, antes de que venza la siguiente mensualidad”, señala la ejecutiva de un banco público que prefirió no ser identificada.
La banca se ha trazado una estrategia para prevenir que este indicador continúe en aumento, a través de la activación de mecanismos de cobro con herramientas masificadas. Explica Mier y Terán que los clientes ahora cuentan con servicios de cobranza temprana que les notifican las fechas de corte y la fecha límite de pago de sus tarjetas.
Una de las principales luchas que mantienen los bancos es contra el fraude financiero a través del plástico. Para ello, desde hace algunos meses se usa el chip en las tarjetas de crédito y débito y se espera que para septiembre todos los instrumentos de pago ya dispongan de este dispositivo de seguridad que -según Mier y Terán- le dará un respiro al sistema bancario y a los usuarios.
Ventajas:
Tipos y modalidades de préstamos. Visa, Master Card y American Express son las tres franquicias de tarjetas de crédito que funcionan en Venezuela y cuyas perspectivas para el año 2011 lucen alentadoras gracias a los resultados obtenidos en los últimos años por los incrementos en los consumos. Julio Mier y Terán, vicepresidente de Tarjetas de Crédito de BodCorpbanca, explica que existen cuatro versiones de tarjetas según sus límites: Clásica, Dorada, Platinum y Black, y Signature.
En Venezuela los plásticos, además de ser instrumentos de financiamiento, también ofrecen facilidades que son de uso extensivo entre los usuarios como el servicio de adelanto de efectivo a través de cajeros automáticos; por transacciones telefónicas y electrónicas a la cuenta corriente. Asegura que dentro de la cartera de tarjetas de crédito la base de efectivo (adelantos) -dependiendo del bancopuede ser entre 10% y 15% del total. Existen bancos que incluso permiten préstamos por encima del límite asignado y sin afectarlo.
Esta práctica es utilizada para préstamos que se requieran con rapidez y serán cobrados a la tasa de interés de la tarjeta pero contabilizados como un crédito aparte.
Por: BLANCA VERA AZAF
bvera@el-nacional.com
Política | Economia
EL NACIONAL
Representantes sindicales consideran que no hace falta aumentar las tarifas del sector, sino mejorar la cobranza.
Representantes sindicales consideran que no hace falta aumentar las tarifas del sector, sino mejorar la cobranza.
Corpoelec necesita Bs 4,5 millardos
para pagar convención colectiva
Los trabajadores exigen cumplir reivindicaciones salariales.
Entre los trabajadores del sector eléctrico y la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, hay un cortocircuito. Aunque el contrato colectivo fue firmado en agosto de 2009, su cumplimiento ha sido exiguo por la falta de recursos que acusa el sector eléctrico nacional debido el rezago tarifario y una deficiente gestión comercial.
Un punto de cuenta que presentó el ministro de Energía Eléctrica, Alí Rodríguez, el 10 de diciembre, pide al presidente Hugo Chávez aprobar recursos adicionales por más de 2,187 millardos de bolívares “para cubrir el efecto directo de la convención colectiva de trabajo única, CCTU, e indirecto en los gastos operativos laborales mínimos”.
Este fue el monto mínimo requerido para aquel entonces. Sin embargo, en el mismo documento se acordó el diferimiento de pago para 2011 de otros beneficios laborales por 1,07 millardos de bolívares.
Si a ello se suman 1,5 millardos de bolívares correspondientes al ajuste que contempla la convención colectiva por concepto de aumento salarial por méritos y nivelación salarial para 2011; bonificación de fin de año, prestaciones sociales y gastos operativos Corpoelec necesitará este año más de 4,5 millardos de bolívares para honrar los compromisos adquiridos en la contratación.
Según miembros del sindicato de empleados de Cadafe en el Distrito Capital y estado Miranda, entre las cláusulas del contrato que se han incumplido destacan la nivelación de salarios, el ajuste del bono vacacional y el bono de fin de año.
“No se han pagado (esos beneficios) sobre la base del nuevo salario”, dice Joaquín Malavé, secretario general del sindicato.
Entre otras obligaciones contractuales incumplidas figuran tickets de alimentación del mes de enero; dotación de uniformes de los años 2006 a 2010; retroactivo de auxilios de vivienda y electricidad.
La convención colectiva de los trabajadores del sector eléctrico tiene un costo total de poco más de 3,54 millardos de bolívares. Implica la unificación y homologación de 12 contratos correspondientes a las diferentes empresas del sector; ampara a 26.215 trabajadores activos, y a más de 15.000 personas entre jubilados y otros profesionales y técnicos.
Para entonces se acordó un aumento salarial de 400 bolívares, además de la nivelación de los salarios. El incremento salarial se hizo efectivo a partir del 15 de abril de 2010, pero la estandarización de los sueldos se implementaría en tres tramos: octubre de 2010, marzo y julio de 2011. El primero fue diferido para febrero.
Malavé señala que los trabajadores de la empresa tampoco disfrutan de la póliza de hospitalización, cirugía y maternidad y servicios de farmacia. “Sólo funciona para estrictas emergencias y los servicios asistenciales están restringidos”.
Los aportes a la caja de ahorro tampoco se han hecho.
Malavé asegura que aunque a los trabajadores se les descuenta de nómina, la empresa no lo dirige a la caja de ahorro.
Los aportes del patrono también se han dejado de hacer.
“Corpoelec le debe a la caja de ahorro de Cadafe más de 4 millones de bolívares”, agrega el representante sindical.
Tarifas capitalistas Corpoelec responde a los trabajadores que las dificultades para honrar los compromisos laborales obedecen a falta de dinero. “Pero el presidente Chávez dijo que había dinero para firmar la convención colectiva”, replica Malavé.
En efecto, la corporación dispuso de un crédito adicional de 1,9 millardos de bolívares, pero sólo se utilizó para el aumento salarial, no para la nivelación.
El año pasado el jefe de Estado aprobó recursos adicionales por 1,7 millardos de bolívares para cubrir los gastos operativos indispensables del sector eléctrico nacional, incluyendo parcialmente el impacto de la convención colectiva.
Al ser consultado sobre el efecto que el aumento de las tarifas eléctricas hubiese tenido sobre las finanzas de la empresa, el representante sindical asegura que se trataba de unas “tarifas capitalistas” las que querían aplicar. Estaba proyectado, según Malavé, que se hiciera un aumento de entre 30% y 35%. “Eso es mucho, eso no se puede pagar. Consideramos que lo que hace falta es cobrar o fijar una tarifa plana”, asegura.
Cadafe tiene problemas desde hace varios años en su gestión comercial. El nivel de morosidad de los usuarios de la empresa acumuló en 2009 más de 3 millardos de bolívares, de los cuales 2,3 millardos bolívares corresponden a usuarios particulares.
No toda la energía servida se puede facturar. De la que sí se puede, 51% de la energía servida, 65% es lo que efectivamente se cobra.
Los miembros de la junta directiva del sindicato de empleados de Cadafe de Caracas enviaron una correspondencia al ministro de Energía Eléctrica, Alí Rodríguez, en la que plantean las reivindicaciones laborales y los problemas con el sistema de salud.
Por: JEANNE G. LIENDO P.
jliendo@el-nacional.com
Política | Economia
EL NACIONAL
“Mas picante no había en la AN, para
echarle a la sardina o al atún..”
Carlos Gonzalez – Justo Brito y Juan Tabares
No era una contienda en medio de un descampado entre Justo Brito y Juan Tabares; esa que canta sobre una pelea entre dos hombres de pelo en pecho, que se encontraron en una situación inevitable, y la cual los llevó a derramar sangre, por la disputa de una mujer apetecible en medio de un baile.
No. La situación tan ingrata fue en la Asamblea Nacional entre Julio Borges y Diosdado Cabello, cuando ambos diputados se supone que debatirían con respecto al malogrado discurso de “presentación de cuentas”del Presidente Chávez , el cual francamente fue deprimente y tambaleante en opinión de éste humilde cronista, que si fuera mesa, se iba de un lado por carencia de las patas necesarias..
Pero, el diputado Borges señalaba que Don Regalón – o sea el presidente para mejores señas-, se la ha pasado precisamente regalando fondos a diestra y siniestra en el extranjero y aquí tenemos problemas serios que atender, como los damnificados por las lluvias precisamente, que existen desde hace 10 años, cuando los acontecimientos de Vargas, por aquella vaguada tan desastrosa.
El diputado Cabello no se hizo rogar y ya venía preparado para exponer a la luz pública –como si fueran prendas íntimas- una serie de copias de cheques cobrados por Borges en representación de Primero Justicia en 1998 ante PDVSA, como si allí hubiese delito. Parecía una denuncia sin cabeza y fuera de lugar, pero en el hemiciclo todo se vale, incluso los chismes y actos denigrantes al mejor estilo de Mario Silva y Alberto Nolia en el canal del Estado..
Lo cierto, es que el diputado Borges solicitó la replica y manifestó que se siente orgulloso de la función financiada por esos entes nacionales e internacionales en el desarrollo de la justicia de paz y que si el pato y la guacharaca.
Y como Borges no es mocho, entonces acusó al diputado Cabello de haber salido de la gobernación de Miranda con 20 denuncias por corrupción y malversación de fondos públicos por mas de 350 millones de bolívares. Mas picante no había para echarle a la sardina o al atún, según sea el caso y el gusto.
Lo interesante de esta disputa -de casa de vecindad-, es que se le debe dar curso a ambas denuncias ante la fiscalía y los tribunales competentes. No me parece justo que un diputado quede ante el país como un buscador de fondos para su gestión pública o personal, utilizando influencias y tampoco me parece justo que si el ex gobernador Diosdado Cabello es inocente, ello no sea demostrado con contundencia ante la opinión pública. Y lave su imagen de hombre correcto y que no quede como un vulgar funcionario enriquecido con el dinero de todos los venezolanos.
Ya está bueno que se dejen correr bolas por todas partes, que si fulanito es dueño de tal sardinera o atunera; que si sutanito era socio de tal banco pro-gobierno, o que si perencejo está construyendo un chalet en España con plata obtenida dolosamente. ¡ A los tribunales hasta que corra la sangre, emulando a Justo Brito y Juan Tabares ¡
LUIS ALFREDO RAPOZO
luisrapozo@yahoo.es
@luisrapozo
Es público y notorio que todas las confiscaciones e invasiones en medios rurales y áreas urbanas han sido orquestadas por el Gobierno. El fracaso del presidente Chávez en resolver el déficit habitacional, la imposibilidad de cumplir con las promesas de otorgar viviendas a los damnificados y los más pobres, además del inicio de la campaña electoral para su reelección lo han obligado a implementar prácticas subversivas, apelando a los activistas de siempre y a un grupo, integrado por malandros, simpatizantes del PSUV y gente desesperada que actúa de buena fe y está dispuesta a pensar que la medida para obtener una casa digna pasa por invadir la propiedad privada y convertirse en agresivos invasores.
Es precisamente por la carga embrutecedora de la miseria que creen necesario invadir y enfrentarse a propietarios, autoridades y policías municipales, en la que ellos, qué ironía, serán la carne de cañón y las primeras víctimas en una confrontación. El Gobierno proyecta la problemática habitacional como un enfrentamiento entre pobres y oligarcas, que no son sino la clase media profesional que adquirió viviendas a través de préstamos bancarios e invirtió en zonas vacacionales para obtener ingresos en su jubilación. Todo el que además de su vivienda principal tenga propiedades inmuebles tiene miedo a ser expropiado o confiscado. No es la burguesía “la que le mete miedo en el cerebro y en el alma”, como dice con el mayor descaro el Presidente de la República, se trata de un plan táctico para someter a los ciudadanos por la vía del despojo y las armas.
Para mantenerse en el poder, el Gobierno seguirá desestabilizando a los ciudadanos a fuerza de meter miedo y evitar su movilización.
Tierra arrasada. En este momento hay una tensión muy peligrosa en todo el país, en la llamada Gran Caracas, Nueva Esparta, Anzoátegui, Vargas, Carabobo y especialmente en el Zulia, donde los conflictos han venido agravándose, primero en la Sierra de Perijá, donde arrasaron con unidades agropecuarias, maquinarias, animales e instrumentos de trabajo so pretexto de “rescatar” las tierras de las etnias, a las que manipularon con la defensa de sus derechos ancestrales; después se ensañaron con el Sur del Lago, al expropiar fincas productivas que abastecen de importantes rubros al país.
La amenaza es más temible en pequeños productores agropecuarios, a quienes les ponen la vida de cuadritos para que abandonen sus tierras. El Gobierno no tiene conmiseración. Allí está el caso del humilde productor Franklin Brito, que ofrendó su vida por el derecho a la propiedad, para recordarles a los desmemoriados la extrema ruindad que utiliza el Gobierno a la hora de liquidar y pulverizar a luchadores pacíficos. Estamos a las puertas de una confrontación que puede desembocar en una violencia incontenible, programada como una acción criminal desde el centro mismo del poder.
TIC TAC.
El Gobierno ha concebido un plan de ataque para inmovilizar a las policías municipales en las invasiones programadas, mediante acciones legales apoyadas por la Defensoría y la Fiscalía, como las adelantadas contra la Policía de Chacao. No hay pruebas de “abusos” de Polichacao el sábado pasado, pues su actuación fue disuasiva y, al no haber conciliación, procedió con métodos de acción. Es lo que se conoce como uso proporcionado y diferenciado de la fuerza.
Los polichacao son facilitadores del uso progresivo y diferenciado en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.
Por: MARIANELLA SALAZAR msalazar@cantv.net
Política | Opinión
EL NACIONAL
Declive productivo, deudas laborales y conflictividad política encienden a Guayana.
Declive productivo, deudas laborales y conflictividad política encienden a Guayana.
Improductiva y ahogada
■ Recursos de Plan Trienal apenas representan 33% de lo necesario para reactivarlas.
■ Al sur del país el gobierno de Hugo Chávez ensaya el modelo socialista en todas sus fases; tanto, que ha bautizado a Guayana como la “cuna del socialismo”.
Los trabajadores del Partido Socialista Unido de Venezuela asisten a mesas de trabajadores donde se promueve la formación política para la toma de los medios de producción y la eliminación de la división social del trabajo.
El camino de transición socialista en Guayana afronta uno de sus peores momentos desde 2009. Las deudas con los empleados son insostenibles, la división interna del buró es evidente y la inversión en el parque industrial es urgente para reflotar la producción de una región, cuya economía depende aproximadamente en 96% del sector metalmecánimo y minero.
Todas las empresas de la cadena industrial trabajan por debajo de su capacidad instalada; casi la mitad opera por debajo de 50% de su diseño.
El Gobierno atribuye la depresión a la crisis mundial y a la emergencia eléctrica, pero los números demuestran lo contrario.
Desde comienzos de 2008 comenzó a evidenciarse el declive productivo, debido a factores internos asociados a la ineficacia gerencial, falta de insumos y a una desinversión marcada desde 2004.
La crisis de las empresas básicas de Guayana llegó a su clímax en el 2009 cuando la capacidad productiva y la conflictividad en las empresas amenazaban con paralizar la industria y generar un estallido social. Un modelo económico agotado, 200% de excedente en nómina, deficiente flujo de caja, confrontación sindical y crítica del buró oficial a las propuestas del Ejecutivo, hizo urgente reflotar la popularidad del Gobierno que en años precedentes había ensayado un modelo de cogestión que no rindió los frutos esperados.
En respuesta, el 21 de mayo de 2009 el presidente Hugo Chávez llegó a Guayana para atender el conflicto. Le bastó una cadena nacional, la nacionalización de 11 empresas estratégicas para enamorar a la dirigencia: “Yo me juego la vida con ustedes y sé que ustedes harán lo mismo, porque la clase obrera ha resucitado para hacer una revolución”, dijo el primer mandatario.
En aquel acto nació la idea de transitar hacia la transformación socialista de las empresas básicas y a través de mesas técnicas se redactó el Plan Guayana Socialista 2009-2019 como la “solución integral” al aprieto del extinto polo de desarrollo.
De las empresas briqueteras nacionalizadas en el área industrial, 2 están completamente paralizadas y el resto por debajo del 50% de su capacidad productiva.
Promesas de recuperación:
El plan contempló la politización de los centros de trabajo para generar la “conciencia revolucionaria” y la inversión de capital para garantizar la sobrevivencia de la industria hasta cerrar el 2009.
Mediante la comisión presidencial se entregaron 382,6 millones de bolívares y 122,4 millones de dólares para la industria a través del Fondo Conjunto Chino Venezolano, apenas 7% de lo necesario para reflotar a toda la industria.
Con el capital, administrado por los trabajadores, se pretendió resolver la “terapia intensiva” de las fábricas con la promesa de un nuevo desembolso que, hasta la fecha, no se ha concretado.
Debido a la crisis del Sistema Eléctrico Nacional, Guayana cargó 40% del recorte eléctrico nacional y profundizó la tendencia decreciente que mantenía el parque industrial: su capacidad ociosa alcanzó 80%.
La restricción energética aceleró la caída de la producción y tumbó aproximadamente 60% la producción de Sidor y de la industria del aluminio.
Las promesas de Sanz para recuperar las empresas, una vez superada la contingencia eléctrica, no se ha cumplido.
En el primer trimestre de 2010 las protestas resurgieron. Los integrantes del Plan Guayana criticaron que se continuara vendiendo a futuro a las transnacionales como Glencore y Noble bajo contratos leoninos.
Esto, sumado a la idea de tomar el control de la producción, detonó un nuevo episodio de conflictividad.
En marzo de 2010 sindicatos de todas las empresas se unieron para exigir la discusión de los contratos colectivos y las inversiones para Guayana. Ninguna de las dos demandas se resolvió. El Gobierno centró su estrategia en resolver un conflicto político subyacente generado por la confrontación entre dos grupos muy marcados dentro del partido: el equipo liderado por la dirección regional del buró, a la cabeza del gobernador Francisco Rangel Gómez, y el agrupado en torno al presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y titular de la cartera minera.
Improductivas y ahogadas:
Con la llegada de José Khan al Ministerio de Industrias Básicas y Minería, Mibam, se impulsó el cambio de los presidentes de la industria y en su lugar se colocaron a trabajadores y dirigentes del partido.
El ministro aplacó el conflicto con la promesa de construir un diálogo sincero con los empleados, “sin sectarismos”, y mejorar la producción con la derrota de la burocracia.
Desde mayo de 2010 hasta ahora las promesas de Khan no se han materializado. En consecuencia, un nuevo episodio de conflictividad se está reeditando en Guayana.
Aunque el Gobierno aprobó en abril del año pasado, un millardo de bolívares y 783 millones de dólares para un Plan Trienal de inversión, estos no han llegado a las empresas y apenas representa 33% de lo necesario, según informó Fernando Goyenechea, presidente de la Cámara de Industriales y Mineros de Guayana.
El endeudamiento con proveedores y empresas transformadoras ha cerrado 200 empresas dedicadas al área industrial, y las 120 restantes operan a 40% de su capacidad, dijo el industrial. El Mibam no ha respondido ni en lo económico y laboral a las demandas de Guayana. Cada empresa ha hecho lo posible, desde su débil flujo de caja, para recuperarse de los desmanes de la restricción energética.
CVG Alcasa y CVG Venalum, en toda su capacidad instalada, podrían producir más de 600.000 toneladas de aluminio, pero con la contingencia eléctrica y la falta de insumos y repuestos producen a 57% de esa capacidad.
El aluminio primario es fundamental para el mercado transformador que consume alrededor 800.000 toneladas del aluminio. Alcasa y Venalum satisfacen sólo 40% de ese requerimiento. Además, la única empresa que canceló sus compromisos con la venta a futuro fue Alcasa, mientras que el resto tiene elevados compromisos de producción que restringen la capacidad de respuesta al mercado transformador, en donde se encuentra la mayor ganancia.
El gerente general de operaciones, Alirio Jiménez, informó que CVG Venalum recuperará su capacidad instalada en un mínimo de dos a tres años.
Esto dependerá de que se garanticen los recursos e insumos para producir más de lo establecido.
La crisis operativa se incrementa con el déficit de recursos para adquirir las materias primas, insumos (fluoruro, coque, brea de alquitrán, magnesio) y repuestos. Si las empresas productoras de aluminio primario estuviesen a toda su capacidad, no habría suficiente materia prima como alúmina, que es fabricada por CVG Bauxilum, pues su producción también bajó por la desinversión.
Debido a la crisis, las empresas recurren a la importación de sus propios productos para satisfacer el mercado interno como por ejemplo bauxita, palanquillas y recientemente aluminio primario para aprovechar el cambio diferencial, dijo Elio Sayazo, presidente de Alcasa.
Conflicto en puertas De las 8 empresas nacionalizadas en el área industrial, 2 están completamente paralizadas y el resto produce por debajo del 50% de su capacidad productiva. Matesi, ahora Briqven, estuvo 2 años detenida y no fue sino hasta diciembre de 2010 cuando arrancó.
Orinoco Iron produce a 33% de su capacidad por déficit en el suministro de mineral de hierro por parte de Ferrominera del Orinoco que, según el presidente del sindicato de profesionales, Benjamín Moreno, produce 37% menos de lo que da su capacidad.
Sidor opera aproximadamente a 70% de sus posibilidades debido a contratiempos de materia prima, insumos y repuestos. Ferrominera, además, tiene completamente paralizadas la planta de pellas y briquetas desde hace algunos meses.
Como corolario, las protestas laborales revivieron otra vez y apuntan a una mayor conflictividad: los trabajadores piden discusión de la contratación colectiva, respeto a las mesas de control obrero y destitución del presidente de Venalum, Rada Gamluch.
Sindicalismo en jaque:
A la espera de una Corporación Socialista. Las altas deudas del Ejecutivo con los trabajadores de las empresas básicas hacen de Guayana un terreno fértil para la conflictividad. Por reclamar beneficios establecidos en el contrato colectivo, el secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, afronta un proceso judicial y está privado de libertad desde septiembre de 2009.
Otros 74 trabajadores entre ellos dirigentes sindicales tienen régimen de presentación o un expediente abierto en el Circuito Penal del estado Bolívar, por delitos asociados a la protesta.
A González se le acusa de agavillamiento, instigación a delinquir, violación de la zona de seguridad y restricción de la libertad al trabajo. En noviembre de 2010 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió la “libertad sin demora” y su indemnización por parte del Gobierno.
En promedio, las convenciones colectivas tienen entre dos y hasta cuatro años vencidas. Los presidentes de las empresas y el Mibam dijeron no estar autorizados a iniciar la negociación hasta tanto se integren las Corporaciones Socialistas.
Sólo entre CVG Alcasa y Ferrominera Orinoco los pasivos laborales superan los 2.000 millones de bolívares, según información de esos sindicatos. Los trabajadores, en el peor de los casos, no disfrutan de HCM, cestaticket y le descuentan de su salario beneficios que luego no son cancelados.
Por: CLAVEL RANGEL | CIUDAD GUAYANA
Política | Economia
EL NACIONAL
Gobernador Robert Bentley del Estado de Alabama de Estados Unidos de América
Bentley se suma a la campaña mundial
por la liberación de Peña Esclusa
Montgomery, 26 de enero.- El Gobernador del Estado de Alabama (Estados Unidos), Robert Bentley, envió hoy una carta al presidente Hugo Chávez, exigiendo la liberación inmediata del dirigente político venezolano, Alejandro Peña Esclusa.
En su carta a Chávez, el gobernador Bentley escribe: “Alejandro Peña Esclusa fue arrestado justo cuando estaba liderizando un equipo internacional de juristas en una investigación sobre crímenes contra la humanidad”.
Luego añade: “Estoy seguro de que usted está consciente de que la labor (de Peña Esclusa) en el campo de los derechos humanos es respetada y reconocida internacionalmente. Es justamente esa labor la que le ha ganado numerosos premios, reconocimientos y nombramientos en cargos directivos de organizaciones muy respetadas, cuyos objetivos son la promoción de la democracia y de los derechos humanos”.
Bentley finaliza su misiva a Chávez diciéndole: “Le solicito con urgencia que libere a este humanista y que le permita continuar tranquilamente con su labor en pro de la democracia y la prosperidad en la región”.
De esta forma, el Gobernador de Alabama se suma a la campaña mundial por la liberación de Peña Esclusa. La semana pasada, se pronunció la bancada opositora del Senado de Bolivia y el Vice Gobernador del Estado de Sao Paulo.
Las 181 familias que perdieron sus viviendas en Carapita con las lluvias viven en el galpón Van Raalte de La Yaguara entre aguas negras y mucha contaminación ambiental.
Las 181 familias que perdieron sus viviendas en Carapita con las lluvias viven en el galpón Van Raalte de La Yaguara entre aguas negras y mucha contaminación ambiental.
Once galpones no reúnen
condiciones para refugios
El nivel de las aguas negras aumenta cada día en el galpón Van Raalte de La Yaguara. Excrementos, zancudos y malos olores afectan a damnificados de los sectores Santa Ana, Terepaima y calle México de Carapita que perdieron sus casas en noviembre de 2010.
De los once galpones que estimaba reparar la Alcaldía de Libertador en La Yaguara y en el Km 1 de la vía hacia El Junquito para los damnificados, solo se acondiciona uno; en otro se paralizaron las obras y en el resto aún hay comerciantes. En esos espacios vivirían 300 familias que permanecen en sitios improvisados dentro de la Corporación de Servicios del Distrito Capital.
En Corporación del Distrito Capital 300 familias esperan por albergues adecuados.
El Estado reubicó a 181 familias (entre ellas 55 niños) en cubículos con paredes de yeso y petrocasas en la planta baja del galpón Van Raalte de la Av. Principal de La Yaguara. Allí conviven en una estructura “que debió derribarse hace diez años”, señala Julio Martínez, afectado de Carapita.
“Las tuberías están tapadas en el piso 1 y sótano del refugio Van Raalte. Ese edificio tiene problemas con una boca de visita que se desborda cada día, provoca la acumulación de olores putrefactos y la corrida de aguas negras por el estacionamiento hacia la principal de La Yaguara”, indica Martínez.
La semana pasada, seis personas que sufrieron infecciones y vómitos en el refugio fueron llevadas al Hospital Pérez Carreño. La falta de atención de las autoridades de Libertador generó la salida temporal del albergue Van Raalte de 25 familias hacia viviendas de amigos y familiares en Caracas para evitar la propagación de enfermedades.
Sonia García, afectada y vocera del consejo comunal Luchadores del Copita de Carapita, asegura que el galpón Van Raalte se fumigó, pero ante la acumulación de aguas negras -que generan gran contaminación- tapan los drenajes con bolsas negras que “intentan” evitar la llegada de mosquitos y mal olor. Martínez, por su parte, informa que los traslados se hicieron porque los afectados tenían fiebre, vómito y diarrea. “La comida llega descompuesta. Un niño de 15 años se intoxicó, ya está fuera de peligro”.
Mientras, García insta a la Corporación de Servicios del Distrito Capital a ayudar en el drenaje de aguas negras en un galpón donde vivirán más de 12 meses.
Entretanto, en la Zona Artesanal La Yaguara, Fundacaracas, institución de la Alcaldía de Libertador, está presionando para que se agilice el acondicionamiento del primer galpón para afectados, donde funcionó un depósito de pinturas, relata Yelitza Carvajal, vocera principal del consejo comunal Colinas de Loma Grande del Km 1 de El Junquito.
En el galpón 6 de la Zona Artesanal La Yaguara se construyen baños, cocina, lavaplatos y habitaciones para 32 familias que están en la Corporación del Distrito Capital. “Son 962 m2 que deben culminarse para iniciar labores en un segundo galpón. En ambos sitios vivirán afectados de otros sectores”, indica Silvino Díaz, vocero comunal de El Junquito.
En el kilómetro 1 de la vía hacia El Junquito los líderes comunales luchan para que se reubiquen a 15 familias afectadas de la comunidad. Inicialmente vivirán en esa zona afectados de Catia, Blandín, El Junquito y Cota 905.
Trabajadores de cristalerías, ventas de motos y depósitos aseguran que a algunos inquilinos y propietarios la Alcaldía de Libertador les dio plazo de seis meses para desalojar sus sitios de trabajo. “Otros dueños negociaron con la institución la entrega de repuestos y motos para no ser desalojados”, indica Jairo Morales, vecino.
Comerciantes ceden terreno:
Antonio Lilue Borras y Domingo Scire, socios y dueños de galpones en la Zona Artesanal de La Yaguara, donaron 43 mil Mt2 de terrenos de su propiedad al Consejo Comunal Colinas de Loma Grande del Km 1 de El Junquito, organización que deberá hacer gestiones con el Estado para construir viviendas para damnificados.
“Desde 2006 estamos ofreciendo estos espacios para viviendas. Hoy los donamos a afectados de La Yaguara para levantar viviendas dignas. En poco tiempo haremos la documentación legal para cederlo a la comunidad”, aseguró Lilue Borras.
En lote de terrenos está ubicado detrás del Instituto Universitario Politécnico Luis Caballero Mejías, en el Km 0 de El Junquito.
El terreno está valorado en Bs 15 millones. Son dos galpones y áreas abiertas donde se guardan camiones, repuestos y conviven chivos, ovejos, un cochino y varios perros junto a una familia que cuida el lugar desde hace 30 años.
Domingo Scire, socio minoritario del terreno y dueño de galpones en la Zona Artesanal, afirma que en esos espacios el Estado puede hacer edificios para los afectados. La familia que cuida el terreno denunció agresiones de vecinos para desalojarlos.
JORGE HERNÁNDEZ | EL UNIVERSAL
jueves 27 de enero de 2011 1
Desde hace una semana, Eloísa Álvarez pernocta en un pasillo frente a su apartamento, el cual está alquilado.
Desde hace una semana, Eloísa Álvarez pernocta en un pasillo frente a su apartamento, el cual está alquilado.
“Este apartamento es lo único
que tengo para mí y mis hijas”
Eloísa Álvarez lucha desde hace cuatro años por el desalojo de inquilinos. Sus inquilinos se amparan en la sentencia del TSJ que suspendió los desalojos, y dicen que “no nos sacan porque estamos protegidos por Chávez”. Ella y sus hijas, mientras, han tenido que vivir arrimadas.
En el 2002 Eloísa Álvarez decidió mudarse a casa de sus padres y alquilar su apartamento ubicado en Colinas de Bello Monte para poder tener un ingreso extra y mantener a sus dos hijas. Hoy se lamenta de esa decisión, pues desde hace cuatro años ha invertido en abogados para que los inquilinos salgan del apartamento, y a pesar que cuenta con dos órdenes de desalojo forzoso, no ha logrado recuperar su vivienda.
Hace siete días decidió instalarse en el pasillo que da entrada a su apartamento y dice que no se moverá de allí hasta recuperar lo que por ley es suyo. En un colchón inflable individual duerme con su hija mayor, se alimentan de lo que le llevan sus familiares y se asean en un lavamanos ubicado en la planta baja del edificio y con toallitas húmedas de bebé.
“Ellos se están amparando en la sentencia del TSJ que suspendió los desalojos de inquilinos, pero resulta que esa sentencia es del 16 de enero y la primera orden de desalojo forzoso salió en noviembre de 2010, y el 10 de enero, después del segundo intento de desalojo ellos firmaron un compromiso ante el juez de salir voluntariamente”, detalla Álvarez, quien inició la batalla legal por su propiedad en el 2007.
Sin pudor alguno, los inquilinos siguen haciendo vida dentro del apartamento de Álvarez. “Ellos salen en la mañana, como si nada, salen mirando hacia el piso, como si no estuviéramos ahí, además traen visitas”, relata llena de indignación la propietaria, quien recuerda que en un principio tuvo buena relación con los inquilinos. “Yo hasta le traía regalos a los niños”, recuerda.
Su hija mayor, Macarena Crespo, de 24 años de edad, lleva una semana ausente de su trabajo, al igual que su mamá. Su hermana menor, de 16 años, no las acompaña, pues en los últimos días ha sufrido crisis nerviosas ya que teme por la integridad física de su familia.
Un par de estampitas, una del Sagrado Corazón de Jesús y otra del Divino Niño, protegen a la madre y su hija, más allá del apoyo de los vecinos y de los familiares que acuden en hora de almuerzo o cuando salen del trabajo.
“Nosotras no tenemos miedo, los vecinos nos apoyan y ellos saben que nosotros hemos hecho todo por la vía legal. Aquí todo el mundo sabe que si nos pasa algo, ellos son los culpables”, afirmó Macarena.
En el edificio tan solo viven diez familias, nueve son propietarias y los únicos inquilinos son los del apartamento 51, el apartamento que Álvarez compró junto a su esposo hace 17 años.
“Hoy (ayer) trajeron a la policía, desde adentro gritaban que de ahí no los sacan, que ellos están protegidos por Chávez y que tienen una audiencia con él”, agregó Álvarez.
Pero ellas tampoco están dispuestas a irse, tanto que compraron unas cadenas y un par de candados por si la medida se llega a revertir y las intentan desalojar a ellas. “Este es mi derecho fundamental, este apartamento es lo único que tengo yo para mí y para mis hijas, es mi única vivienda”, dijo la afectada.
Actualmente, los inquilinos pagan 1.300 bolívares mensuales por el alquiler del apartamento de 152 metros cuadrados. Eloisa dice que ella debe cancelar 800 bolívares mensuales a la junta de condominio, así que ni siquiera está recibiendo una ganancia representativa del arrendamiento.
Para la propietaria, la medida dictada por el Tribunal Supremo de Justicia es inconstitucional y va en contra de los derechos de los propietarios. Recuerda que en los últimos cuatro años ha tenido que vivir en casa de familiares y amigos. “Un mes vivo aquí, un mes vivo allá, pero yo no puedo seguir así sabiendo que ese apartamento es mío y no lo puedo tener”, dice.
Su hermana, en un intento de hacer justicia, trata de conseguir el apoyo de más amigos de la familia a través de una cadena que envía por su teléfono celular. Su decepción crece a medida que pasan los días y al ver la desesperación de Eloisa. “Yo la veo cada vez más angustiada, cada vez está fumando más, todo eso nos está haciendo mucho daño”, dice Kira Álvarez, la hermana menor de Eloisa.
La familia confía en que algún día, lo más pronto posible, se haga justicia y puedan retornar a la tranquilidad de su vivienda.
Por: BEATRIZ CRUZ SALAZAR | EL UNIVERSAL
bcruz@eluniversal.com
jueves 27 de enero de 2011
SE TOPARON CON LA REALIDAD. Son varias las explicaciones que desde el propio caudillo hablachento hasta sus más serviles colaboradores han dado para “disimular” las realidades con las que se han encontrado en medio de la feroz improvisación asumida en la construcción de viviendas, luego del detonante de los damnificados alojados en refugios en sitios no apropiados. Ya no encuentra como echarle las culpas al capitalismo, la oligarquía y los pitiyanquis. Ayer hasta dijo que no era conveniente contar todo en televisión y que “debía cuidar su palabra”. Sin embargo a pesar de haber acusado a los promotores de viviendas de engañar a compradores y extorsionarlos, cobrar el IPC y pedirles dinero extra, para luego expropiarles o intervenir sus empresas, edificios y obras en construcción, pues “les voy a entregar las 10 mil viviendas sin terminar”, ya dijeron que será en dos años cuando se terminen. Y eso teniendo el cemento y la cabilla. Demorarán lo que los promotores dijeron. El caso de La Avileña, financiada por el Banco Federal, fue su bandera. Chávez, la fiscal y el ministro Molina prometieron entregarlas el pasado octubre. Le dieron Bs.5 mil millones y no están listas. Cuando el comandante anunció que este año haría 40 mil casas en Fuerte Tiuna reconoció que sería en el último trimestre del 2012 cuando estarían terminadas. El auto-contratista y mediocre en resultados en 3 ministerios, Farruco Sesto, también anunció que entregaría 80 mil casas este año. Ya recapituló y dijo que tardarían de 12 a 18 meses. El propio BCV señaló en su informe del tercer trimestre que de las 150 mil viviendas 58 mil estaban paralizadas. Privados construyen 75%. Del promedio de 39 mil solo 12 mil del Gobierno. Si de verdad fuera a construir a la velocidad que anuncia no hubiera montado la ley de emergencia y refugios. Prueba del engaño. Ayer le mostraron las demoras en gas, electricidad, agua y teléfonos, todos rojos. Ahora le toca al Banco Provincial al que irresponsablemente acusa en cadena nacional, no le deja defenderse y lo amenaza con expropiarlo. ¿Otra corrida? Pobre país pobre…
medio
MONTAJE SUICIDA. Detallo aquí lo que una buenísima fuente militar me cuenta pues revela solo una de las enormes irresponsabilidades presidenciales venezolanas. El general Rafael Oropeza fue ministro de Alimentación dos veces y he aquí el porqué. Fue el primer ministro de Alimentación de este Gobierno desde septiembre de 2004 cuando pasó allí desde la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas. “Un hombre extraordinario que comenzó recuperando a CASA, con experiencia en el área logística, honestidad a toda prueba y una gran capacidad gerencial” dijo Chávez al nombrarlo. Estuvo en el cargo hasta febrero de 2006 cuando lo reemplazó Erika Faría. Su primera salida obedeció a que se opuso a que se les compraran a los cubanos centrales azucareros obsoletos a $95 millones cada uno. Oropeza indagó en el mercado y cada central, nuevo, costaba $50 millones montados en Venezuela. (En esta columna lo contamos) Ante su negativa de convalidar este guiso con los cubiches, Chávez lo sustituyó con Erika Farías a quien le quedó grande el ministerio -hasta de corrupción la denunciaron en Aporrea- por lo que nuevamente Chávez tuvo que llamar a Oropeza el 25 de enero de 2007. Pero la luna de miel no duró mucho cuando los números en cuanto a popularidad de Chávez comenzaron a caer. Entonces al sabanetero se le ocurrió que tenía que armar una estrategia para mantener su popularidad y la idea fue estimular un ambiente de desabastecimiento alimentario. Dio la orden a Oropeza y al ministro le pareció una locura ya que intuyó que Chávez lo iba a culpar a él. La intención era acusar a la oposición, a los empresarios (Polar, Cargill y Monaca, entre otros) del desabastecimiento y emprender así un plan de expropiaciones para colocarse como un salvador. Oropeza se peleó con Chávez. Puso la renuncia (fue mentira que lo destituyó como dijo en cadena) y se fue al congelador que es donde lo tienen ahora. Chávez lo sustituyó con Félix Osorio, luego reemplazado por Carlos Osorio. Aquí queda desnudo lo maquiavélico que es el “hombre que más ama este pueblo, el heredero de Bolívar”.
BLÁ BLÁ ROJO. En el más reciente artículo del economista venezolano Moisés Naim en El País, de Madrid, se cita a Raúl Castro recordando que fueron los mismos cubanos quienes enseñaron a los vietnamitas a cultivar café hace varias décadas. Hoy ese país asiático es el segundo exportador de café del mundo y Cuba se ve obligada a importarlo desde tan lejos para poder consumirlo. La referencia viene al caso al recordar que Cuba fue en la década de los 80 también el primer exportador del mundo de azúcar, con 45% del total exportado a nivel mundial. Para finales del 2009, la isla del “Mar de la Felicidad” apenas exporta 2% de la producción total de azúcar en el mundo y por instrucciones del presidente Chávez (en un wikileaks un estadista lo llamó “Alí Blá Blá y sus cuarenta rojitos”) los supuestos técnicos cubanos son lo que en este Gobierno dirigen 10 centrales azucareros. La conclusión es obvia: hoy producimos menos caña y procesamos internamente menos azúcar que hace 10 años. Si no importamos no hay con que endulzar el cafecito, el cual, por lo demás, va por el mismo camino del café. De cero importaciones hoy estamos obligados a traer café de Brasil y Nicaragua para poder satisfacer el mercado interno. ¿Con qué argumentos podrán desmentir estas cifras?
bajo
GOLF. Las mentiras del caudillo no tienen límite. Lo del golf es insólito. De atacarlo y burlarse hasta de su pana Rafael Isea por jugarlo en Maracay pasa ahora a felicitar a ese gran venezolano Jhonattan Vegas por ser ganador en la PGA. Dice que los clubes de ricos tienen canchas al lado de los barrios. Sí. Y por eso los clubes y sus fundaciones como la Orellana, Blandin, Edugolf y otras más han apoyado a los caddies a los que les asignan el día lunes, cuando el club cierra, para que entrenen y se hagan profesionales como pasó con Ramón Muñoz. El padre de Vegas viene de El Güire, al lado del Valle Arriba, y jugó del 72 al 76 cuando se fue a Maturín. Los clubes les dan seguridad social, estudios, y ayudas familiares. He participado en esas premiaciones. Cuando las lluvias cerraron los campos los socios pagaron 10 días a los caddies. Ellos pueden ganar hasta Bs 2.500 mensualmente o mas. Y son cientos. De Monagas, Anzoátegui y Bolívar donde Atila arrasó con campos de golf semilleros.
